Hace unas semanas, se publicó la última norma del cuarto paquete reactivador del actual gobierno. Un dispositivo más para darle bríos a una economía que se queda sin aliento. La vocación de la norma es positiva: busca simplificar los trámites relativos a permisos ambientales y procedimientos expropiatorios en el marco de proyectos de inversión. Sin embargo, por más leyes que se promulguen, lo cierto es que no solo con normas se reactiva una economía.

El escritor ruso León Tolstoi decía que “es más fácil hacer leyes que gobernar”. Una frase perfectamente aplicable al Perú de hoy: no basta con promulgar tres o cuatro paquetes reactivadores, el gobierno debe demostrar una clara voluntad política para reactivar la economía.

Lo cierto es que dicha voluntad política debe pasar primordialmente por velar por el cumplimiento de las leyes existentes, antes que por crear nuevas normas, por más bien intencionadas que sean estas en querer utilizar las herramientas que la ley le otorga.

En esa línea, la declaración contemplada en el artículo 1 de la recientemente promulgada Ley N°30327 (21 de Mayo de 2015), en el sentido de que “…tiene como objeto promocionar las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible…” , aparece como letra muerta o poesía en el marco de la suspensión indefinida de otro proyecto de inversión más: Tía María.

Ciertamente se pueden discutir y condenar aspectos que rodean al proyecto, como los infames audios de Pepe Julio Gutiérrez, pero lo anterior no releva la constatación de que estamos ante un proyecto que habría cumplido con todos los requerimientos del Estado.

Como señaló recientemente Isabel Calle, directora del programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en una entrevista para el diario Gestión[1] en el marco del proyecto minero Tía María:

“No se pueden detener los proyectos si ya han seguido todo un proceso legal y son viables con instrumentos de gestión. De lo contrario se perdería la seguridad  jurídica”.

Más aún si, como señala la propia Calle, las objeciones de fondo al proyecto serían infundadas:

  • Con relación a la supuesta afectación a la población del Valle del Tambo, ha precisado que estamos ante una mina a tajo abierto y la población más cercana, Cocachacra, se encuentra a 7 kilómetros de distancia, por lo que las personas no sufrirían ningún tipo de impacto.
  • Con relación a la supuesta afectación a los cultivos, ha apuntado que la distancia a los campos es considerable, a la par que hay que “…tener en cuenta que el material chancado se almacenará en un depósito cerrado y la dirección del viento es opuesta al valle o algún centro poblado”.
  • Con relación a la restricción al uso del agua para la agricultura, ha señalado que la mina usará agua del mar (desalinizada) para el trabajo de explotación y operación, a la par que el Estado se ha comprometido a construir una represa.

El 15 de mayo, el presidente Ollanta Humala señaló en un mensaje a la nación que “Tía María no es un caso aislado. Los actos de hoy repercutirán en el modelo de desarrollo[2]”. ¿De cuál modelo estamos hablando, el de su primer programa de gobierno o de la supuesta Hoja de Ruta? Si queremos repartir a los más pobres, a través de mejor educación o salud, necesitamos generar ingresos. Caso contrario estamos dejando de ser competitivos, pues la solución fácil será incrementar más los impuestos a los formales, incentivando así a mirar a otros países con mejores condiciones de seguridad jurídica para las empresas y ciudadanos.


[1] Ver: http://gestion.pe/economia/tia-maria-cuales-son-sus-principales-criticas-y-alternativas-solucion-2131908

[2] http://elcomercio.pe/politica/opinion/discurso-medida-diana-seminario-noticia-1811956

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