Continuando con nuestra Semana del 28, Enfoque Derecho entrevista a Carlos Blancas, ex Ministro de Trabajo y abogado especialista en temas laborales

ED: ¿Cuáles han sido los principales logros y fracasos de este gobierno en el ámbito laboral? ¿Ha habido algún avance por reducir la informalidad?

CB: Es difícil encontrar progresos en la política laboral del gobierno actual. Quizás el gobierno pueda pensar, por ejemplo, que la Ley del Servicio Civil es un mérito suyo. Indudablemente, es importante que se haya dado esta ley para regular el trabajo en el sector público, pero aun así, es una ley que tiene graves observaciones. Principalmente, está el hecho de que haya desconocido el derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos, el cual se ha minimizado de tal forma que en el fondo este se ha suprimido, lo cual va en contra de derechos fundamentales y contra tratados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.

Creo que fuera de eso, el gobierno ha hecho muy poco. Por ahí el Congreso ha aprobado una que otra ley puntual, como la ley de permiso para los trabajadores cuando tienen un familiar que ha sufrido un accidente grave o padece una enfermedad terminal; ese tipo de cosas muy pequeñas y puntuales que no alteran el esquema de las relaciones laboral, y que en realidad han provenido de iniciativas del Congreso, pero no del Gobierno.

ED: Tras la derogación de la ley del régimen laboral juvenil, quedó claro que es inviable una normativa que promueva el empleo juvenil a costa de una reducción en los beneficios laborales. ¿Qué otras medidas pueden ser tomadas en lo que resta del gobierno de Ollanta Humala para integrar a los jóvenes desconectados del mercado laboral?

CB: Hay que tener en cuenta que la famosa “ley pulpín” era en realidad una copia de otras leyes que ya existen desde hace algún tiempo, incluso antes de este gobierno en el mandato de Toledo, y que se aplican a la microempresa, la pequeña empresa, al régimen agrícola, al régimen acuícola, y algunos otros regímenes especiales en los cuales la política que se ha tomado para promover el empleo y reducir la informalidad ha sido otorgar menores derechos a los trabajadores. La “ley pulpín” era prácticamente una réplica de la ley de microempresas, es decir, no había compensación por tiempo de servicio, y solo habían 15 días de gratificaciones y 15 días de vacaciones. Dicho régimen se ha trasladado a la ley del empleo juvenil, por lo cual, resulta interesante analizar qué pasó con la ley de microempresas, pues esta no ha tenido los efectos que se esperaba y ha fracasado.

Justamente, en el Perú hay alrededor de un millón de microempresas que deberían formalizarse con esa ley, pero ni el 10% se ha formalizado en un lapso de cerca de 8 años, que son los que han transcurrido desde la última reforma. Es decir, hay más de 900,000 empresas en la informalidad, lo cual quiere decir que la reducción de beneficios laborales no es la solución para este tipo de problemática. Lo que mantiene a estas empresas en la informalidad no es el tema laboral, y quizás ni siquiera el beneficio tributario (pues también tienen un régimen especial). Entonces, habría que indagar cuáles son las otras causas, de tipo administrativo, financiero, y hasta de tipo cultural que influyen en que se mantenga la informalidad pese a que se les ha dado un régimen especial muy atractivo, pues menos que eso ya estaríamos en presencia de la servidumbre o la esclavitud, y ya no habría derechos laborales.

Eso es lo que se quiso hacer con la ley del empleo juvenil, siguiendo un modelo de precarización del empleo. Creo que no es necesario que haya una legislación del empleo juvenil en el sentido de crear un régimen de trabajo para los jóvenes, pues los regímenes especiales de trabajo se crean cuando el trabajo es diferente, no cuando las personas son diferentes. Por ejemplo, es diferente la construcción civil que el trabajo en la oficina, en la medida que los trabajadores trabajan en función de una obra que se va a acabar y lo hacen de otra manera, y por ello tienen un régimen especial. El trabajo doméstico es también un régimen especial, al igual que los pescadores, quienes no pescan todo el tiempo, los cuales constituyen trabajos especiales.

El hecho de ser joven o viejo no genera una situación diferencial; por ende, no tendría por qué existir un régimen especial. Lo que podría haber son incentivos a las empresas para que contraten jóvenes, tales como incentivos tributarios. Por ejemplo, permitir a las empresas una deducción adicional si contratan jóvenes. Entonces, por el lado tributario se podría estimular, pero no por el lado de reducir derechos; por eso es que creo que esa ley generó dicho rechazo y tuvo que ser derogada.

ED: Si bien durante el mensaje a la nación no se anunció un incremento del salario mínimo, ello no significa que este tema haya sido descartado. ¿Qué opinión le merece?

CB: Hay que partir de que la Constitución señala que el salario mínimo será reajustado periódicamente. Por supuesto, no dice ni tiene por qué decir que esto va a ocurrir cada año, o cada dos o tres años; pero sí dice “periódicamente”, lo cual quiere decir que el salario mínimo no puede estar congelado. En efecto, se supone que debe evolucionar o modificarse en función de ciertas variables económicas, básicamente el costo de vida, la inflación, la productividad de los trabajadores, y demás factores que los economistas evalúan permanentemente.

En este momento, es evidente que el salario mínimo ya tiene que ser reajustado; creo que no hay ninguna duda. En cuanto a los porcentajes, hay varias opiniones, pues hay quienes señalan un 10% o un 15% aproximadamente. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que haya un salario mínimo diferenciado desde el punto de vista de los sistemas de trabajos, ya sea pequeña, mediana o grande empresa, pues de acuerdo a algunos economistas muy calificados, esto tiene efectos nocivos en la medida que va a desalentar que la pequeña empresa crezca y se convierta en mediana, y la mediana en grande. Por el contrario, lo que podría generar es que las pequeñas empresas quieran ser micros, y las medianas quieran ser pequeñas, a efectos de poder tener un menor costo laboral.

En el Perú existió hasta cerca del año 1980 un sistema diferenciado, pero no por regímenes sino por regiones. Es decir, el salario mínimo no era igual en Arequipa, Cusco o Lima. Esto pues, evidentemente, si vemos los índices del INEI, la inflación no es igual en todas partes del país. Sin embargo, este régimen fue abolido con argumentos sólidos, porque en realidad no solucionaba problemas y decidió que no tenía sentido mantener un salario regionalmente diferenciado. Por ello, se optó por la unificación de régimen del salario mínimo, que es el sistema que actualmente existe.

ED: El 4 de julio de 2013 se promulgó la Ley del Servicio Civil, la cual busca mejorar la calidad de los servicios a partir de la generación de un sistema de meritocracia . ¿Considera que el nuevo régimen laboral creará una mayor competencia y una mejor preparación para los servidores públicos del país?

CB: Lo primero que quiero cuestionar en la idea de que esta ley haya introducido un sistema meritocrático. Si entendemos la meritocracia como el acceso y ascenso en la administración pública basado en concursos y evaluaciones donde se analicen los méritos del postulante, eso existe en el Perú hace años. Ejemplos de esto son el estatuto y escalafón del servicio civil que es de 1950, o el Decreto Legislativo 276 (D.L 276) que se encuentra actualmente vigente. Perú.

El asunto es que esta normativa no se cumple, y ahí es donde radica el problema. Esta nueva ley en realidad no ha creado nada nuevo en esta materia, pues el concurso público abierto para ingresar, el concurso interno cerrado para ascender y las evaluaciones cada cierto tiempo ya existían en nuestro país. La cuestión es que se dejó de lado este sistema, y se optó por contratar a trabajadores bajo la modalidad de locación de servicios. Así, en la década de los noventa y hasta la fecha, el Poder Judicial y el gobierno central han contratado a cientos de miles de trabajadores bajo esta modalidad que no reconoce sus derechos. Luego, para resolver esto, crearon un engendro que es el CAS y ahora contratan por esta vía. No obstante, ¿por qué no lo hacen mediante D.L 276?

Creo que se debió optar por otro camino, pues ya se había dado la ley del empleo público que era una norma marco que establecía una serie de principios generales para este ámbito. En este esquema, lo que se debió hacer es actualizar el D.L 276 y no pretender hacer una cosa nueva como esta Ley del Servicio Civil.

Si bien esta nueva norma tiene algunas cosas interesantes, como el tratamiento del despido del trabajador, y puede ser más moderna en algunos aspectos, también tiene claros retrocesos  en el tema de derechos colectivos. Este último problema ha generado que actualmente haya varias demandas de inconstitucionalidad que están pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional (TC).

ED: En esta misma línea, un tema muy comentado últimamente ha sido la creación del “precedente Huatuco” por parte del Tribunal Constitucional. ¿Considera que desde el Ejecutivo se debe actuar mediante planes y políticas públicas para evitar que los trabajadores del sector público se puedan ver perjudicados?´

CB: El precedente Huatuco es una sentencia que también implica un evidente retroceso desde el punto de vista del razonamiento constitucional, ya que deja de lado un principio que el TC ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia que es el de primacía de la realidad. Recordemos que el artículo 26 de la Constitución que enumera los principios en materia laboral no lo menciona, pues solo señala el indubio pro operario, la irrenunciabilidad de derechos y la prohibición de la discriminación laboral. No obstante, el TC ha recogido este principio desde la doctrina laboral, bajo el argumento de que es un principio implícito dentro del principio protector que existe en la Constitución.

En razón a esto, el TC ha catalogado al principio de primacía de la realidad como un principio constitucional y lo ha aplicado en casos de desnaturalización de los contratos de trabajo a plazo fijo o contratos de locación de servicios. Sin embargo, esta sentencia ha echado por la borda todo esto, pues estamos hablando en algunos casos de trabajadores que tienen de 10 a 15 años trabajando y que ahora les dicen que en caso los despidan no pueden regresar mediante reposición al sector público porque no ingresaron por concurso público, lo cual es una situación ajena al trabajador.

Por otro lado, si bien no estoy en contra del concurso público pues creo que es algo muy positivo y que debe existir para ingrese la gente más calificada, creo que que el TC comete un error al elevarlo a la categoría de bien constitucional. Si la Constitución ni siquiera menciona al concurso público para el ámbito laboral, el TC no puede decir que el mismo representa un bien constitucional.

Lo que se ha hecho es poner un bien supuestamente constitucional, que en realidad es de origen legal, frente a un derecho constitucional como es el trabajo. Esto, a mi juicio, es poner la carreta por delante de los bueyes. Espero que el TC, poco a poco, rectifique esta sentencia que es muy nociva.

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