Por Cruz Silva Del Carpio, coordinadora del área Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal.

El Consejo Nacional de la Magistratura ha demostrado que si quiere, puede adoptar decisiones que le pueden cambiar la cara a la justicia en el país. Desde los casos más dramáticos de violación de menores de edad o de tráfico ilícito de drogas, en el que jueces y fiscales procesan mal (y que el CNM toma en cuenta cuando, por ejemplo, pasan por el proceso de ratificación), hasta la destitución (hoy en procedimiento de reconsideración) de un Fiscal de la Nación por haber dado pase, con su omisión y acción funcional, a la impunidad en Ancash.

Claro, esas decisiones trascendentales también fueron posibles, sobre todo las referidas a casos paradigmáticos o “picantes”, gracias a la cuota importante de la mirada ciudadana, el escrutinio público, la denuncia insistente y un escenario político concreto.

Y algo trascendental, sin lo cual no habría posibilidad alguna, es un funcionario que haga eco de la necesidad de no impunidad; por ello, es tan importante el proceso de elección por el que cada uno de los consejeros del CNM es elegido.

Lamentablemente, como ha sucedido en este recambio del CNM en el 2015, esos procesos no han sido los mejores. Hoy por hoy, estamos en pleno proceso de elección de nuevos consejeros (dos titulares y dos suplentes) en representación de los profesionales no abogados, quienes reemplazarán a Gonzalo García Núñez (el consejero ponente de los casos disciplinarios del Fiscal de la Nación destituido, Carlos Ramos Heredia) y a Luz Marina Guzmán (la única que votó en contra de la destitución del fiscal supremo). Ese proceso de elección, cuya primera etapa decisiva ha sido la votación del 17 de mayo pasado, y que ahora parece culminar (salvo no haya quórum, lo que es casi imposible) este 17 de junio, no ha sido la excepción de la mala racha como han sido elegidos los nuevos miembros.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acaba de indicar que este miércoles 17 de junio se reunirá la “Asamblea de Delegados-Candidatos”, que elegirá, entre ellos, a los dos nuevos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en representación de los profesionales no abogados del país.

¿Cuáles son los problemas?

Esta elección es inconstitucional y pone en franco peligro la institucionalidad y la legitimidad del CNM, además de violar los derechos fundamentales al voto y a la participación de miles de profesionales no abogados. La Constitución señala claramente (artículo 155) que esta elección se realiza por el voto de los miembros de esos colegios profesionales, y a pesar de ello, esta elección está por cerrarse haciendo a un lado a 714,367 profesionales (el 86%), quienes estuvieron impedidos de votar, debido al nuevo sistema de elección indirecta o de “Asamblea de Delegados-Candidatos”, impuesto por la Ley Nº 29521 del 2010. Ello anula la legitimidad y representación de los consejeros que serían electos y vulnera la institucionalidad del CNM.

Desde el 2010, los colegios profesionales, ciudadanos y el IDL señalaron públicamente los graves problemas de la nueva ley. Este año, al convertirse la amenaza de violación de los derechos al voto y a la participación cierta e inminente, en vulneraciones concretas desde la primera “votación” del nuevo sistema (17 de mayo), los pronunciamientos han continuado, está en curso una demanda de amparo y se ha solicitado el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. La violación a los derechos fundamentales de los profesionales no abogados y el desacato a la Constitución son tan claros que el propio CNM ha presentado este mes un proyecto de ley para cambiar la forma de elección y regresarla al voto universal y directo. Se evidencia así que los fundamentos del cambio de elección (“que todos los colegios estén representados alguna vez en el CNM”) no han sido ahondados en la violación del principio democrático de esta elección y el derecho al voto de más del 80% de los profesionales no abogados.

No existe transparencia respecto de los candidatos. No se conocen sus antecedentes ni sus méritos profesionales más allá de un currículo presentado por ellos mismos, ni sus propuestas de ser elegidos o el financiamiento de su campaña. No se ha realizado alguna presentación como en otros años, y cuando se ha solicitado información o entrevista a los 10 candidatos que la próxima semana elegirán entre ellos a los nuevos consejeros, la respuesta ha sido el silencio. El reglamento publicado por ONPE para la elección de este 17 de junio tampoco refiere alguna presentación de este tipo; además de disponer que los cuestionamientos sobre los votos sean resueltos por funcionarios designados por la propia ONPE y no el JNE.

La “elección”, por todo lo anterior, además de ser una farsa es peligrosa. El cambio normativo de la forma de elección se originó entre otros con un proyecto de ley del gobierno del APRA, cuando nunca antes dicho partido ha tenido un aporte relevante para el CNM. Hoy, el ex candidato del APRA para Contralor, el señor Gutiérrez Pebe, es uno de los candidatos más voceados para alcanzar el cargo de Consejero del CNM, lo que no hace más que aumentar en un escenario de cero transparencia las preocupaciones de una presunta injerencia política.

Pero a pesar de todo ello, la elección continúa cuando debería parar.

Algunos le echan “la culpa” a los colegios profesionales que no es sino hasta ahora (casi 5 años después que la ley que cambió la forma de elección fue publicada) que pretenden cambiar la elección, y que se debieron presentar las demandas de inconstitucionalidad o amparo mucho antes. Lo cierto y lo que nadie puede negar es que ni bien salió la Ley en el 2010 los colegios pusieron el grito al cielo y evidenciaron la inconstitucionalidad y la amenaza cierta e inminente de violación a los derechos fundamentales de más de 700 mil profesionales; con este conocimiento las instituciones del Estado debieron tomar acciones de oficio.

Nadie, llegado a este punto, puede decir “qué pena, así son las cosas”, sino todo lo contrario, y en defensa del orden constitucional (que es deber de toda institución pública, sobre todo), se debería tomar acciones incluso a estas alturas. Por ejemplo, el Congreso debería apurar el debate sobre ese proyecto de ley del CNM que por lo ya sucedido (la no votación de miles de profesionales), se fundamenta solo, y el CNM debería, llegado el momento, no juramentar a quienes serían elegidos en contra de lo que con claridad expone la Constitución: que esa elección debe ser por el voto de todos los profesionales. Ya antes lo ha hecho (indicó que no juramentaría a los supremos de la justicia militar por ser una elección inconstitucional y que vulneraba la independencia judicial), y ahora bien puede y debe hacerlo en defensa, otra vez, de la Constitución y su institucionalidad.

La elección es este 17 de junio… y los consejeros García y Guzmán culminan su período el 19 de julio. Serán días de tensa espera para que las instituciones eviten este golpe inconstitucional al CNM.

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