Por Jessica Maeda, Máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y especialista en Derecho Internacional Humanitario y de los DDHH. 

De acuerdo con Amin Awad, Coordinador Regional para los refugiados de Siria, a Europa llegan aproximadamente unas ocho mil personas buscando refugio a diario. La crisis ha llegado a tal nivel que, en lo que va del año, la cifra asciende a medio millón de personas provenientes de Siria y otras zonas de conflicto del Medio Oriente y África. La poetisa Warsan Shire ha reflejado el drama que viven miles de personas día a día de manera contundente: “Nadie deja su hogar a menos que / el hogar sea la boca de un tiburón”.[1]

Esta crisis ha demandado que la Unión Europea (en adelante, “UE”) establezca una estrategia que le permita lidiar parcialmente con el problema. De ese modo, a inicios de este mes, la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas con el objetivo de dar una respuesta oportuna a la situación, dándole prioridad a la reubicación de emergencia de ciento veinte mil refugiados desde Grecia, Hungría e Italia, estableciendo que cada Estado recibirá un número preestablecido en base a un sistema de cuotas.[2]

Tras un problema inicial para llegar a un acuerdo, el 22 de setiembre el Consejo de Ministros de Interior europeos, reunido en Bruselas, aprobó el referido plan de reubicación, pero con el voto en contra de Hungría, Rumania, República Checa y Eslovaquia. Esto trastocó la propuesta inicial de la Comisión, provocando que cincuenta y cuatro mil personas integradas en la cuota que le correspondía a Hungría queden pendientes para una segunda fase.

Esta crisis evidentemente genera diversas preguntas desde el Derecho Internacional Público, pero en esta entrada aprovecharemos para enfocarnos en dos puntos.

¿Se trata de una crisis de migrantes o de refugiados?

En primer lugar, estamos ante un problema conceptual. Los medios han llamado de manera indistinta a la crisis como “crisis de migrantes” y “crisis de refugiados”. Por eso, resulta pertinente entender ambos conceptos.

A nivel internacional, no hay una definición universalmente aceptada del término “migrante”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo definió en términos generales como “término genérico que abarca tanto el emigrante como al inmigrante”, indicando que emigrante es la “persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él” y el inmigrante, la “persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él”.[3]

A su vez, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas (en adelante, “CTM”) solo establece la definición de “trabajador migratorio”, describiéndolo como “toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”. De esta amplia definición, se puede entender que “La palabra ‘migrante’ que figura en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 1 se aplica a toda persona que haya tomado libremente la decisión de emigrar por razones de ‘conveniencia personal’, sin la intervención de un factor exterior que la obligue”.[4]

Por su lado, de acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante, “CR”), un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

En otras palabras, mientras un migrante abandona su país o llega a otro voluntariamente en busca de una vida mejor, para un refugiado las condiciones económicas del país de asilo son menos importantes que su seguridad. Tal y como señala la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante, “ACNUR”), la diferencia entre ambos conceptos es fundamental: un migrante disfruta de la protección del gobierno de su país de origen. El refugiado, no.[5]

Con respecto a la protección de derechos, tanto la CTM como la CR establecen un marco jurídico que beneficia tanto al migrante (en situación regular como irregular) como al refugiado, desde la protección del derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la no discriminación, entre otros. Sin embargo, en el caso del refugiado, la CR establece claramente la prohibición de devolución (non refoulement), por lo que los Estados no podrán, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. Consecuentemente, es válido afirmar que ambos estamentos de protección, el de trabajador migratorio y el de refugiado, pueden concurrir en un mismo individuo para todo cuanto le favorece.

¿Y cuál es la solución?

Antes bien, permítanme volver a los párrafos iniciales de esta entrada: la solución que está manejando actualmente la UE ante la crisis de los refugiados prevé la reubicación de ciento veinte mil personas, cuando aproximadamente medio millón ha llegado este año al continente europeo. Es decir, esta estrategia brindará una solución parcial que de ninguna manera se adecúa a la magnitud del problema. Adicionalmente, tal como la propia ACNUR ha reconocido, estamos tan solo ante “la punta del iceberg”. El número de refugiados seguirá creciendo a menos que se ponga un fin al conflicto en Siria.[6]

Una vez efectuada esta digresión, haré referencia a la Responsabilidad de Proteger, concepto adoptado en la Cumbre Mundial celebrada en el año 2005 y que establece que los Estados son responsables de proteger a su población del (i) genocidio, (ii) los crímenes de guerra, (iii) la depuración étnica y (iv) los crímenes de lesa humanidad. La Responsabilidad de Proteger establece también una responsabilidad compartida para la comunidad internacional, la cual supone la asistencia recíproca entre los Estados, pudiendo incluso adoptar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva en caso que un Estado determinado “no protegiera” a su población de los cuatro crímenes mencionados.

De acuerdo con el Informe del Secretario General de Naciones Unidas del 12 de enero de 2009,[7] la comunidad internacional podría recurrir a un conjunto más amplio de medidas colectivas, incluso no pacíficas, siempre que se cumplan dos condiciones: a) los medios pacíficos resultan inadecuados y b) las autoridades nacionales no protegen a su población de los cuatro crímenes y actos especificados. En ambos casos, de manera oportuna y decisiva y por medio del Consejo de Seguridad, se podrían adoptar medidas que impliquen el uso de la fuerza de acuerdo al Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

La política de Bashar al-Assad de atacar a la población civil mediante el uso de armas químicas y bombas-barril y la participación de ISIS en el conflicto, han dejado un saldo aproximado de 250 mil víctimas mortales. Este contexto justificaría que la comunidad internacional adopte medidas oportunas y decisivas para proteger a la población siria, tal como las que se adoptaron en su momento en el caso de Libia. Lamentablemente, el uso del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (en este caso, Rusia y China), lograron paralizar las medidas que debían adoptarse en cumplimiento de la doctrina de Responsabilidad de Proteger.

Así, los intereses políticos han afectado nuevamente a los intereses de la humanidad. Ya lo mencionó el Papa Francisco frente a la Asamblea General de Naciones Unidas: “Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de conciencia de los que están a cargo de la conducción de los asuntos internacionales (…) en cada situación de conflicto, como en Ucrania, en Siria, en Irak, en Libia, en Sudán del Sur y en la región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos antes que intereses de parte, por legítimos que sean. En las guerras y conflictos hay seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que se convierten en material de descarte cuando la actividad consiste solo en enumerar problemas, estrategias y discusiones.”[8]


[1] “No one leaves home unless / home is the mouth of a shark. You only run for the border / when you see the whole city / running as well (…)” Home, de Warsan Shire.

[2] Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_es.htm

[3] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, página 105.

[4] CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Medidas para mejorar la situación de todos los trabajadores migrantes y hacer que se respeten sus derechos humanos y su dignidad: Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos sobre los Derechos Humanos de los Migrantes presentado de conformidad con la resolución 1997/15 de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/1998/76 del 10 de marzo de 1998, parágrafo 44.

[5] Disponible en: http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/refugiados/quien-es-un-refugiado/

[6] Disponible en: http://www.theguardian.com/world/2015/sep/25/eu-refugee-crisis-tip-of-iceberg-unhcr

[7] ASAMBLEA GENERAL. Hacer efectiva la responsabilidad de proteger: Informe del Secretario General. A/63/677 del 12 de enero de 2009, párrafo 49.

[8] Disponible en: http://webtv.un.org/watch/address-by-his-holiness-pope-francis-general-assembly-3rd-plenary-meeting-70th-session/4509290546001

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