Por Lilia Ramírez Varela, Investigadora del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal.

En junio se llevó a cabo la Asamblea General (AG) de la Organización de Estados Americanos (OEA) número 45. No fue una Asamblea General cualquiera, sino una de las más importantes de los últimos tiempos debido a que fue la primera AG dirigida por el nuevo Secretario General de la OEA, el uruguayo Luís Almagro, quien -tras diez años- reemplazó a José Miguel Insulza (Chile) de una controvertida conducción de este órgano internacional que, por cierto, no pasa por su mejor momento. No por nada el tema de la AG era: “Presente y futuro de la OEA”. Junto a este hecho, lo más trascendente fue que los órganos de promoción y protección de derechos humanos a nivel regional renovaban a sus miembros[1]. El contexto de la elección de estos representantes, sobre todo de los comisionados, hizo que nuevamente los líderes de algunos países vuelvan a enfilar sus baterías contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) y el doble estándar jurídico que tienen algunos países en esta instancia, en tanto unos están supeditados de ser sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros no.

Así, días antes de la Asamblea General el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se refería  a la necesidad de desaparecer la CIDH, por someterse a los intereses de ciertos países (Estados Unidos), planteando, a su vez, la necesidad de crear un sistema Latinoamericano de derechos humanos. Igualmente, hace un par de semanas lo mismo ocurrió en Perú, ante la nueva sentencia de la Corte IDH en el caso Cruz Sánchez, mal conocido como caso Chavín de Huántar. Tras conocerse el fallo contra Perú hubo algunas voces, como la del ex vicepresidente Luis Giampietri, que pedían “mandar al diablo a la Corte [IDH]” y que deberíamos seguir los pasos de Estados Unidos que no recibe sanción de esta instancia internacional[2].

Ciertamente, es verdad que existen trece países que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y, por lo tanto, este tribunal no es competente para conocer sus casos, pero no es verdad que no reciba sanciones del Sistema Interamericano. Todos los países de la OEA (35), incluido Estados Unidos, son pasibles de ser investigados por la Comisión Interamericana por violaciones a los derechos humanos, pues el solo hecho de haber suscrito la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre los hace vinculantes al mandato de esta instancia y a los derechos consagrados en la referida Carta. Si bien esto no genera, como última consecuencia, una sentencia en el sentido jurídico del término, sí inicia todo un proceso ante una denuncia (petición) por violación de derechos humanos (artículo 106 de la Carta de la Organización) que puede terminar en una condena internacional contra el país. Pues sí, los Informes de fondo que emite la CIDH también sancionan y exigen a los estados a cumplir estándares de derechos humanos, ordenan reparaciones para las víctimas, solicitan a los países que adecuen su ordenamiento interno, y dictan medidas de no repetición ante la violación de derechos.

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Fuente: CIDH, ver link: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html Elaboración: Propia

Además, la Comisión no solo recibe, analiza e investiga peticiones individuales, también observa la situación general de los derechos humanos en la región, publica informes especiales sobre el estado de los derechos humanos en uno o varios países, realiza visitas a los países para investigar posibles atentados contra los derechos humanos, otorga medidas cautelares, emite informes de solución amistosa, organiza audiencias de caso o temáticas, públicas o privadas, emite comunicados, etcétera.

Estas facultades las tiene la CIDH para todos los países integrantes de la OEA, así hayan ratificado la CADH o no. Y, pese al discurso que dan desde ciertos sectores, Estados Unidos es el país que, aunque no está bajo la competencia de la Corte IDH, genera una alta tasa de trabajo a la Comisión. Por ejemplo, si analizamos las peticiones que ha recibido la CIDH durante el 2014 (ver gráfico), más allá de los países que más denuncias tienen (México, Colombia, Perú), el estado del norte ocupa el puesto ocho en ser denunciado, con 68 peticiones al año. No obstante que las peticiones son actuaciones que realizan los particulares contra su estado, sí es un indicador de éxito para la CIDH –y un pésimo precedente para el sistema jurídico estadounidense– que, pese a no estar bajo la jurisdicción de la Corte, ciudadanos estadounidenses busquen llegar a esta instancia. Si para la población de ese país fuera inútil el sistema interamericano el nivel de participación sería bajísimo.

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* En esta lista no se encuentran los países de: Antigua y Barbuda, Belice, Dominicana, Granada, Guyana,  Saint Kitts and Nevis, Saint Lucía y St. Vincent Grenadines, por no tener ningún caso ante la CIDH. Fuente: CIDH, ver link: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html Elaboración: Propia

Lo mismo ocurre cuando uno analiza el histórico de peticiones pendientes de trámite que tiene la Comisión. Estados Unidos es el país que sin ratificar la CADH tiene más denuncias pendientes de trámite, por encima incluso de Guatemala, Venezuela, Bolivia y otros países que si tienen (o tenían hasta hace poco) una jurisdicción completa dentro del sistema interamericano. Y ni qué decir si comparamos con los países que nunca se adscribieron a la competencia de la Corte IDH.

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* En esta lista no se encuentran los países de: Antigua y Barbuda, Dominicana, Granada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucía, St. Vincent Grenadines, por no tener ningún caso ante la CIDH. Fuente: CIDH, ver link: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html Elaboración: Propia
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Fuente: CIDH, ver link: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html Elaboración: Propia

En suma, si verificamos la situación de los casos que pesan contra Estados Unidos en la CIDH, encontramos que tiene 74 medidas cautelares, 43 peticiones admitidas, 10 archivadas y 28 informes de fondo publicados referidos a este país. Siendo el más antiguo el caso “Baby Boy”, de 1981, única causa que hasta ahora ganó este país en la CIDH. Se trata  de la denuncia entablada por la asociación Catholics for Christian Political Action que buscaba sancionar a Estados Unidos por la violación del derecho a la vida del no nacido, por haber exculpado a un médico que realizó un aborto a una mujer. La Comisión realizó un avanzado análisis señalando que el concepto del derecho a la vida no es de carácter absoluto, admitiendo excepciones a la regla general de protección y amparando la legislación de los diversos estados de Norteamérica que permitían esta práctica.

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* Las decisiones en archivo son con datos del 2006 al 2010. Fuente: CIDH, ver link: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html Elaboración: Propia

Tipos de peticiones que conoce la CIDH

Si revisamos el conjunto de procesos, la mayoría de casos que han llegado a la CIDH se refieren a la violación del derecho a la vida. Acuden a ésta instancia internacional personas que han sido condenadas a pena de muerte y se encuentran en el denominado “corredor de la muerte” en estados como Virginia, Tennessee, Texas u otros. Por ello, la CIDH constantemente ha recomendado a Estados Unidos: 1) que adopte una moratoria de las ejecuciones de personas condenadas a pena de muerte, 2) le exige un nuevo juicio que cuente con las garantías de debido proceso, 3) le pide que evalúe su legislación y otras medidas específicas, especialmente cuando se tratan casos de extranjeros y afrodescendientes, en tanto puede existir un factor de discriminación en el proceso[3]. Esta misma materia es la que causa un alto número de medidas cautelares que, históricamente, son otorgadas en favor de peticionarios y contra los Estados Unidos. La mayoría de éstas han sido emitidas por estar cerca a la fecha de ejecución de condenados a pena de muerte. En total son 74 medidas cautelares. Empero, si hacemos una comparación de los últimos años (entre el 2006 y 2014), las medidas cautelares que pesan sobre Estados Unidos superan largamente a países como Perú, Argentina y Ecuador que tienen un alto nivel de solicitudes, pero muy pocas son otorgadas, tal como se ve en el siguiente gráfico. La CIDH ha manifestado constantemente su preocupación sobre la vigencia de la pena de muerte, principalmente por el empeño de varios Estados de Norteamérica de mantener vigente esta medida, la situación llegó a tal punto que en el año 2011 publicó un informe específico sobre el tema. “La Pena de Muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición”.

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Fuente: CIDH, ver link: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html Elaboración: Propia

Sin embargo, los denominados casos de “corredor de la muerte” no son los únicos que conoce la CIDH. También ha conocido situaciones en donde Estados Unidos, con su política de intervención en otros países ha cometido violación de derechos por uso abusivo de la fuerza. Este el Caso 10.951, tuvo informe de fondo en 1999 en el cual se condena a Estados Unidos por una acción militar dirigida por sus fuerzas armadas, junto a otros países caribeños, en la que invade Granada (octubre de 1983) y depone al gobierno revolucionario de ese momento, violando una serie de normas internacionales que regulan el uso de la fuerza, deteniendo y sometiendo a diecisiete personas a un juicio sin garantías, en donde condenaron a muerte a catorce de ellas. Si bien en 1991, las penas de muerte fueron conmutadas por condenas de prisión perpetua, después de las apelaciones de clemencia presentadas, incluso por la CIDH, igual la Comisión condenó, con toda razón, a Estados Unidos por lo ocurrido durante esta intervención y los procesos judiciales posteriores. Un caso parecido está pendiente de resolución por parte de la Comisión en la intervención de Estados Unidos a Panamá con objeto de derrocar al régimen del General Manuel Noriega[4].

No obstante, las acciones más fuertes realizadas por la CIDH en los últimos años se han referido al actuar de Estados Unidos en su denominada lucha contra el terrorismo. Apenas a un año de producido los atentados del 11 de septiembre de 2001 la Comisión emitió un histórico Informe sobre terrorismo y derechos humanos en donde establece que si bien “el derecho internacional obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para prevenir el terrorismo y otras formas de violencia y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos”[5], indica también que “los Estados miembros se hallan igualmente obligados a seguir cumpliendo estrictamente sus otras obligaciones internacionales, incluidas las asumidas dentro de los marcos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”[6]. Así, establece una serie de reglas y parámetros que se deben seguir a fin de no perder de vista el respeto de derechos en la lucha contra el terror como: la obligación de respetar y garantizar sin discriminación el derecho a la protección judicial, así también el respeto a la libertad de expresión y la prohibición casi absoluta de la censura previa, salvo que se produzcan situaciones amparadas en el artículo 13 de la CADH, sobre discursos de odio o de llamado a actos terroristas.

En esta medida la Comisión Interamericana fue la primera organización internacional que solicitó medidas especiales de protección a favor de los detenidos en Guantánamo (actualmente hay cinco medidas cautelares en torno a este tema[7]). En el año 2007 solicitó realizar una visita a la Base Naval de Guantánamo, solicitud a la que la CIDH tuvo que declinar posteriormente por las limitaciones que se le imponían. Los representantes del gobierno de Estados Unidos indicaron que la Comisión sí podía visitar la base de Guantánamo, pero no se permitiría que ésta se comunicara libremente con los detenidos; en el año 2011 la CIDH volvió a reiterar este pedido, con similar respuesta de parte de este estado. Ha emitido continuos comunicados de prensa[8] sobre las violaciones que se producen en ésta, demás está decir que la Comisión en reiteradas ocasiones ha exhortado el cierre inmediato de estas instalaciones.

Es cierto que muchas veces se pone en duda la efectividad de la labor de la Comisión, pues los estados, incluido Estados Unidos, son reacios a cumplir con las recomendaciones de la CIDH y, también con las sentencias de la Corte IDH. También el nivel de dilaciones que tiene la CIDH para conocer las peticiones (a veces llega a trece años) es un grave problema que limita su accionar, y genera válidas críticas. Pese a ello, la labor de estos órganos, por el momento, son lo más valioso de la OEA. Sin duda, el trabajo de la Comisión y de la Corte ha sido uno de los más exitosos a nivel de sistemas regionales de derechos humanos, y las críticas exageradas y extremas contra estas instancias demuestran, de un lado, ignorancia y, de otro, que son críticas de un Estado interesado. Hace un tiempo, el presidente boliviano, aunándose al coro de ataques contra la Comisión indicaba que ésta solo se encarga “solamente de ver el problema de los derechos humanos en algunos países donde el presidente y el gobierno no comparten las políticas del gobierno de Estados Unidos”, en tanto en Perú, otros sectores acusan a la CIDH y a la Corte IDH de ser una caja de resonancia de los caviares y de algunas ONG. Esta contraposición de discursos, y las cifras que se acaban de dar, solo pone en evidencia lo inválido de ambos discursos y la necesidad de buscar fortalecer este espacio, pese a que a los estados no les guste.


[1] Se eligieron a cuatro nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a cuatro jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes asumirán funciones el 1 de enero de 2016. Ver: Nuevos y nuevas integrantes de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[2] Declaraciones emitidas en Canal N, el 29 de junio de 2014.

[3] Sobre estas recomendaciones se pueden leer los siguientes casos: 12.833, 12.422, 12.864, 12.644, etcétera.

[4] Caso Salas c. Estados Unidos, Informe Nº 31/93, Caso Nº 10.573, 14 de octubre de 1993, Informe Anual 1993.

[5] Informe sobre terrorismo y derechos humanos, párrafo 3

[6] Ibíd., párrafo 4.

[7] Medida Cautelar 211/08 – Djamel Ameziane, Estados Unidos (2008); Medida Cautelar 8/06Omar Khadr, Estados Unidos (2006); Medida Cautelar 259/02 – Detenidos por Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo (2002); Ampliación de la MC 259/02 – Detenidos por Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo
(2005); Ampliación de la MC 259/02 – Detenidos por Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo (2013)

[8] Comunicado de Prensa 147/14 : CIDH celebra el reasentamiento de seis detenidos de Guantánamo en Uruguay e insta a los Estados Miembros de la OEA a seguir el ejemplo de Uruguay; Comunicado de Prensa 103/13 : CIDH condena transferencia forzada de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia; Comunicado de Prensa 29/13: CIDH, Grupo de Trabajo de ONU sobre la Detención Arbitraria, Relator de ONU contra la Tortura, Relator de ONU para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Relator de ONU sobre la salud reiteran necesidad de terminar con la detención indefinida de personas en la Base Naval de Guantánamo ante actual crisis de derechos humanos; Comunicado de Prensa 3/12: A 10 años del inicio de las detenciones en Guantánamo, la CIDH reitera llamado a clausurar el centro de detención; Comunicado de Prensa 86/11: CIDH insta a Estados Unidos a cerrar la cárcel de Guantánamo; Comunicado de Prensa 37/11: CIDH expresa profunda preocupación ante nuevas revelaciones sobre Guantánamo; Comunicado de Prensa 75/10: CIDH deplora transferencia forzada de detenido en Guantánamo; Comunicado de Prensa 02/09: CIDH celebra orden de cerrar el centro de detención de Guantánamo; Comunicado de Prensa 27/06: CIDH exhorta al cierre inmediato de Guantánamo (incluye texto de la Resolución 02/06).

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