El pasado lunes 2 de junio, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 0057-2013-PA/TC, donde declaró infundado el proceso de amparo interpuesto por la Sra. Rosalía Huatuco Huatuco, quien alegaba haber sufrido un despido arbitrario y solicitaba su reposición al puesto de secretaria judicial en la Corte Superior de Junín. Asimismo, y de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estableció como precedente vinculante que solo procederá la reposición laboral en la Administración Pública por desnaturalización de un “contrato temporal” o “contrato civil” cuando el demandante haya ingresado por concurso público de méritos a una plaza presupuestada y exista una vacante de duración indeterminada. ¿Cuál es el problema de fondo que intenta resolver la sentencia? ¿Este nuevo precedente realmente lo soluciona? Esto es lo que buscaremos analizar en el presente editorial.

Para empezar, debemos dejar en claro de dónde surge este precedente y cuáles son los fundamentos que se utilizaron. Al respecto, es necesario precisar que en el caso de la Sra. Huatuco no correspondía su reposición laboral, pues su contrato sujeto a modalidad nunca se llegó a desnaturalizar, ya que siempre trabajó en el plazo y los términos acordados. No obstante, el Tribunal Constitucional utilizó su caso para establecer pautas en esta materia e indicó que el derecho de acceso a la función pública tiene como sustento el principio de mérito, en tanto “el ingreso del personal con vínculo laboral indeterminado, en la Administración Pública, necesariamente ha de efectuarse a partir de criterios estrictamente meritocráticos, a través de concurso público y abierto”.

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Ahora bien, consideramos que la decisión realizada por el Tribunal tiene virtudes como defectos. Comenzando por los aspectos positivos, un asunto importante a resaltar es el hecho de que el Colegiado ha reconocido a través de esta sentencia a la meritocracia como principio consustancial a la función pública. Este punto es vital, toda vez que es necesario que nuestro país tenga un aparato estatal con personal calificado, para así maximizar la eficiencia en el Estado. De igual forma, otro buen aporte de este precedente es que se busca que el derecho se aplique a la realidad. Actualmente lo que suele ocurrir es que, cuando una sentencia ordena la reposición laboral, las posibilidades de que la persona sea repuesta son poco probables, ya que el Estado alega que no existe presupuesto suficiente para colocarla de nuevo en su puesto. Es así que el precedente reduciría la carga procesal que estos casos presentan, además de evitar que las sentencias no se puedan ejecutar.

No obstante, es importante también recalcar que existen dos tipos de cuestionamientos sobre el precedente: de forma y de fondo. En cuanto al primer punto, según el magistrado Blume – quien emitió voto singular- no se debió dictar un precedente, pues no se cumple con las premisas para hacerlo; es decir, (i) que exista jurisprudencia del TC en el mismo sentido y (ii) que el TC amplíe derechos mediante el precedente. Para el magistrado, no ocurre ninguno de estos supuestos en la medida que desde el 2002, la jurisprudencia del TC ha ido en la línea de reconocer la reposición en los despidos en la Administración Pública y no se está ampliando derechos. Asimismo, otro aspecto cuestionado dentro de este voto singular es la aplicación del precedente en los casos que hoy se encuentran en trámite, ya que se estaría vulnerando el derecho de los demandantes a un proceso pre establecido.

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Lo señalado en el párrafo anterior lleva, precisamente, al problema de fondo. Actualmente, nos encontramos con que gran parte del personal de la Administración Pública no ha ingresado a este sector por concurso público, lo que implica que en caso sean trabajadores a tiempo indeterminado y sean despedidos arbitrariamente, no van a poder ser repuestos. Es así que el precedente podría incentivar situaciones donde el Estado no realice concursos públicos y contrate bajo modalidad o plazo fijo a personas que deberían ser contratadas por contrato indeterminado, a fin de no reponerlas en caso se les despida arbitrariamente. A su vez, esta situación impone una mayor carga al trabajador, ya que por un error del Estado se está desprotegiendo al mismo. En otras palabras, si bien la medida intenta solucionar este problema imponiendo sanciones a las entidades que no contraten mediante concurso público, esto no es suficiente en tanto no soluciona el problema de fondo. En ese sentido, deberían plantearse medidas complementarias que lleven a una mayor fiscalización de la situación laboral de los trabajadores en el Estado, con la finalidad de que estos no se vean perjudicados. Por ello, el reciente precedente no representa una solución integral al problema.

Desde esta tribuna, saludamos que se reconozca la meritocracia como parte de la carrera del funcionario público y se intente responder al problema existente en los casos de reposición laboral. No obstante, dado que puede dar lugar a situaciones donde se responsabilice con mayor carga a quien está más desprotegido en una relación asimétrica como es la relación laboral, debemos estar atentos a las medidas complementarias que el Estado realice con el fin de solucionar verdaderamente el fondo del problema. Es necesario que se tomen las acciones pertinentes para no incentivar un sistema nocivo donde los principales pasivos los deba asumir el trabajador.

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