Desde inicios de mes, los alcaldes distritales de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, Juan Navarro y Javier Altamirano, vienen exigiendo que las Fuerzas Armadas patrullen las calles de sus distritos y se les permita imponer un toque de queda, como medida disuasiva ante el alza en el crimen y la sensación de inseguridad ciudadana. Según estos alcaldes, la mayoría de sus vecinos se encuentra a favor de esta medida y ha empezado a recolectar firmas para poder presentar una iniciativa legislativa. El objetivo es reformar el Decreto Legislativo 1095 –que regula la participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno- a fin de permitir esta especial forma de patrullaje militarizado. La propuesta de los alcaldes Navarro y Altamirano, sin embargo, no sólo es inviable legalmente, sino que también se encuentra tenebrosamente divorciada de la realidad y pone a los vecinos de toda la ciudad en riesgo.

La intervención de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno es un tema que debe manejarse con suma cautela y suspicacia, pues el Ejército y la Policía –por definición- tienen mandatos constitucionales marcadamente diferentes y objetivos totalmente diferenciados. Así, mientras la Policía debe mantener el orden en tiempo de paz, aplicando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas son entrenadas en buena medida para derrotar a un enemigo en el marco de un conflicto armado, sujeto a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario. La diferencia no es ociosa ni bizantina. En palabras de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “cuando [los] civiles (…) asumen el papel de combatientes al participar directamente en el combate” –es decir, cuando participan de un conflicto armado contra el Ejército y dejan de encontrarse en una situación de mero disturbio o protesta social bajo la tutela de la Policía- “asumen el papel de combatientes [y] se convierten en objetivos militares legítimos” (Caso Albella c. Argentina,“La Tablada”, ¶178). En tanto objetivos militares, estas personas son pasibles de ser atacadas con fuerza letal y sin previo aviso por nuestros soldados mientras dure su participación en las hostilidades. En cambio, en tiempo de paz, de acuerdo con la Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los policías deben identificarse como tales y advertir su intención de abrir fuego antes de usar sus armas. Éstas “se utilizarán solamente en defensa propia o en defensa de otros en caso de amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”, admitiéndose solo algunas excepciones para evitar delitos o impedir la fuga de un delincuente y sólo cuando las medidas menos extremas resulten insuficientes. Es decir, en resumen (y simplificando un poco la cuestión) un soldado en tiempo de guerra puede disparar primero y hacer preguntas después; y un policía en tiempo de paz, no. Es en base a estas reglas fundamentales que ambos cuerpos entrenan a sus efectivos.

Es precisamente por los objetivos tan diversos que persigue cada una de estas instituciones que el uso de la Fuerza Armada para fines policiales es algo que el Derecho y nuestra Constitución buscan restringir al máximo posible. Así, el art. 165 de la Constitución reserva para la Fuerza Armada el fin primordial de “garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”, admitiendo su participación en el control del orden interno solo excepcionalmente. Este estado de excepción, llamado “Estado de Emergencia”, se regula en el art. 137 y requiere de la existencia de una “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. En tales circunstancias, el Presidente puede decretar que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno por hasta 60 días prorrogables.

En base a esta disposición, a finales de 2007, el gobierno del entonces Presidente Alan García promulgó la Ley 29166, “Ley que establece reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”. Esta norma disponía en su artículo 7, que las Fuerzas Armadas podían apoyar a la Policía Nacional a controlar el orden interno incluso en zonas no declaradas en estado de emergencia. Esta disposición fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional bajo el argumento de que incumplía con el mandato del artículo 137 antes citado, en la medida en que nuestro Ejército solo podría controlar el orden interno en casos de estado de excepción.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia No. 002-2008-AI/TC (¶¶45-46), dispuso que, en efecto, la regla general es que las Fuerzas Armadas “únicamente pueden actuar previa declaratoria de un estado de emergencia”, pero que una interpretación sistemática de la Constitución “permitiría que en casos de especial gravedad y de forma restrictiva, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden interno”, pero única y exclusivamente en situaciones de narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, tales como puertos, aeropuertos y centrales hidroeléctricas, entre otras.

Es en atención a lo establecido en esta Sentencia que, en el 2010, el Gobierno de Alan García promulgó el Decreto Legislativo 1095, una nueva norma sobre uso de la fuerza, que nos rige hasta hoy y refleja, en buena cuenta, lo dicho por el Tribunal Constitucional. Esta norma, además, es clara en precisar que cuando las Fuerzas Armadas realicen acciones militares en apoyo a la Policía Nacional, deberán necesariamente regir su accionar en base a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin aplicar nunca el Derecho Internacional Humanitario. Es decir, deberán comportarse como Policías en tiempo de paz, no como soldados en un conflicto armado.

Este régimen es, por lo tanto, el régimen más flexible que pudo tolerar nuestro Tribunal Constitucional. Así, si bien existen reformas razonables que pueden hacerse a este Decreto y si bien nuestro Ejército sí recibe entrenamiento en materia de Derechos Humanos, ninguna reforma ni ningún programa de entrenamiento debería ir tan lejos como para permitir que un alcalde distrital –el nivel más bajo de nuestra organización política- pueda solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en las labores policiales en su distrito. Una propuesta de este tipo solo logrará normalizar y masificar una situación que según nuestra Constitución solo debe ser excepcional. Nuestros soldados, entrenados principalmente para aplicar el Derecho Internacional Humanitario, solo deberían realizar labores policíacas (y, por ende, aplicar exclusivamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) en situaciones en donde no hacerlo implica un riesgo intolerable para la seguridad de nuestra República y en donde no quede otra más que correr el riesgo de que gente entrenada para matar asuma la obligación de no hacerlo. El pandillaje y los pirañitas, por más peligrosos que sean, no cumplen con este estándar. El régimen que nos regula, es ya de por sí una concesión de nuestra democracia ante el altar de nuestra seguridad nacional, en atención a nuestra complicada historia de violencia terrorista. Pretender alterar este régimen por completo, como proponen los alcaldes Navarro y Altamirano, es, sin lugar a dudas, una propuesta peligrosa, ridícula e inconstitucional.

Nuestros soldados no son policías. No los tratemos como tales.

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