Tras 18 años de impunidad, el Estado peruano aún no tiene una cifra exacta que indique la cantidad de mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas. Es por ello que a través de la campaña #contrasuvoluntad, Amnistía Internacional busca impulsar la creación de un registro único de víctimas, el cual funcione como primer paso para que los derechos de estas mujeres sean protegidos. En la presente entrevista, Marina Navarro, Directora Ejecutiva en Amnistía Internacional- Perú, nos comenta sobre este proyecto.

Enfoque Derecho: ¿Cuál es la situación actual de las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas en la década de los años noventa?

Marina Navarro: Las mujeres que fueron esterilizadas desde los años noventa llevan prácticamente dieciocho años esperando la justicia. Ahora mismo, las denuncias presentadas por algunas de estas mujeres ante la Fiscalía están en investigación. Sin embargo, no han recibido ningún tipo de reparación ni reconocimiento de justicia, que tendría que ser realizado por parte del Ejecutivo. Es por eso que nosotros estamos solicitando un registro, para saber de cuántas mujeres estamos hablando, y ayudar no solo a aquellas que han presentado una denuncia, sino a todas las que han sido víctimas de una esterilización forzada. De esta manera, podremos dar un primer paso a una reparación integral.

ED: Entonces el trabajo del Estado frente a esto no ha sido muy eficaz.

MN: Así es. Recientemente se hicieron investigaciones en el Congreso, investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo, pero no se ha dado ningún paso concreto para dar justicia a estas mujeres.

ED: Se tienen indicios que las mujeres indígenas y campesinas quechua hablantes fueron las más afectadas con esta política de esterilizaciones. ¿Qué nos muestra o refleja esta situación?

MN: Efectivamente, fue una política de esterilizaciones hacia las poblaciones más pobres del país y especialmente afectaba a las mujeres campesinas e indígenas. Ahí vemos también que fue una política discriminatoria, lo cual es algo que a través de la campaña queremos resaltar. El 53% de las mujeres que fueron esterilizadas provienen de zonas rurales, dato que no puede dejar de ser analizado y tomado en cuenta.

ED: Ante este escenario, ¿cuáles son las retos y objetivos de la campaña #contrasuvoluntad?

MN: El mayor reto es que estas mujeres consigan la justicia, reto que pensamos se debe y puede alcanzar. Es algo que incluso en este último año de gobierno puede concretarse: se puede empezar un registro para la reparación integral a la que tienen derecho estas mujeres. Existe una plataforma interesante de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de las propias mujeres, por lo que consideramos importante que dentro del registro exista también la participación de estas organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto también se debe contar con la participación de las asociaciones de las víctimas de esterilizaciones forzadas, y que un trabajo conjunto con el Estado.

ED: Antes de la campaña, ¿Amnistía Internacional tuvo contacto con estas mujeres?

MN: Amnistía Internacional ya lleva tiempo trabajando este tema. El año pasado también lanzamos una campaña para que se abriera el caso dentro de la Fiscalía. Asimismo, estamos teniendo contacto con mujeres de distintas regiones del país, siempre para estar de acuerdo con lo que las víctimas están solicitando. El escuchar a las víctimas, a las titulares de los derechos, es básico para poder hacer un buen registro.

ED: Además de la creación del registro, ¿qué otras medidas considera que son necesarias para atender los derechos de las víctimas?

MN: El registro es el primer paso, no nos podemos quedar solamente ahí. Luego debe crearse una política integral de reparaciones, para así continuar con la investigación dentro de la Fiscalía, con el objetivo de que a nivel judicial estas mujeres también reciban la justicia correspondiente.

ED: ¿Cuál es la importancia de la judicialización de estos casos en el marco del proceso transicional que ha atravesado nuestro país tras la dictadura y el conflicto armado que se vivió?

MN: Tiene importancia precisamente porque aquí ha habido una violación de los derechos humanos. Se tiene que buscar a los responsables para que no haya impunidad frente a estas violaciones. Asimismo, a través de la judicialización, este caso puede darse a conocer a nivel nacional e internacional. De esta manera, cumplirá con el objetivo de sensibilizar a la población, para que exista solidaridad hacia estas mujeres.

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