Por Samuel Abad,  abogado y Doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Toda persona que ejerce un cargo público, directa o indirectamente, debe estar sujeta al escrutinio público. No solo eso, si existen dudas sobre la licitud de su conducta, debe ser investigada. Cuando el asunto es de interés público, el Congreso puede designar una Comisión Investigadora y, si hay indicios de delito, el Ministerio Público debe intervenir. Se trata de investigar, no sancionan ni condenan a nadie. Se limitan a investigar y, en su momento, cuando haya convicción, a denunciar. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo cómo se acude a los procesos de amparo y de hábeas corpus para impedir investigaciones en marcha o pretender archivarlas. ¿Una judicialización de la política? ¿Una interferencia judicial?

En ambos casos se aprecia un elemento común. Las demandas se presentaron cuando la investigación estaba en trámite. ¡No habían concluido! Se pretendía, con distintos argumentos, impedir una investigación. La pregunta fluye claramente: ¿puede ser cuestionado judicialmente un acto previo o habría que esperar el pronunciamiento de la Comisión o del Fiscal? Lo razonable sería esperar. Es la regla general. De lo contrario, se estaría ante una interferencia judicial. Haciendo una simple comparación, sería como efectuar el control constitucional de un proceso penal antes de su culminación. ¿Existen excepciones? Sí; por ejemplo, cuando durante una investigación el Fiscal ordena detener al investigado. Para ello no tiene competencia. En tal caso, se abriría la puerta al hábeas corpus.

Otro elemento en común es la agilidad que caracteriza a estos casos: la justicia actúa muy rápido. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el hábeas corpus y el amparo son mecanismos sencillos, rápidos y efectivos para garantizar los derechos humanos. En nuestro país, lamentablemente, su rapidez no es una característica, salvo ciertos casos. Ojalá la justicia actuara así con todas las personas. Basta acudir al Poder Judicial para darse cuenta de que ello no sucede.

Nadie duda de la importancia del debido proceso y la necesidad de tutelarlo. Sin embargo, a veces se utiliza un concepto tan “elástico” que muchas conductas terminan afectándolo. Se ha discutido si la comunicación de los cargos efectuada por una Comisión Investigadora debe tener tal nivel de precisión como si fuera un proceso penal. De lo contrario -se ha dicho- se estaría afectando el debido proceso. Ahora, se alega que la investigación fiscal ya había sido archivada y, por tanto, no podía volver a abrirse, pese a que la nueva investigación -aún en trámite- comprendía hechos nuevos. ¿No era más razonable esperar a que concluye la investigación y que si el fiscal denuncia sea el juez penal quien determine si se trata de hechos nuevos o no? ¿Por qué el juez de hábeas corpus debe efectuar esta evaluación, si aún la investigación no ha culminado? A nuestro juicio, la respuesta jurídica sería otro exceso judicial. Pero sabemos que no todo lo que sucede en el Poder Judicial se agota en el plano jurídico.

Estamos asistiendo a un escenario donde las fronteras entre la justicia y la política se vienen desvaneciendo. El hábeas corpus y el amparo son procesos de tutela de los derechos humanos. No son instrumentos para impedir investigaciones. Tenemos derecho a saber y eso impone el deber de investigar a todos y a todas, sea quien sea. En una democracia constitucional no pueden haber privilegios. ¿Tan difícil es investigar?

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