Enfoque Derecho entrevista a Abraham Siles, profesor de Derecho Constitucional en la PUCP, a propósito del estado de emergencia recientemente declarado en la provincia arequipeña de Islay.

ED: ¿Qué es un estado de emergencia? ¿Qué implicancias tiene?

AS: El estado de emergencia es una de las formas de régimen de excepción previstas en la Constitución, pues supone que haya una situación de anormalidad constitucional. En realidad, la exigencia para que pueda aplicarse el estado de emergencia es que haya una amenaza existencial contra el Estado. El artículo 137, inciso 1, de la Constitución estipula las causales, que son las siguientes: perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten  la vida de la Nación. En cualquiera de estas causales tiene que estar afectada la vida de la nación para que exista legitimidad constitucional en la proclamación del estado de emergencia.

El estado de emergencia supone una concentración del poder en el Ejecutivo, que tiene además la posibilidad de suspender ciertos derechos fundamentales: la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito en el territorio. En segundo término, el Presidente puede determinar que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en sustitución de la Policía.

ED: ¿Se debía declarar un estado de emergencia en la provincia de Islay?

AS: Yo pienso que no estábamos ante una situación de crisis extrema que requiriera la declaración de un estado de emergencia. Se dice que la Policía estaba desbordada, pero en realidad la exigencia para un estado de emergencia es que haya una amenaza existencial. Tiene que estar en juego la vida de la Nación. Esto no ocurría en el caso de Islay.

ED: ¿Se debió esperar a que se declare el estado de emergencia para permitir que las FF.AA. ingresen?

AS: El artículo 137, inciso 1, segundo párrafo, dice: “las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.” Y el 165 dice: “[las FF.AA] Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137.” Yo considero que la Constitución establece muy claramente que las Fuerzas Armadas solo pueden asumir el control del orden interno bajo régimen de excepción. La misma Constitución establece que la “finalidad fundamental” de la Policía es garantizar, mantener y restablecer el orden interno; mientras que la “finalidad primordial” de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. Solamente de manera excepcional se pueden encargar de tareas del orden interno.

Es verdad que existe legislación e incluso jurisprudencia del TC que permite esto. La sentencia 00002-2008-PI/TC tiene un importante voto disidente del magistrado Mesía Ramírez, el cual señala que no se puede aceptar la participación de las FF.AA. en tareas de control de orden interno sin estado de emergencia. El TC mencionó que se podría solo en unos supuestos: tráfico de drogas, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país. Después de la sentencia del TC, el Parlamento delegó potestades legislativas al ejecutivo, el cual publicó el Decreto Legislativo 1095 que incluso amplió los supuestos reconocidos por el TC, añadiendo la protección de servicios públicos esenciales y otros supuestos constitucionalmente justificados, incluyendo el supuesto de que sea previsible o exista peligro de que la Policía sea desbordada. Esta legislación de dudosa constitucionalidad permite que las Fuerzas Armadas participen en el control del orden interno sin proclamación del estado de emergencia.

ED: El estado de emergencia fue declarado por 60 días, ¿este plazo puede ser ampliado?

AS: La Constitución establece que el estado de emergencia se puede prorrogar únicamente con la expedición de un nuevo decreto. Yo creo que la lectura correcta de la extensión del plazo debe respetar la naturaleza excepcional de la institución. Es decir, no debería darse una renovación continua del estado de emergencia porque este tiene una naturaleza excepcional y de temporalidad, pero no hay legislación que precise esto.

ED: ¿Tiene alguna implicancia jurídica que en el decreto supremo que declara el estado de emergencia se señalen distritos inexistentes?

AS: Lo que resulta exigible es una indicación precisa del ámbito territorial del estado de emergencia. Aquí se dijo: la provincia de Islay, en Arequipa. Hay que entender que lo que está en estado de emergencia es la provincia de Islay, y la suspensión de derechos no se puede dar fuera de esta localidad.

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