Claudia Lovón, Directora de Enfoque Derecho, entrevista a César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional, sobre el precedente vinculante recaído en el Exp. 05057-2013-PA/TC.

CLB: El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) publicó la semana pasada un nuevo precedente vinculante. ¿Qué se establece en este?

CLA: En el caso Huatuco Huatuco, el TC establece como precedente vinculante en materia laboral del sector público que los procesos de reposición de empleados de este sector deben ser declarados improcedentes cuando se verifique que el demandante no ha ingresado por concurso público a una plaza presupuestada y no existe una vacante de duración indeterminada. En estos casos, el proceso se reconducirá a la vía ordinaria para que el demandante pueda solicitar la indemnización que le corresponda.

Este precedente supone un cambio en la jurisprudencia del TC. Anteriormente, el TC reconoció que las personas contratadas bajo modalidad de contrato temporal o por contratos civiles podían acudir a la reposición en caso existiera fraude a la ley en sus contratos y fueran despedidos arbitrariamente.

Ahora bien, este precedente se aplica a quienes no han sido incorporados por concurso público, de modo tal que se pone énfasis en que toda persona que ingrese a trabajar al Estado debe estar sujeta a este tipo de evaluación. Antes no existía esta distinción, se reconocía el derecho fundamental a no ser separado de la institución pública, ya sea si se había ingresado por concurso público o no, dada la primacía de la realidad, validada por el Tribunal Constitucional.

Si bien es razonable que los trabajadores del sector público ingresen a este sector por sus méritos acreditados en un concurso público; la responsabilidad y sanción por no haberse realizado un concurso público no debe recaer sobre ellos, sino más bien sobre el Estado que utiliza estas modalidades.

Desde el punto de vista constitucional laboral, es el principio de primacía de la realidad el que ha debido primar. Este precedente flexibiliza los despidos y convalida la forma como el Estado precariza el empleo.

CLB: ¿Cuáles son las razones que justifican este precedente?

CLA: La sentencia parte de una concepción bastante legalista y pareciera valorar en sobremanera que el ingreso al sector público debe realizarse única y exclusivamente en la forma prevista por la ley, lo cual es deseable; pero el manejo de austeridad pública ha llevado a que dentro de las instituciones estatales existan disposiciones normativas y presupuestarias, como la prohibición de nombramiento, que la propia autoridad estatal intenta evadir a través de formulas que no vayan en contra de leyes restrictivas en materia de nombramiento.

La sentencia interpreta de manera literal la norma. Nadie discute la prohibición que debe producirse cuando se deforma el régimen de ingresar a la función pública a través de modalidades de nombramiento que no pasan por concurso público.

Sin embargo, la labor del TC es interpretar la ley conforme a la Constitución y no la Constitución conforme a la ley. Una interpretación literal como esta desconoce la realidad laboral del empleo público y hace recaer la responsabilidad en el empleado, por más que se diga que se investigará a quien contrate de esa forma. Este precedente supone un giro, pues no combate el fraude a la ley del Estado, sino que facilita el abuso de derecho con el despido de estos empleados públicos.

CLB: Entonces, la reposición para trabajadores públicos solo procederá bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones?

CLA: El trabajador debe ingresar por concurso público, en una plaza presupuestada que tenga vacante indeterminada. Si se cumplen los tres requisitos, y existe un despido contrario a la ley o a la Constitución, se dará lugar a la reposición. Si por el contrario no se cumplen estos requisitos, solo habrá derecho a la indemnización. Cabe acotar que la discusión sobre si debería haber solo indemnización en caso de despido arbitrario ya había sido superada en sentencias anteriores en relación al sector privado (STC No. 206-2005-PA/TC).

CLB: ¿Se vulnera el derecho al trabajo con esta sentencia?

CLA: Este nuevo precedente debilita el derecho al trabajo de los trabajadores estatales que en esta condición demandan reposición, pues ahora solo podrán demandar su indemnización. El Estado debería ser garante de derechos laborales, más aún en su calidad de empleador. Por el contrario, este precedente convalida las prácticas estatales, donde la flexibilización y precarización de los contratos terminan siendo resueltos por el lado más débil, mediante la indemnización y la imposibilidad de demandar una reposición.

La paz laboral en nuestro país se ha logrado en la medida en que la jurisprudencia del TC ha podido llegar a un punto intermedio entre la estabilidad laboral absoluta (como mandaba la Constitución de 1979) y la flexibilidad laboral absoluta propia de una economía libre de mercado. Se ha llegado a este punto intermedio, ya que nuestro modelo es el de una economía social del mercado, donde hay responsabilidad social del empleador y un deber de fomentar empleos no precarios, así como existe un deber de garantizar un trabajo digno con estímulos a quienes produzcan.

Este precedente genera desprotección para los empleados públicos que están en esta condición, porque en el momento en que sean separados, no tendrán derecho a la reposición, protegida válidamente en el Protocolo de San Salvador, el cual el Perú está obligado a respetar. Además, a todos los procesos que están en trámite se les va a aplicar este precedente, en una suerte de aplicación retroactiva que recorta el derecho a la reposición para casos que se han iniciado con la jurisprudencia anterior.

CLB: ¿Se vulnera el principio de primacía a la realidad?

CLA: Yo creo que sí, es un principio que ha ido gestándose desde la formación del Estado de Bienestar dado que las relaciones entre el trabajador y el empleador son asimétricas y que, precisamente, una forma de nivelar la situación es mediante el reconocimiento en la jurisprudencia del principio de primacía de la realidad. Lo contrario es quedarnos en un modelo formalista de aplicación de la ley aun cuando se produzca abuso de derecho o fraude a la ley. La jurisprudencia hasta antes de este precedente se sentó en base al principio de primacía de la realidad.

CLB: ¿Está usted de acuerdo con este precedente?

CLA: No estoy de acuerdo con este precedente, supone un paso atrás en lo que ha sido este punto de consenso en materia de trabajo en nuestro país que ha pacificado de alguna forma los conflictos laborales. La jurisprudencia ha creado un equilibrio entre los derechos del empresario y los derechos del trabajador. Se produce un orificio que esperemos no genere situaciones que desalienten el consenso en materia de trabajo. Se debería repensar este tipo de sentencias sobre todo por sus consecuencias sociales, económicas y jurídicas para nuestro sistema constitucional.

55 COMENTARIOS

  1. Inaudito, comparto vuestra posición, el tc cree que vivimos en estado donde todo estq arreglado a ley, que inconsistencia!

    • ESTOY DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE HUATUCO, lo que Landa y los demás pretenden es desconocer la PRIMACÍA DE LA REALIDAD por el que el ingreso a los cargos públicos sin concurso público sino A DEDO se hace para favorecer a los militantes del partido gobernante, parientes, amigos, la que es la base de la corrupción como la ineptitud de sus acciones. También olvidan el DERECHO A LA IGUALDAD de todo ciudadano de acceder a un empleo público, pues quién no pertenece al partido gobernante, no es pariente o amigo del funcionario que realiza el reclutamiento de personal, simplemente no accede a un puesto en el estado.

  2. El Precedente Huatuco no es gratuito, ha sido emitido para parar las reincorporaciones en masa que el PJ estaba ordenando en favor de un montón de asesores y trabajadores del TC que fueron despedidos el año 2014 por este mismo colegiado. Esa es la verdadera justificación. ¿Conflicto de intereses?

    • ESTOY DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE HUATUCO, lo que Landa y los demás pretenden es desconocer la PRIMACÍA DE LA REALIDAD por el que el ingreso a los cargos públicos sin concurso público sino A DEDO se hace para favorecer a los militantes del partido gobernante, parientes, amigos, la que es la base de la corrupción como la ineptitud de sus acciones. También olvidan el DERECHO A LA IGUALDAD de todo ciudadano de acceder a un empleo público, pues quién no pertenece al partido gobernante, no es pariente o amigo del funcionario que realiza el reclutamiento de personal, simplemente no accede a un puesto en el estado.

  3. EL PRINCIPIO DE LA REALIDAD es que los trabajadores que ingresaron sin concurso publico, lo hicieron para ser favorecidos como trabajadores estables, eso es evidente y no quieren reconocer.

  4. SE AFECTABA EL DERECHO A LA IGUALDAD, pues quien tenía vara ingresaba sin concurso, los demás debían esperar un concurso. Esto tampoco se ha dicho

  5. Una precedente que afecta todos los derechos del trabajador, dejando sin opciones, y bulnerando todos los derechos, se sabe que en este país, a fin de precisamente evitar las contrataciones a través de concursos públicos, se ha creado los Servicios Personales y luego los contratos Administrativos, generando lo que se llama fraude a la Ley, de aquellos que prestamos servicios por años bajo esta modalidad, no porque se quiera mas bien por que no se deja opción, mas que a seguir laborando bajo cualquier condición. Tanto así que ahora para aquellos que justamente vienen laborando mas de 10 años bajo esta modalidad no podrán reclamar sus derechos que justamente fueron adquiridos a través del tiempo. Es un atropello e insulto a la dignidad de cualquier trabajador, al parecer lo mas fácil para el TC, poder descargar su carga procesal, por como Ud. dice no se miden las consecuencias que va acarrear a nivel social, económicas y Jurídicas.

  6. pues considero que, no es debilitamiento del principio de la realidad si no que, ha, sobresalido un principio nuevo y fundamental como elemento procedimental en una relación laboral el concurso, el cual fortalece la meritocracia

  7. Que pasa con los trabajadores que han ingresado sin concurso público antes del decreto legislativo 728, pueden ser también despedidos, por no haber ingresado por concurso público, que no era requisito

  8. El estado se contardice con su politica de inclusion, es más se contradice cuando publicia que el factor humano es sustancial en el desarrollo economico del pais, si desconoce este derecho pero buenos maestros tiene este gobierno, desdes fujmori hasta alan garcia que se ha venido burlando de los derechos laborales, el principio tuitivo laboral no es una creacion del estado es un principio de equilibrio en la relacion laboral estado y trabajo es iusnaturalistia.

  9. Los colaboradores en CAS y específicos temporales si han concursado pero no bajo el mismo rigor, Landa se no expone que hay una regulación constitucional laboral pública y q la 206-2005 tenía defectos como por ejemplo al permitir quebrantar el artículo 62 de la constitución nadie puede modificar un contrato y que la primacía de la realidad es solo aplicable a relaciones laborales ocultas y estos no eran el caso.

  10. Nada es absoluto. Respetó el criterio del Maestro. Solo dos preguntas que engloban mi criterio ¿cuanta gente ingreso de favor y luego paso a engrosar las planillas del Estado? Cuantos favores políticos se pagaron introduciendo me Planillas a contratados en Municipalidades al final de cada mandato?

  11. no estoy de acuerdo, no es justo que el estado haga lo que le da la gana y que vulnere nuestros derechos y que nadie pueda hacer nada, que pena cada vez estamos peor, muchos hemos ingresado a trabajar sin consurso pero eso era porque antes no habian concursos solo contrataban con ternas no es culpa nuestra que ellos nos hayan evaluado de esa manera, y muchos hemos trabajado mas de 10 años para que ahora nos salgan con esto, es inaudito, en todo caso creo que a quien deberian de sancionar es al estado no a nosotros, se esta violando los derechos laborales ademas no se supone que el Perú está obligado a respetar el derecho de reposicion que proteje el Protocolo de San Salvador??

  12. Los concurso públicos no garantizan que ingresen los mejores puesto que generalmente ya se sabe quien va ganar, puesto que se decide en una entrevista con criterios muy subjetivos quien va ganar la plaza.

  13. La sentencia del Tribunal Constitucional es evidentemente arbitraria y draconiana,
    Veo que los comentarios hacen referencia a los trabajadores del poder judicial,
    Los cuales no son los unicos que se encuentran dentro de los perjudicados, quien
    Piensa en los obreros que laboran en las municipalidades por ejemplo, a ellos
    Tambien les afecta, acaso ellos tienen que pasar por examenes para obtener un puesto de trabajo en dondesu remuneracion en muchos casos no supera la RMV, sumado al abuso de estas entidades, proximamente estaremos ante despidos masivos que se encubren en su apariencia legal gracias a este precedente, muchas familias con padres desempleados, y la delincuencia incrementandose, afectados toda la sociedad.

  14. este tipo de resoluciones me hacen pensar como es que se eligieron a estos magistrados a dedo por los congresistas entonces estos no han sido elegidos en base a sus méritos y capacidad y ni hablar de los congresistas es decir la forma como es que obtuvieron su curul, vía elecciones democráticas que a mi parecer no es perfecta pero es el mal menor. Lo que si se debe cambiar es la forma de elección de estos magistrados que sea por ¡¡concurso público!!

  15. Hace poco cerca de 20 años que por decreto de urgencia Fujimori prohibió los nombramientos y por ende los concursos públicos, la mayoría de la entidades han contratado por mucho tiempo sin concurso publico, entonces porque imponer este requisito para la reposición laboral, nada mas para poder despedir gente “legalmente”, mas aun con efecto retroactivo para las demanda de amparo que se encuentran en tramite, luz verde par los despidos arbitrarios. La indemnización es por un máximo de 12 sueldos, pero que hay de los beneficios laborares (vacaciones, escolaridad, aguinaldos, CTS) que dejados de percibir por tener un contrato civil o desnaturalizado. Ahora ya no es necesario debatir y aprobar una ley laboral, porque los precedentes vinculantes del TC tienen rango normativo, que todo juez debe acatar.

  16. Me da pena esta opinion porque tengo entendido que uno de mis contactos interpondra una accion de amparo contra esta sentencia violatoria a los derechos laborales asi tambien interpuso amparo contra los plenos laborales supremos

  17. ES UNA VERGUENZA, Y LOS OBREROS MUNICIPALES, COMO QUEDAN???, ADEMAS NO DISTINGUE, SOLO DICE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BASTA DE ATROPELLOS LABORALESSSSSSSSSSSSSS, CHIMBOTE NO ESTA DE ACUERDO, SE VULNERAN LOS DERECHOS AL TRABAJADOR

  18. Me parece preciso el precedente, en razón que solamente se ampara la reposición a los que han concursado y ganado públicamente; ya no habrá tanto trabajador en la administración pública que se reponga al que fue contratado bajo influencia política.

  19. Todos saben que los derechos laborales son progresivos, y que las normas no son retroactivas y por ende los precedentes tampoco, sin embargo, con la dación de éste Precedente Huatuco Huatuco, el TC ha sacado un as bajo la manga para evitar la reposición de toda la gente que despidió en el mismo TC, vulnerando el contenido escencial del derecho al trabajo, y muy descaradamente al derecho a la Protección adecuada contra el despido y haciendo regresivos los derechos laborales que el mismo TC en su anterior composición ha dado en los casos de Sentencia del Sindicato de trabajadores de Telefonica, Caso Eusebio Llanos Huasco (tipos de despido), Caso Baylon (Vías Procedimentales para la reposición).Peor aún , ha dispuesto que el precedente se aplica a los procesos en curso, es decir que hace retroactiva la aplicación del Precedente, entonces pues, este precedente sin precedentes como alguien ya lo dijo, es una carta abierta a las entidades públicas bajo el régimen laboral de la actividad privada a que tengan licencia para despedir a diestra y siniestra avasallando las demás normativa como la propia Constitución, el DLeg 728. tanto así que este precedente vulnera el propio principio de igualdad, ya que todos tenemos derecho al acceso al trabajo, y aquí se hace una distinción entre los trabajadores 728 de las empresas privadas frente a los trabajadores 728 de las entidades públicas.

    Por otro lado se minimiza y restringe el derecho de acción al limitar interponer un proceso de amparo para una reposición laboral y la interrogante es ¿Cómo será el caso de los trabajadores ya repuestos vía Amparo frente a un nuevo despido?, acaso bajo este apócrifo Precedente se deberá ir a un proceso laboral solo para una indemnización por despido arbitrario? o también impedirán accionar via Represión de actos lesivos homogéneos en el mismo Expediente del Amparo que los repuso?? Y así saltan cada interrogante que lleva a otra que el TC deberá de aclarar y establecer a fin de que los abogados litigantes engañen a los litigantes para vivir de los juicios de reposición dando esperanzas inertes de una reposición laboral limitada y enterrada por el propio TC, esto es la muerte de LLanos Huasco, Baylon Flores, Yolanda Lara Garay y los integrantes del SIndicato de trabajadores de Telefónica.

  20. esto de verdad es un atropello a la libertad y derecho al trabajo, que se han creido estos desgraciados que tienen el poder de dios de hacer lo que a ellos les de la gana, no miden los problemas las consecuencias que pueda ocurrir no se dan cuenta que se puede dar hasta la muerte, separaciones, conflictos emocionales,desesperacion, impotencia. creo que debemos salir a las calles a protestar en contra de estos abusivos y buracratas, porque no fiscalizan a los personajes del congreso a aquellos que no hacen nada por el pais, y que solo se prestan para robar al igual de los del tribunal

    • Queda claro amigos que este precedente es inconstitucional y legalista, no repara en que la reposición también forma parte del contenido esencial del derecho constitucional al trabajo, tal como lo sostuvo el magistrado Blume Fortini en su contundente voto singular; Pero las verdaderas motivaciones de esta sentencia, no radican en el afán de exigir el Mérito en la administración pública ni el deber constitucional de prevalecer el derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones. En puridad, radicaría al despido masivo de trabajadores del TC que efectuaron sus actuales magistrados en Agosto-2014 para imponer a sus nuevos asesores y auxiliares, al haber dispuesto el cese de 12 profesionales de esta entidad, luego de calificarlos unilateralmente como cargos de confianza en abierta contravención de la Ley Marco del Empleo Público (muchos de ellos tenían contratos a plazo indeterminado e incluso habían ingresado por concurso),Cabe señalar que dichos precedentes han sido adoptados por cinco de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (Oscar Urviola Hani, sobreviviente del anterior colegiado, quien durante los años precedentes ha suscrito innumerables sentencias a favor de la reposición en casos similares y que hoy ha variado de posición; Manuel Miranda Canales, ex vocal de la Corte Suprema de Justicia especialista en Derecho de Familia; Carlos Ramos Nuñez, académico en Historia del Derecho y sin experiencia previa conocida en resolución de casos como abogado litigante o magistrado; Marianella Ledesma Narvaez, catedrática en Derecho Civil y ex jueza suplente en dicha materia; y Eloy Espinoza-Saldaña Barrera, catedrático en Derecho Constitucional pero al igual que Ramos Nuñez sin experiencia previa conocida en resolución de casos como abogado litigante o magistrado). Los otros dos magistrados se negaron a suscribir la sentencia por distintos motivos: Ernesto Blume Fortini, catedrático en Derecho Constitucional y con experiencia como abogado litigante, emitió voto en contra estableciendo que los precedentes adoptados por el colegiado son inconstitucionales; mientras que José Luis Sardón de Taboada, catedrático en Derecho Constitucional y con experiencia como abogado litigante, también emitió voto en contra pero por considerar que la prohibición de reposición debe ser para todos los trabajadores públicos y privados pues la reposición laboral no tiene a su juicio sustento en la Constitución peruana. con todo lo descrito amigos es necesario que nosotros hagamos algo salgamos a las calles a fin de que este gobierno respecte nuestros derechos laborales, el TC ha señalado que se encuentra reconocido en el “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de los que el Estado peruano es parte”Esa afirmación, que pareciera una petición de principio, pues no hay cita alguna que la acompaña, estaría tratando de decir que se encuentra tal institución recogida en algún tratado internacional de derechos humanos. Hubiera sido adecuado que el TC cite a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 23.1.c) que todo ciudadano tiene derecho a “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Cabe resaltar que este es un derecho de participación política. lo que se viene va ser despidos masivos a nivel nacional deberíamos comunicar a todos los entes públicos a fin de que tribunal cambie de opinión y aclare

      • Queda claro amigos que este precedente es inconstitucional y legalista, no repara en que la reposición también forma parte del contenido esencial del derecho constitucional al trabajo, tal como lo sostuvo el magistrado Blume Fortini en su contundente voto singular; Pero las verdaderas motivaciones de esta sentencia, no radican en el afán de exigir el Mérito en la administración pública ni el deber constitucional de prevalecer el derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones. En puridad, radicaría al despido masivo de trabajadores del TC que efectuaron sus actuales magistrados en Agosto-2014 para imponer a sus nuevos asesores y auxiliares, al haber dispuesto el cese de 12 profesionales de esta entidad, luego de calificarlos unilateralmente como cargos de confianza en abierta contravención de la Ley Marco del Empleo Público (muchos de ellos tenían contratos a plazo indeterminado e incluso habían ingresado por concurso),Cabe señalar que dichos precedentes han sido adoptados por cinco de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (Oscar Urviola Hani, sobreviviente del anterior colegiado, quien durante los años precedentes ha suscrito innumerables sentencias a favor de la reposición en casos similares y que hoy ha variado de posición; Manuel Miranda Canales, ex vocal de la Corte Suprema de Justicia especialista en Derecho de Familia; Carlos Ramos Nuñez, académico en Historia del Derecho y sin experiencia previa conocida en resolución de casos como abogado litigante o magistrado; Marianella Ledesma Narvaez, catedrática en Derecho Civil y ex jueza suplente en dicha materia; y Eloy Espinoza-Saldaña Barrera, catedrático en Derecho Constitucional pero al igual que Ramos Nuñez sin experiencia previa conocida en resolución de casos como abogado litigante o magistrado). Los otros dos magistrados se negaron a suscribir la sentencia por distintos motivos: Ernesto Blume Fortini, catedrático en Derecho Constitucional y con experiencia como abogado litigante, emitió voto en contra estableciendo que los precedentes adoptados por el colegiado son inconstitucionales; mientras que José Luis Sardón de Taboada, catedrático en Derecho Constitucional y con experiencia como abogado litigante, también emitió voto en contra pero por considerar que la prohibición de reposición debe ser para todos los trabajadores públicos y privados pues la reposición laboral no tiene a su juicio sustento en la Constitución peruana. con todo lo descrito amigos es necesario que nosotros hagamos algo salgamos a las calles a fin de que este gobierno respecte nuestros derechos laborales, el TC ha señalado que se encuentra reconocido en el “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de los que el Estado peruano es parte”Esa afirmación, que pareciera una petición de principio, pues no hay cita alguna que la acompaña, estaría tratando de decir que se encuentra tal institución recogida en algún tratado internacional de derechos humanos. Hubiera sido adecuado que el TC cite a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 23.1.c) que todo ciudadano tiene derecho a “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Cabe resaltar que este es un derecho de participación política. lo que se viene va ser despidos masivos a nivel nacional deberíamos comunicar a todos los entes públicos a fin de que tribunal cambie de opinión y aclare

  21. Me parece injusto, Si uno busca justicia se tiene que encontrar por igual tanto en sector Público como en Privado, no puede existir tal discriminación. Con esta sentencia Vinculante, sector Publico estaría autorizado a realizar todo tipo de abusos laborales, sin que el trabajador no tenga como reclamar sus derechos tal como indica en el decreto Legislativo 728. Lamentable, pero que podemos hacer estamos en el Perú, donde no se encuentra Justicia, si no esperar suerte, según criterio de nuestros magistrados.

  22. Me parece bien que se regule los nombramientos, ya que se nombra cualquiera sin determinarse verdaderos méritos, ademas las instituciones publicas están llenas de nombrados ociosos que lo único que están esperando es su sueldo del mes y se olvidan del servicio a los administrados y los puestos siguen ocupándose no dejando espacios para personas capaces y con verdadero deseo de trabajar.

    • Lamentablemente el algunos puntos tienes razon.. pero hay trabajadores que si merecen trabajar…. de igual forma hay varios trabajadores que entramos bajo concurso publico.. de igual forma no se podra pedir reposicion por no esta presupuesta la plaza ya que es un contrato modal determinado…. En cambio considero que los puestos a favores de igual encontraran una forma de ingresar… el fondo es que el TC vulnera derecho de todos. SI algun dia postulas a una plaza bajo concurso publico y te despidan arbitrariamente entedenras.

  23. ese ollanta humala es un hijo de p*ta, a ver que a su mujer la pongan a trabajar en modalidad locador, cas, otros. es demigrante saber que gente talentosa se vea afectado por esta jurisprudencia. mientras que gente inecta incopentente este ocupando grandes cargos, carajo hagamos una marcha y si es posible matemos a ollanta y a su mujer

  24. Nadie Puede estar por encima de la ley Suprema que es la Constitución, mas aun si prenden que este precedente vinculante se aplique retroactivamente. y para colmo uno de los miembros del TC ha emitido sentencia que ahora al estar como miembro del TC puede ratificarla lo que lo convierte en INCONSTITUCIONAL. Tampoco puedo negar que en los gobiernos regionales y locales las autoridades colocan su gente. pero por ello no deben ser perjudicados el resto de trabajadores. Por ejemplo yo entre a laboral como CAS (por que no habían concurso para nombramiento) pero fui evaluado tanto en currículos, prueba de conocimientos, entrevista personal y psicológica (todos estos requisitos son los mismos que para un concurso de nombramiento) y si ha esto le agregas la capacitación y la experiencia adquirida durante los años que labore haciendo actividades operativas de la institución. Se me despidió sin razón alguna en diciembre del 2013. y contrataron a otra persona pagándole casi 50% mas de lo que ganaba. En marzo sale la sentencia a mi favor resolviendo DESPIDO INCAUSADO Y DESNATURALIZACION DE LOS CONTRATOS, pero como apelaron no he podido ser reincorporado y ahora con este nuevo precedente me veo afectado no solo por el tiempo del proceso judicial sino también los costos judiciales y si como dicen hay que reformular la demanda pidiendo solo indemnización, quien me devuelve a mi lo invertido mas aun si he sido declarado GANADOR.

  25. AHORA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE LE OCURRIO ELIMINAR LA REINCORPORACION DE SERVIDORES PUBLICOS, AVALA EL FRAUDE EN LA CONTRATACION LABORAL, SUSTITUYE LA MEDIDA RESTITUTORIA POR LA RESARCITORIA, EL T.C. ES RESPONSABLE DE LA PRECARIZACION DEL DERECHO LABORAL, SE NOTO CUANDO SIN FUNDAMENTO VALIDO DECLARO CONSTITUCIONAL EL REGIMEN CAS y EL REGIMEN SEL SERVICIO CIVIL.
    QUEDA EN MANOS DE LOS MAGISTRADOS INAPLICAR ESTE PRECEDENTE VINCULANTE POR SER INCONSTITUCIONAL, LA OIT DEBE PRONUNCIARSE RESPECTO A ESTE PRECEDENTE QUE VACIA DE CONTENIDO EL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO

  26. Es lamentable la posición de estos magistrados, deberíamos unirnos todos los trabajadores, ya que esto afecta a todos (incluido 728 y D. L 276), ya que se está viendo resoluciones que están dejando sin efecto las medidas cautelaes, y las propias entidades ya están solicitando en función a éste precedente, se cometa arbitrariades contra los trabajadores. Son muchas familias las que se verán perjudicadas, hagamos algo.

  27. Daddy. si se analiza este precedente viculante del T.C solo es para los procesos de amparo respecto de reincorporacion a la entidad donde se labora, mas no pudiendo ser para un proceso ordinario de incorporacion al regimen laboral publico del decreto Legislativo 728, por desnaturalizacion de contrato tal como el tribunal constitucional mediante jurisprudencia lo cita.

  28. porque no explican que este precedente tan solo es para trabajadores de al administraccion publia que estan bajo el regimen de la actividad privada (D. Leg.. 728)

  29. NECESITO SAVER RESPECTO A UN DESPIDO A UN DICAPACITADO COMO QUEDAMOS LOS DISCAPACITADO QUE EMOS SIDO DESPEDIDODS INJUSTAMENTE YO TENGO 7 AÑOS DE SERVICIO Y ME DESPIDIERON EL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE HAY PLAZA VACANTE .

  30. yo considero que en la sentencia emitida por el tribunal constitucional existen vicios formales y mas aun sustanciales debido a que atentan contra los derechos laborales, asimismo atentan contra la vida del ser humano; yo considero que no se debería aplicar, los señores jueces del poder Judicial deberían hacer un control difuso.

  31. No solo son los que entraron sin concurso publico… los que entramos con concurso publico donde quedamos? es obvio que nuestra plaza no esta presupuestada por que se entra bajo un contrato modal.. y se demuestra el fraude en el contrato por simulacion de contrato indeterminado por funcion continua… esto ante un juez… esto tampoco seria reposicion segun el TC…? creo que hay un interes en el fondo… Recuerden que dice el TC concurso publico Y plaza vacante… no dice “o”

  32. Esta sentencia dictada por el TC, divulga claramente el carácter reaccionario y anti laboral del Estado Nacional, que como señala el Dr. Landa, precariza el empleo público en el Perú. Con esta sentencia los Municipios, Gobiernos Regionales, Ministerios y entidades del Estado en general, quedan habilitados para despedir a todos sus trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada (D. Leg. N° 728), que habiendo sido repuestos judicialmente, sea con uno, dos o más años de antigüedad, como no ingresaron por concurso y probablemente en su oportunidad su plaza no estuvo vacante ni presupuestada, podrán ser despedidos irremediablemente y no podrán invocar el hecho de haber sido repuestos anteriormente, ya que la condición es el concurso; es decir, este precedente es tan nefasto para los interese de los trabajadores del Estado tramposo del Perú, que debiera haber algún organismo, sea público o privado, que lo enjuicie por ante los Tribunales Supranacionales, por violatorio de de la Ley, la Constitución y los Tratados Internacionales, como el Protocolo Adicional de San Salvador, para que obligue a esta mal Colegiado a que corrija su yerro y reponga el derecho de los trabajadores, caso contrario, próximamente estaremos enfrentando los despidos masivos de los trabajadores y el empobrecimiento extremo de sus familias, con todas las consecuencia que ello significa. ¡¡¡¡QUE DIOS NOS PROTEJA DE QUIEN LA CONSTITUCIÓN LE DIO LA MISIÓN DE PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PERUANOS!!!!

  33. ¿Deben o no los jueces aplicar este precedente en los procesos que conozcan ahora o más adelante? Mi opinión es que no, (i) porque se contrapone al derecho a un trabajo en el que no se limite el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador, así como a una protección adecuada contra el despido arbitrario en los términos definidos por los artículos 23 y 27 de la Constitución y el artículo 7 del PSS; (ii) porque discrimina inconstitucionalmente a los trabajadores del sector público sujetos al régimen laboral privado respecto de sus pares en el sector privado; (iii) porque se opone al derecho a la protección judicial consagrado en artículo 25.1 de la CADH; (iv) porque deriva los procesos de Amparo tramitados actualmente a jueces y procedimientos que no estaban predeterminados legalmente desconociendo el artículo 139.3 de la Constitución según el cual “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos (…)”; y (v) porque, en vez de desincentivarse los despidos arbitrarios en el Sector Público, se estimula la violación impune de los derechos constitucionales de los trabajadores implicados, validando y pretendiendo hacer irreversibles tales despidos.

  34. ESTA SENTENCIA NO SE JUSTIFICA, NO SOLO VIOLA LOS MAS BASICOS PRINCIPIOS LABORALES Y CONSTITUCIONALES SINO QUE AVASALLA SU PROPIA JURISPRUDENCIA INSTITUCIONAL… ES UNA VERDADERA VERGUENZA Y UN PELIGRO….

  35. YO ESTOY VIVIENDO EN CARNE PROPIA ESTE ABUSO Y MALTRATO ME ACABAN DE DESPEDIR 10 JULIO 2015 DE MI TRABAJO LO CUAL VENIA TRABAJANDO POR MAS DE SEIS AÑOS SIN NINGUNA EXPLICACION MI EMPLEADOR ME DICE ESTAS DESPEDIDA ASI QUE BUSCA OTRO TRABAJO . NUNCA RECIBI NINGUN BENEFICIO SOCIAL NI VACIONES NADA DE NADA. NI NUNCA NINGUN AUMENTO DURANTE MAS DE 6 AÑOS. SIN EMBARJO TENIA REPONSABILIDADES MISMA QUE UN NOMBRADO YO ERA SERVICIOS NO PERSONALES Y CUANDO LE PEDIA AUMENTO SIEMPRE ME PASEABA….

  36. LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTAN VULNERANDO LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR, EN QUE PAIS VIVIMOS DONDE SOLO NOS ATROPELLAN, NO ES CULPA NUESTRA, NO TIENEN QUE IR CONTRA NOSOTROS SOLO SOMOS TRABAJADORES, SOMOS MALTRATADOS, PERO PARECE Q A NADIE LE IMPORTA ESTO.

    • ESTOY DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE HUATUCO, lo que Landa y los demás pretenden es desconocer la PRIMACÍA DE LA REALIDAD por el que el ingreso a los cargos públicos sin concurso público sino A DEDO se hace para favorecer a los militantes del partido gobernante, parientes, amigos, la que es la base de la corrupción como la ineptitud de sus acciones. También olvidan el DERECHO A LA IGUALDAD de todo ciudadano de acceder a un empleo público, pues quién no pertenece al partido gobernante, no es pariente o amigo del funcionario que realiza el reclutamiento de personal, simplemente no accede a un puesto en el estado.

  37. NO HAY IGUALDAD ENTRE QUIEN FUE NOMBRADO A DEDO A CARGO PUBLICO, RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE NO PUDIERON INGRESAR POR NO TENER QUIEN LOS CONTRATE, pues existe diferencia entre el trabajador privado, que ingresa al puesto porque el empleador privado busca obtener beneficios de su trabajo, mientras que el funcionario público en su mayoría busca acomodar a los miembros de su partido, parientes y amigos, por eso no convoca a concurso, sino los realiza A DEDO.

  38. Que, el artículo 15 del Decreto Legislativo 276 dispone:

    “La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los servicios que por su propia naturaleza sean de carácter accidental o temporal.”.

    La Ley 24041, trasgreden el derecho a la igualdad contenido en el inciso 2) del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, al concederle beneficios a las personas que han ingresado a laborar merced a un contrato por disposición de un funcionario público; con lo cual se estaría vulnerando el derecho de las demás personas que en igual o mejor condición tendrían derecho a acceder a dicho cargo publico y no lo podrían hacer por no haber sido beneficiados con un mero contrato por un año.

    Que, debe aplicarse en esta parte el control difuso de la constitución, debiendo disponerse que lo dicho por la ley en el sentido “el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa”, se tendrá que disponer que se llame a concurso público o proceso de selección dicha plaza o puesto público, para ser cubierto como personal contratado; y, así deberá procederse en similares demandas, garantizando el ingreso a un puesto publico en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

    Que, se ha dictado la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público en la cual merecen citarse los principio 7 y 8 que dicen:

    “Principio de mérito y capacidad.- El ingreso, la permanencia y las mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y ascensos en el empleo público se fundamentan en el mérito y capacidad de los postulantes y del personal de la administración pública. Para los ascensos se considera además el tiempo de servicio.“
    “Principios de Derecho Laboral.- Rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. En la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales, se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio”.

    Que, también, han sido tratados por el Tribunal Constitucional en el Expediente 008-2005-PI-TC diciendo:

    “La igualdad de oportunidades
    22. Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral. En puridad, plantea la plasmación de la isonomia en el trato previsto implícitamente en el inciso 2) del artículo 2 de la Constitución; el cual específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley.
    Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral
    23. Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo. Tal como se ha precisado anteriormente, la isonomia entre las personas se manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la igualdad de trato (en este caso aplicable al ámbito de las actividades laborales). La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al momento de legislar o de impartir justicia.

    Al respecto, el artículo 103 de la Constitución compromete al Estado a no dictar leyes por razón de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a dicho ente no apartarse de sus precedentes judiciales, salvo que existan razones justificadas para ello; y el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, prescribe que el Tribunal Constitucional sólo podrá apartarse de sus precedentes vinculantes cuando exprese los fundamentos de hecho y derecho que sustenten la sentencia y las razones del apartamiento del precedente jurisprudencial.

    La igualdad de oportunidades -en estricto, igualdad de trato- obliga a que la conducta ya sea del Estado o los particulares, en relación a las actividades laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria. En ese sentido, la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo de la especie), o cuando se vulnera la claúsula de no discriminación prevista por la Constitución. Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y discriminación. Madrid, Tecnos, 1986, p. 47) exponen que para establecer si una conducta en una empresa es discriminatoria o una diferenciación es razonable, es necesario precisar cuándo dos situaciones reales son equiparables y cuándo sus similitudes predominan sobre sus diferencias.

    los cuales guardan correspondencia con lo expresado antes.

    El ingreso a la administración pública debe ser previo concurso público

    El ingreso a las entidades públicas en general, debe ser realizado mediante concurso público, al que deben someterse los que pretendan laborar en estas, bajo cualquier forma o modalidad, pues la Ley 28175,( Ley Marco del Empleo Público), ha ubicado al merito y capacidad como uno de los principios que rigen el acceso al empleo público (articulo IV.4 Titulo Preliminar), en virtud del cual “el ingreso la permanencia y las mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y de ascenso en el empleo público se fundamentan en el merito y capacidad de los postulantes y personal de la administración pública”; conforme se desarrolla en los Artículos 4.2, 5 y 9 de la citada Ley

    Es de aplicación el control difuso de la constitución, debiendo disponerse que se llame a concurso público o proceso de selección dicha plaza o puesto público; y, así deberá procederse en similares demandas, garantizando el ingreso a un puesto publico en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos peruanos.

    Que, la Constitución Política del Estado (inciso 2) del articulo 2), así como en los convenios y tratados internacionales suscritos por el Perú, estatuyen la igualdad y no discriminación, como la base de todo estado democrático; de manera que en la administración pública se dispone, que para ser proveedor de bienes y servicios del Estado, debe accederse en igualdad de oportunidades para todos, a través de una convocatoria pública y abierta.

    Que, también con el concurso o proceso de selección se salvaguarda la óptima utilización de los recursos públicos, pues existiendo gran desempleo de personas incluso con educación superior, cualquier puesto publico desde el más humilde, si es puesto en concurso público, será cubierto por personal con un buen nivel educativo y con ello mejorará la calidad de los servidores públicos. Ello no sucede, cuando se contrata directamente buscando beneficiar a particulares sin importar si ello redunda en mejora del servicio público.

    Que, el artículo 76 de la Constitución Política ordena “La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades”.

    Que, el artículo 16 de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dispone: “El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza, de consultoría y arrendamientos, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto”.

    Que, respecto de las contrataciones temporales realizadas bajo el marco del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, se busca aplicar el articulo 1 de la Ley 24041, para quienes al tener un año de prestación de servicios adquieren estabilidad relativa pues no pueden ser separados sino por las causales establecidas en el Decreto Legislativo N° 276, afectando con ello el derecho de todo ciudadano de acceder al empleo público en igualdad de oportunidades; de modo que las personas y grupos que ostentan el poder en una institución pública hacen ingresar a sus partidarios, amigos y parientes, para que estos después de transcurrido un año de labores, exijan y alcancen la estabilidad relativa que beneficia sus derechos individuales, en detrimento de la colectividad; fenómeno, que a la larga es causante no solamente de la inmoralidad en la gestión pública, sino de la ineptitud de la burocracia.

    Pleno Jurisdiccional que trata sobre aplicación de la Ley 24041

    El Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, Familia , Constitucional y Contencioso Administrativo, del 18, 20, 27, 28 de setiembre, 2, 15 y 25 de octubre del 2007 realizado en Arequipa, acordo:

    6. “EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR PÚBLICO: EL REQUISITO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA GOZARLO”
    EL PROBLEMA: Determinar si el goce del derecho a la estabilidad en el trabajo requiere que el trabajador haya ingresado a laborar al Estado por concurso público; si tenemos en cuenta que existen trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y Ley N° 24041, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 y el régimen del Código Civil por servicios no personales.

    CONCLUSIÓN: POR MAYORIA
    Tienen derecho a la estabilidad laboral, sólo los trabajadores que se encuentran en la carrera administrativa; por que han ingresado por concurso público, ya sea como nombrados o previa evaluación al haber transcurrido 3 años de contratados (Constitución: art. 40; D.Leg.276: arts.1, 2 y 15; Ley 24041; Art.1; D.S. 005-90-PCM: art. 28; Ley marco del empleo público: art. IV, 5 y 9 de la Ley 28175).“

    Distinción entre la contratación laboral pública y privada

    En la actividad privada, son los dueños o sus representantes quienes contratan a los trabajadores, teniendo en cuenta que han de obtener provecho de ello; mientras que en la administración pública, los funcionarios muchas veces lo realizan para favorecer a determinada persona con un empleo público, independiente de si el Estado obtenga o no beneficio, por lo cual la norma ha señalado que debe realizarse mediante concurso público para garantizar la idoneidad y moralidad de la contratación pública de personal.
    Por ello, la naturaleza del derecho que ambos deben tener, debe ser distinto; la Ley 24041, es razonable para una relación de carácter privado, donde el dueño de la empresa ha tenido la oportunidad de escoger al trabajador que le era provechoso, no así en el empleo del Estado, si antes no ha habido un concurso público, pues generalmente los funcionarios escogen por intereses personales, politicos etc. independiente del beneficio a la labor pública que se pueda obtener.
    Finalmente, no hay diferencia entre quien ha ingresado a la administración pública mediante concurso público de nombramiento y un contratado que debe permanecer indefinidamente al amparo de la Ley 24041, pues ambos solo pueden ser despedidos previo proceso disciplinario administrativo. La única diferencia será, que mientras unos se llaman “nombrado”, los otros son “contratado”, lo que no es justo.

  39. He leido casi todos los comentarios, y para no redundar en ellos solo puedo decir en resumen:
    -Que este Tribunal Constitucional, es la peor verguenza para todos los abogados, los cuales en nuestra formacion nos enseñaron a respetar la constitucion sobre todas las cosas.
    -El problema no es el respeto a la funcion publica de ingreso por concurso, señores, aca en nuestro pais, existian dos regimenes laborales de contratacion: Publico y Privado; por ende ESTAMOS FRENTE A CONTRATOS NACIDOS POR LEY, SE TRATA DEL RESPETO A UN CONTRATO NACIDO DE UNA LEY, el mismo que tiene que respetarce.
    -Los contratos modales tienes su razon de ser, y las entidades publicas se someten al imperio del DL 728, si ellos cometen abusos en la contratación, no debe ser el trabajador el desprotegido.
    – Este precedente NO SOLO ES INCONSTITUCIONAL, al carecer de fundamentación, SI NO QUE VA EN CONTRA DE LA MISMA CONSTITUCIÓN, AL APLICAR DE FORMA RETROACTIVA, UN PRECEDENTE VINCULANTE, NI LAS LEYES SEÑORES, ASI LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN….

    EL TEMA ES ¿ESTO SE VA A QUEDAR ASI? QUE DEBEMOS HACER? QUE PODEMOS HACER? PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA SENTENCIA, SI EL TC ES LA MAXIMA INSTANCIA.????????…

    POR FAVOR QUE HACEMOS?

  40. 3 2 1 los vagos protestando devuelvanme mi vacante quiero se sedentario estatal. muy bueno el precedente vinculante que se quede la gente que en verdad se tiene que quedar los de mas pa la calle!

    • No cabe duda que el precedente Huatuco es una aberración jurídica porque arrasa con una serie de Principios Laborales de naturaleza constitucional y contraria la propia jurisprudencia del TC en materia de derechos fundamentales de naturaleza laboral.

      Dicho precedente ha provocado el incendio de bibliotecas enteras en materia de derecho laboral que existen en todas las facultades de Derecho de las universidades de todo el planeta.

      Es fácil hablar como lo hace José, quien seguramente por no tener formación profesional y sin ningún reparo y respeto se permite ofender a miles de trabajadores que prestan servicios al Estado y que tienen familias a quien mantener. Claro está no está en lugar de estos últimos.

      Los que nos ponemos del lado del extremo más débil de la relación laboral sabemos que el contrato de trabajo es un contrato REALIDAD por cuanto se determina por la forma y condiciones como se lleva a cabo la prestación de sus servicios y no por lo que se señala en contratos de locación de servicios, contrato este que como sabemos siempre es utilizado por el gran empleador (Estado) para encubrir relaciones que en la práctica son de naturaleza laboral, por ello, como nos ensañan en la universidad, es ineludible la aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad, principio que según sabemos y el propio TC, como lo ha señalado en innumerables sentencias, está ínsito en el ordenamiento constitucional y no existe modo de evadir su aplicación a casos de encubrimiento de relaciones de trabajo.

      No es posible entonces desconocérles su derecho a que se le trate como trabajadores y no como locadores de servicios, negándoles el derecho a ser incorporados a la planilla de la entidad que los admitió por un acto consensual y que se les pague sus beneficios sociales. En tal sentido, nos preguntamos ¿Se le puede imputar responsabilidad al trabajador de haber prestado sus servicios cuando estos los prestó porque la entidad estatal de motu propio lo admitió y se aprovechó de la prestación de sus servicios por muchos años? ¿No es acaso esto inconstitucional y lesivo a la dignidad del trabajador que como persona humana es considerada por la propia Constitución Política en su Artículo 1°, como el fin supremo de la sociedad y del Estado?

  41. Como se comprobará de la lectura de diversas sentencias emitidas en Vista de Causa por la Tercera, así como por la Cuarta Sala Laboral, el Poder Judicial está aplicando el distinguish, en los casos y ámbitos en donde sus reglas no aplicarían (y al decir aplicarían, es porque formalmente el precedente es inconstitucional), tal es así que se están emitiendo sentencias que establecen claramente situaciones exceptuadas (Empresas del Estado y obreros municipales), en vista que la Constitución del Estado excluye a los trabajadores de las Empresas del Estado de la Carrera Administrativa y la Función Pública de manera explicita, a través de las normas especiales que la rigen, así como mediante las que regulan la actividad empresarial del Estado. Para mayor referencia leer artículo en http://pimentelabogados.com/el-precedente-huatuco-y-las-empresas-del-estado/

  42. ESTOY DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE HUATUCO, lo que Landa y los demás pretenden es desconocer la PRIMACÍA DE LA REALIDAD por el que el ingreso a los cargos públicos sin concurso público sino A DEDO se hace para favorecer a los militantes del partido gobernante, parientes, amigos, la que es la base de la corrupción como la ineptitud de sus acciones. También olvidan el DERECHO A LA IGUALDAD de todo ciudadano de acceder a un empleo público, pues quién no pertenece al partido gobernante, no es pariente o amigo del funcionario que realiza el reclutamiento de personal, simplemente no accede a un puesto en el estado.

  43. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS, significa que ante la desnaturalización de contratos civiles y/o locación de servicios, se tendrá por cierta la situación fáctica (demostrada fehacientemente), mediante la cual se acredita que el trabajador realizó una labor que no le correspondía por la naturaleza de su contrato, llevando a cabo las de un trabajador contratado a plazo indeterminado, lo cual se evidencia mediante indicios que acreditan laboralidad y fraude por parte del empleador, y en consecuencia el contrato civil y/o locación resulta nulo, en vista que SU OBJETO fue “deformado” por el contratante, lo cual da origen a un vínculo de naturaleza laboral. El precedente lo único que hace es avalar la conducta dolosa, fraudulenta e ineficiente de un Estado que no lleva a cabo concursos públicos desde la década de los 90 (y que de realizarlos, estos muchas veces tienen de antemano a un ganador), circunstancia que no es atribuible al trabajador que acepta las condiciones de un contrato civil y/o de locación.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here