Han pasado ya casi tres años desde que se iniciaron las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC para poner fin a un conflicto armado que ha cobrado más de 220 000 muertes. No obstante, no ha sido sino hasta el pasado miércoles que se ha dejado entrever un nuevo paso, y quizá definitivo, para cerrar esta etapa. Ese día, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, anunciaron en la Habana un acuerdo donde se detallan los pasos a seguir para lograr la tan anhelada paz, y que podría ser firmado de forma definitiva en el plazo de seis meses. A pesar de ello, tan solo bastaron un par de días desde que se hizo público dicho acuerdo para que diversos grupos empezaran a dar a conocer un fuerte rechazo ante lo pactado, cuestionando la legalidad y legitimidad de lo acordado. Debido a esta coyuntura, en el presente editorial analizaremos si la propuesta en materia de sanciones y justicia de este pacto puede ser acorde al Derecho.

Para empezar, es necesario conocer los detalles de lo pactado. Al respecto, el acuerdo en materia de sanciones y justicia señala básicamente lo siguiente: (i) se creará una “Jurisdicción Especial para la Paz”, conformada por diversos tribunales integrados por magistrados colombianos y extranjeros que se encargará de juzgar a los miembros de las FARC, militares y otras personas que hayan participado directa  o indirectamente en el conflicto; (ii) el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible para los responsables de delitos políticos y conexos, quedando excluidos de este beneficio los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio, y otros graves delitos, que serán “objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”; (iii) finalmente, quienes reconozcan su responsabilidad por estos delitos recibirán una pena ponderada entre cinco y ocho años de “restricción de la libertad en condiciones especiales” para que realicen trabajos, obras y actividades en favor de las víctimas. Por otro lado, aquellos que no reconozcan su responsabilidad o lo hagan de forma tardía recibirán entre 5 a 20 años de pena privativa en condiciones ordinarias.

Ahora bien, antes de entrar a cualquier análisis jurídico o político sobre estos puntos, resulta imprescindible comprender que Colombia se encuentra realizando un proceso de justicia transicional. Este concepto hace referencia al conjunto de medidas judiciales y políticas que se aplican en contextos en los que se llevan a cabo transformaciones radicales del orden social y político de un país que transita de una dictadura a una democracia, o de una situación de violencia a una situación de paz. De esta forma, en estos contextos se busca lograr la paz y la reconciliación de la sociedad, mediante un serie de medidas como las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparaciones y diversas reformas institucionales que logren cerrar las heridas de las víctimas por las violaciones masivas de derechos humanos que se llevaron a cabo. Si bien en el mundo han existido cerca de 60 procesos transicionales, el caso colombiano tiene una característica muy particular: se trata de un proceso de paz negociada. Es decir, los mecanismos de transición no se producen a partir de la victoria militar de un bando sobre el otro, como fue en el caso peruano, sino que vienen siendo acordados como una forma de finalizar el conflicto. Esto, evidentemente, debe tomarse en cuenta al momento de ponderar y analizar el caso en concreto.

Teniendo claro este panorama, podemos pasar a la siguiente interrogante: ¿las penas establecidas en el acuerdo para los involucrados son proporcionales? Como se señaló antes, hay que tomar en consideración que la justicia transicional no tiene únicamente un componente sancionador, sino que las sanciones forman parte de una serie de medidas que se deben realizar para construir la reconciliación de un país. A esto se le denomina el enfoque “holístico” de la Justicia Transicional. En razón a ello, justamente lo que busca el acuerdo es lograr un balance entre distintos componentes y principios que están en juego: sanción, reparación, verdad y garantías de no repetición. Es bajo esta lógica que el acuerdo colombiano tiene como criterio principal que aquellas personas que hayan cometido graves delitos en el conflicto, pero que colaboren (i) con sus testimonios a la construcción de un verdad y memoria histórica, (ii) realizando acciones para lograr reparar a las víctimas y (iii) otorguen garantías de que la paz perdurará, podrán recibir sanciones menos severas. Jurídicamente hablando, se trata de una ponderación entre distintos principios, buscando siempre optimizar los bienes que están en juego. En ese sentido, consideramos, no se puede descartar per se, la fórmula adoptada por el Estado colombiano para finalizar el conflicto.

Por otro lado, un segundo punto que se ha cuestionado del acuerdo se refiere al otorgamiento de amnistías, las cuales implican la renuncia de la acción penal por parte del Estado en contra de quienes han cometido delitos bajo su jurisdicción. Sobre este asunto, es necesario señalar que no existe ninguna regla en el Derecho Internacional que prohíba de forma absoluta las amnistías y, por el contrario, el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, aplicable a contextos de conflictos armados no internacionales, faculta a los Estado a conceder la amnistía más amplia posible al momento de que cesen las hostilidades con la finalidad de otorgar un margen de acción para que las partes puedan lograr la reconciliación de la sociedad. Sin embargo, esto no significa que esta potestad sea absoluta. Al respecto, la Corte IDH ha establecido que no resulta viable otorgar amnistías generales o auto-amnistías por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Dicho esto, y remitiéndonos al caso en cuestión, tenemos que el Estado colombiano adecuadamente ha especificado que la amnistía solo será concedida para aquellos que hayan cometido delitos políticos y conexos, y excluye expresamente a aquellos involucrados en crímenes internacionales. Por ello, a primera vista, el acuerdo es respetuoso de las normas en esta materia.

Desde esta casa editorial saludamos este acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano, y creemos que las propuestas en materia de justicia deben analizarse a luz del contexto y los elementos anteriormente señalados, sin descartarla desde un inicio. En una sociedad en transición, se requieren mecanismos especiales para lograr la tan anhelada paz y reconciliación. No obstante, a Colombia aún le esperan una serie de batallas o debates pendientes para lograr la paz. En primer lugar, la sociedad colombiana deberá deliberar la validez de este acuerdo a partir del referéndum que se planea llevar a cabo. Y, en segundo lugar, este pacto deberá se analizado a la luz de los tribunales nacionales e internacionales, toda vez que las personas en contra de estas medidas buscarán cuestionar esta situación ante los órganos jurisdiccionales. Aún queda un largo camino, pero cada día la paz para la sociedad colombiana se encuentra un poco más cerca.

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