Por Federico de Cárdenas Romero. Abogado PUCP. Master en Teoría Política por la Universidad de Manchester – Reino Unido.

Lamentablemente, cada vez se han hecho más frecuentes los enfrentamientos entre las comunidades indígenas no contactadas y los ciudadanos que viven cerca a sus territorios. Algunos con consecuencias trágicas, como la muerte en mayo de 2015, de una persona de un flechazo en el pecho, disparado por un grupo de indígenas Mashco Piro en aislamiento, durante una incursión a una comunidad indígena aledaña en Madre de Dios[1]. ¿Qué debe hacer el Estado frente a esta situación? ¿Se les contacta o no? ¿Cuál sería la justificación de la decisión?

Esta respuesta es una muy difícil y compleja, pero que merece la pena ser discutida.

Como primer dato relevante para la discusión, es importante mencionar que, en mayo de 2006, el Gobierno peruano aprobó la Ley Nº 28736 (en adelante, la “Ley”), que regula los derechos y las relaciones entre los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que viven en la selva amazónica del Perú y el resto de la sociedad peruana. Principalmente, esta ley establece: 1) un derecho a permanecer en aislamiento, salvo que los pueblos indígenas decidan voluntariamente unirse al resto la sociedad; 2) el derecho de regular todos sus asuntos internos sin ninguna interferencia en su cultura, tradición y prácticas; y 3) el deber del Estado de proteger su cultura y sus tierras de cualquier amenaza externa, la interferencia y la influencia de los personas ajenas a su comunidad.

Leída de esta manera, la Ley no permitiría contacto alguno por parte del Estado en el caso mencionado. Al parecer, dicha Ley estaría privilegiando una protección de la autonomía de los pueblos indígenas en aislamiento, de su derecho a la identidad y prácticas culturales y a la libertad de elección reconocida por la Constitución Política del Perú. Asimismo, esta Ley estaría protegiendo sus vidas contra las enfermedades que podrían sufrir por el contacto con el resto de la población, contra las cuales no tienen defensas inmunológicas. En resumen, tenemos que el no contacto a las poblaciones indígenas en aislamiento se justificaría por tres razones (valores): 1) Su supervivencia cultural, 2) La protección de su libertad de decisión al mantenerse aislados, y 3) La protección de su derecho a la vida (ante el posible contagio de enfermedades del resto de la población).

Sin embargo, sin emitir opinión a favor o en contra de la Ley, me parece difícil negar que, para un país democrático liberal como el Perú, resulta bastante controvertido justificar el no contacto sobre la base de un derecho a mantener en aislamiento a parte de su población. Leída la Ley como se ha explicado en el párrafo anterior, podría interpretarse que la Ley está justificando la separación por completo un grupo de pueblos indígenas del resto de la sociedad, y la creación de un espacio donde sus derechos básicos no serían protegidos por el Estado y donde mantendrían excluidos de la vida democrática. Desde este punto de vista, podría alegarse también que se estaría creando un espacio (un gueto) en donde la democracia y la constitución no rigen. Este punto de vista tiene aún más relevancia cuando también están en juego los derechos básicos de personas que no forman parte de la comunidad indígena en aislamiento (como es el caso del comunero asesinado en Madre de Dios).

Teniendo un poco más claro las posiciones, entonces una primera pregunta muy importante que debemos hacernos es, si en una democracia liberal como el Perú, se puede justificar moral y políticamente la existencia de un derecho de los pueblos indígenas a mantenerse aislados. Y si se responde afirmativamente a lo anterior, la pregunta sería qué implica este derecho.

Por ejemplo, alguien que piense que el Estado Peruano no tiene nada que decir o hacer acerca de la protección cultural de los pueblos indígenas porque con ello se afectaría el principio de “neutralidad cultural de Estado”, probablemente considere que el derecho a permanecer aislados no puede justificarse sobre la base de la supervivencia cultural. Por el contrario, alguien que piense que el Estado no sólo debe reconocer la cultura sino además protegerla de su decadencia, considerará que la supervivencia cultural justifica su existencia y protección a través del derecho a permanecer en aislamiento.

Estas no son las únicas repuestas posibles. Estas variarán dependiendo de la perspectiva teórica que se adopte y de los valores que se pretendan privilegiar. Pero una sociedad democrática que se tome en serio el pluralismo, no puede dejar de hacerse estas preguntas y debatir sus posibles respuestas.


[1] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150505_peru_mashco_piro_ataque_muerte_selva_ch

 

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