El pasado 09 y 10 de octubre, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizaron una conferencia en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad en crímenes contra periodistas, a fin de analizar esta problemática y continuar los esfuerzos para solucionar esta situación. Durante ella, se abordaron, entre otros temas, los posibles mecanismos de protección, estándares de prevención, dimensiones de la violencia y el rol de las cortes en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. En razón a ello, el presente editorial analizará la problemática de los delitos contra periodistas, y las posibles respuestas que surgen ante este tema.

Para empezar, es necesario conocer el estado actual de la problemática. De acuerdo a la CIDH, entre lo que va del 2015 y el 2014, se aproxima que en América Latina han sido asesinados al menos a cuarenta trabajadores de medios de comunicación. Estos crímenes se dan en un continente en el cual, de acuerdo con UNESCO, solamente ocho de cada cien asesinatos de periodistas son resueltos, llevando a que más del 90% de casos queden impunes. Cuando UNESCO ha intentado exigir información al respecto a los países miembros, solo el 42% ha dado respuesta. Esta ineficiencia se da en gran parte porque la mayor cantidad de casos tienen un trasfondo político, en un contexto de alta corrupción y en el cual los funcionarios políticos están dispuestos a trabajar con actores violentos para limitar la labor periodística. Como resultado de estas alarmantes cifras, surge no sólo una preocupación por las actuales víctimas, sino también por el efecto amedrentador que esto puede tener – y que de hecho tiene- sobre actores que buscan denunciar abusos de poder, violaciones a los derechos humanos, conflictos y otros, pues su impunidad tiene una fuerte incidencia sobre la constante repetición de estos crímenes y, en consecuencia, la inseguridad de la profesión.

Ahora bien, previo a examinar cómo efectivamente se debería proteger esta labor, cabría preguntarse: ¿Por qué debería otorgarse una especial protección a los periodistas? En el entendimiento actual del Estado democrático, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información forman parte de sus pilares fundamentales, toda vez que son medios indispensables para que las personas puedan desarrollarse adecuadamente en sociedad y puedan fiscalizar cualquier exceso por parte de los espacios de poder. En ese sentido, una vulneración repetida y sistemática hacia los encargados de promover la libertad de expresión e información de forma continua, constituye una contradicción a dos de los más importantes principios que rigen nuestra vida en comunidad. En ese sentido, la vulneración e intimidación constante de periodistas no solo es una afectación hacia estas personas y una barrera para los medios de comunicación, sino una transgresión hacia las sociedades en su conjunto. Mientras no se garantice la profesión periodística mediante una protección especial, se impide la formación de una ciudadanía informada, activa y capaz de comprometerse y reaccionar ante lo que sucede en su país.

Establecida la necesidad de una protección especial, cabe preguntarse, ¿qué acciones se han tomado hasta ahora? Pues bien, en el 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una primera resolución condenando los crímenes contra cualquier trabajo de medios de comunicación, exhortando a las naciones a actuar para garantizar una situación favorable para el periodismo, previniendo e investigando las acciones perpetuadas en contra de la libre ejecución de esta profesión. Tras este primer esfuerzo, distintas organizaciones, desde la ONU hasta organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, han generado informes, recomendaciones y planes de acción al respecto. Estas propuestas giran en torno a la protección especial hacia trabajadores de medios de comunicación, poniendo especial atención a la corrupción, leyes contrarias a la libertad de expresión, y correcta capacitación y remuneración del periodismo, para que la profesión pueda ser ejercida de la mejor manera. Sin embargo, todos esta documentación no surte efecto si no está acompañada de acciones concretas y genuinas por parte de los Estados encargados de proteger a sus medios. Por esto, la conferencia que se llevo a cabo propone el desarrollo de políticas públicas eficientes, que garanticen la prevención, protección y procuración de justicia eficaz ya mencionadas.

Por todo lo señalado, consideramos que una propuesta adecuada para combatir esta situación debe tener como punto principal la generación de espacios de intercambio a través de los cuales se pueda fiscalizar y mejorar las políticas existentes. En primer lugar, se busca la formulación de planes de acción nacionales –elaborados en conjunto con especialistas y ONGs- que se concreticen en leyes y procesos judiciales. A través de las sesiones, dichos planes deben ser compartidos, y evaluados con la sociedad civil, y de esa forma generar los flujos de información que precisamente se han obstruido. Por otra parte, teniendo en cuenta que el mayor riesgo ocurre en zonas de conflicto, se contempla una mejor capacitación de periodistas en estas zonas, así como mayor facilitación por parte del Estado para la difusión de información obtenido. Finalmente, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sería pertinente la adopción de un tratado y espacio a nivel internacional que permita establecer obligaciones claras con respecto a los Estados parte sobre esta problemática y así sentar las bases para construir todo lo indicado anteriormente.

Teniendo todo esto en cuenta, desde esta casa editorial saludamos los esfuerzos emprendidos en esta reunión, y esperamos que ello se traduzca en acciones concretas por parte de los Estados y organizaciones internacionales. Como se ha dejado claro, si bien las recomendaciones tienen un gran valor, estas no podrán hacer un cambio efectivo si es que no se puede medir efectivamente el progreso de las medidas implementadas por cada Estado. Es esencial llevar adelante estos esfuerzos en cooperación con diversas entidades, que puedan garantizar un proceso transparente, imparcial y adecuadamente fiscalizado. Siempre que no se garantice la libre, segura y efectiva labor periodística, se estarán infringiendo los derechos de expresión e información de la sociedad en conjunto y es por esto, sobre todo, que se debe actuar con urgencia para procurarla.

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