Por Alonso Gurmendi Dunkelberg, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Pacífico.

El 20 de agosto el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 2891/2013-CR, Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo. La motivación principal detrás del promotor de la ley, el congresista Carlos Tubino (FP), es permitir a la Fuerza Aérea proceder con el derribamiento de aeronaves involucradas en el tráfico ilícito de drogas.

Dado que esto por lo general implicará no sólo el uso de la fuerza por parte del Estado, sino también la casi segura muerte de la tripulación, la implementación del Proyecto necesariamente involucrará cuestiones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este artículo analizaré el Proyecto para determinar si cumple o no con este marco legal. Esto no obsta, por supuesto, que al Proyecto no puedan hacérsele más críticas desde otros regímenes como la Convención de Chicago o el Derecho Internacional Humanitario.

El Proyecto establece un procedimiento escalonado de interceptación que va desde la identificación de la aeronave rebelde hasta su determinación como “hostil” y derribo ulterior. El Proyecto ofrece una lista de 15 actos que califican como “hostiles”. Estos van desde la falta de identificación de la aeronave, hasta la sospecha de que la misma esté siendo utilizada para causar la muerte a terceras personas. Uno de estos actos es también, por supuesto, que esté siendo utilizada para el narcotráfico y/o el transporte ilícito de bombas o armas de fuego.

La aeronave que incurre en estos actos y se rehúsa a cooperar podrá ser identificada, interceptada, persuadida o neutralizada. De acuerdo con el art. 11, una aeronave es identificada cuando se vigila su comportamiento mediante el reconocimiento a distancia, la confirmación de su matrícula, la realización de señales visuales o la aproximación e interrogatorio de una aeronave interceptora. La aeronave es intervenida cuando la identificación no tiene éxito y consiste en indicar a la aeronave que regrese a su derrota planeada, que se dirija más allá de los límites del país o que se la obligue a aterrizar. Si la aeronave persiste en su rebeldía, se la podrá persuadir mediante el disparo de ráfagas de advertencia con munición trazadora.

Ahora bien, si la aeronave no responde a ninguna de estas tres medidas y no se tiene razones para considerar que se encuentra en una situación de emergencia, está siendo objeto de un acto de interferencia ilícita, o transporta pasajeros ajenos al acto en cuestión, entonces podrá ser declarada “hostil”. La declaratoria de hostilidad hace que la aeronave deje de ser considerada como “civil” y sea tratada como una “amenaza a la seguridad de la población y una violación de la soberanía nacional”.

Si la Fuerza Aérea tiene evidencias o puede concluir razonablemente que la aeronave ya declarada hostil (i) está siendo utilizada con el propósito de causar la muerte, lesiones graves a las personas, daños graves a los bienes o al medio ambiente; (ii) está siendo utilizada para la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas o está transportando bombas o armas de fuego; y/o (iii) está efectuando maniobras que amenazan de muerte o lesiones graves a la tripulación y las personas que se encuentren a bordo de la aeronave interceptora, entonces podrá proceder a neutralizarla mediante el uso de la fuerza con la intención impedir que continúe en vuelo.

El problema es que si bien pueden existir ciertas circunstancias bajo los criterios (i) y (iii) que hagan inevitable el uso de fuerza letal contra la aeronave (y esto es, además, asumiendo que la información que se tenga sea confiable), ello no es así para el criterio (ii), que más bien está en total contradicción los requerimientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En efecto, de acuerdo con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, estos:

“[N]o emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que representa ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.

Esto significa, en palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (en adelante el Relator Especial), que “el principio de ‘protección de la vida’ exige que no se utilice intencionalmente la fuerza letal solo para proteger el orden público u otros intereses similares” como podrían ser, por ejemplo, dispersar una protesta o arrestar a un sospechoso, sino que el propósito principal debe ser salvar vidas (Informe del Relator Especial de 1 de abril de 2014, Doc. No. A/HRC/26/36, ¶72). En la práctica, entonces, sólo puede existir uso de la fuerza en la labor policial cuando está en juego otra vida, incluyendo, por supuesto, la del propio oficial. En palabras del Relator Especial, “[n]o se podrá matar a un ladrón que está huyendo y no supone un peligro inmediato, aunque ello suponga que se escape” (Id.).

Esto significa, en resumen, que tal como está legislado, el Proyecto viola los derechos humanos cuando ordena que se dispare contra personas por el sólo hecho de cometer un delito, sin que en el medio exista un riesgo a la vida o la integridad física de otras personas. De hecho, leyes similares ya han empezado a llamar la atención de las instituciones especializadas, incluyendo el Relator Especial, que ya ha señalado que “[e]xiste también el peligro de [que] leyes como la recientemente aprobada por Honduras para permitir al Estado derribar aviones civiles puedan justificar violaciones del derecho a la vida, por ejemplo bajo el pretexto de la lucha contra la droga” (Id. ¶32).

Así pues, en palabras del Washington Office on Latin America, una ONG de derechos humanos, “una aeronave sospechosa, pero no amenazante, que rechaza los pedidos para que aterrice, debe ser perseguida, no derribada. Si el avión cruza una frontera, las fuerzas de seguridad del país vecino deben ser alertadas (…)” (traducción libre). El objetivo debe estar, por ende, en el arresto de los delincuentes apenas aterricen y no en su ejecución sumaria en pleno vuelo. No tener los medios para realizar estas operaciones en los propios aeródromos clandestinos no es una excusa válida para el uso de la fuerza. En efecto, “[n]ingún civil debería morir porque un gobierno carente de fuerzas terrestres no ve ninguna otra opción más que disparar a matar” (Id.).

En conclusión, el Proyecto de Ley 2891 debe ser observado y modificado para adecuarlo a los estándares internacionales. De lo contrario, el Perú estará en riesgo de ser denunciado por violaciones a los derechos humanos ante instancias internacionales. Guerra avisada, no mata gente.

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