Por Emily Quispe, ex-miembro de la Asociación Civil Themis y estudiante de Derecho de la PUCP.

El último domingo 18, Cuarto Poder emitió un reportaje en el que se presentó una serie de graves denuncias contra el -nada menos que- fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari. Las denuncias giran en torno a abusos psicológicos, físicos y sexuales contra menores de edad. Se recogen diversos e interesantes testimonios contra Figari, quien abusando de su poder de autoridad habría sometido a varios menores a sacarse su ropa interior frente a él, acostarse a su lado, abrazarlo y someterlos sexuales -incluso, los habría violado. Por esta razón, Pedro Salinas, ex miembro Sodalicio de Vida Cristiana y autor del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, lo califica como “depredador sexual”.

Indignante por todos lados. Y más aún cuando varias denuncias apuntarían a demostrar la culpabilidad de Figari. Pero no sólo esto es lamentable. Es vergonzoso que, aún, el Sodalicio de Vida Cristiana no separe de su institución a dicho personaje y que, incluso, anteriormente, haya apostado por la beatificación de German Doig, quien fue Vicario General del Sodalicio de Vida Cristiana y que también habría cometido abusos sexuales contra adolescentes.

Pero en este error no sólo cae dicha institución religiosa sino también -al parecer- algunos de sus laicos. Un triste artículo redactado por Enrique Lanata, que le hace poco honor a la página que publica su artículo: “Lucidez”, intenta salvaguardar la imagen del movimiento al que pertenece, Sodalicio de Vida Cristiana, señalando que él, quien estudió en un colegio sodalite, nunca fue testigo de algún tipo de abuso. ¡Qué bueno por ti, Enrique! Pero, aparentemente, otros no tuvieron la misma suerte que tú. Personalmente, yo no se qué doctrina te enseñaron porque la católica, definitivamente, no fue: el católico, como dices ser, busca la verdad, denuncia los abusos y no intenta ocultar delitos.  El primer deber y obligación del Sodalicio y de sus miembros debió ser con las víctimas no con su propia institución tratando de resaltar algunos de sus aspectos positivos.

Pero esto no es todo. El Sodalicio de Vida Cristiana también ha sido denunciado por hacer dormir a menores de edad en las escaleras, tomar sopa en zapatillas y comer platos de arroz con leche con Kétchup. Tal como lo relata en su testimonio, Martín López de Romaña asegura, que siendo menor de edad, habría sido víctima de maltratos como puñetes en la nuca y golpes con libros en la cabeza. Él ingresó al Sodalicio a los 13 años con autoridad y, definitivamente, debió contar con el permiso de sus padres.

Sobre este punto, quisiera señalar que no dudo que las instituciones religiosas deberían de tener libertad en cómo regirse internamente. Sin embargo, cuando de por medio están menores de edad: ¿cuál debería ser el rol del Estado? ¿El Estado debería de confiar ciegamente, como algunos padres, en que las instituciones religiosas cuidarán respetando los derechos básicos de los menores de edad? Definitivamente, el Estado no debería actuar como un padre confiado y ciego.

Recordemos que varios padres entregaron confiadamente a sus hijos al Sodalicio de Vida Cristiana, creyendo ciegamente en dicha institución, pensando -ingenuamente- que dentro sus hijos se encontraban  protegidos. Grave error en el que el Estado no puede caer.

No debemos esperar a que se produzcan otros hechos de violencia contra menores. Ningún menor en cualquier institución religiosa está a salvo de evitar toparse con un futuro Luis Figari. Cuando se trata de menores de edad, por lo menos el Estado debería de tomar un registro de los menores y autoridades a su cargo, para que -de esta forma- los procesos de denuncia sean rápidos y eficaces.

En síntesis, lo que propongo es que los menores de edad -como sus padres- sigan siendo libres de optar por ingresar a algún centro religioso. Definitivamente, nadie puede negarles la oportunidad de llevar la vida que deseen bajo las órdenes que ellos consideren correctas. No obstante, cuando de por medio hay menores de edad, el Estado no debería otorgarle una fe ciega a los centros religiosos. No apuesto porque el Estado se inmiscuya por completo en la vida de los menores de edad en comunidades religiosas, pero si considero debería existir algún tipo de fiscalización. En principio, como ya lo señalé, por lo menos, debería existir un medio de control o registro de los menores que entran a estas instituciones religiosas. Así, como de sus superiores directos para que, en caso, ocurriera algún tipo de violencia se conozca rápidamente a los responsables. Seguidamente, debería de existir algún tipo de fiscalización sobre el uso de castigos o medio físicos empleados contra menores de edad. Asimismo, debería tomarse, cada cierto tiempo, el testimonio de dichos menores, para asegurar su bienestar e integridad.

Me parece que las medidas propuestas no afectan la libertad de las comunidades religiosas, ya que -en principio- ningún menor de edad es sometido a maltratos psíquicos o físicos. Por lo tanto, no hay nada que temer. En ese sentido, lo propuesto beneficiaría, sin duda, a las instituciones religiosas, dado que las volvería  más serias y confiables ante terceros.

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