Ante el reciente comunicado de la Organización Mundial de la Salud en el que advierte que la carne procesada produce cáncer, no va a faltar algún trasnochado congresista que solicite aumento de cárcel para los casos de comercialización de este tipo de productos en mal estado. Aún cuando no se tiene la seguridad de que criminalizando las conductas relativas al consumo carne y embutidos procesados con preservantes y saborizantes, entre otros químicos (que en varios casos son colocados para disimular el estado del producto en venta), estos dejaran de ser consumidos, o lo serán en menor medida.

Del lado de la neurociencia se ha llegado a comprobar que “el cerebro nos engaña” (ahí están los experimentos de Libet, Roth y las investigaciones de Gazzaniga). En muchos casos el consumidor se guía por el sabor, que no necesariamente guarda relación con la buena calidad del producto. En paralelo, el ciudadano común y corriente considera que criminalizar la mayor cantidad de conductas, o que se les incremente las (ya altas) penas, significará un combate más efectivo contra la inseguridad ciudadana (cuya percepción llegó al 85.8% en el 2014). Nada más erróneo que esta creencia. Tal vez el ciudadano repita experiencias sociales o familiares relativas al uso de la violencia y no conozca otros tratamientos alternativos para afrontar los conflictos. Por ello, recurre a lo que siempre ha “mamado”: violencia. Esa misma violencia con la que los medios informativos nos despiertan e inician el día relatándonos cuántas personas han muerto o cómo se han producido los accidentes de tránsito, asaltos, violaciones, etc. Entonces, el ciudadano no tiene otra alternativa más que repetir lo que siempre ha visto y aún continúa apreciando.

Sin embargo, así como para el consumidor es engañoso alimentarse con carne y embutidos procesados por muy sabrosos que parezcan pues, a la larga, puede conllevar a una afección de cáncer. Del mismo modo, el tratamiento de conflictos en base únicamente a la utilización de la violencia formal, léase cárcel, tampoco resulta beneficioso ni saludable para una ciudadanía que se ve inmersa en una violencia como círculo vicioso y sin salida (el INEI informa que 616 personas son víctimas cada hora de un hecho delictivo que se denuncia, sin incluir la cifra negra).

Urge entonces darnos cuenta de inmediato de que, para combatir la inseguridad ciudadana, es necesario el diseño de un sistema político criminal en el que no se desdeñe las propuestas multisectoriales –sociológicas, educativas, antropológicas, estadísticas, etc,- que describan dónde y por qué se generan los conflictos y cuyas conclusiones se integren a una política legislativa, penal y a un tratamiento administrativo digno para los operadores de justicia, asentado en una política remunerativa acorde con su trabajo, dotándolos de condiciones para que realicen su labor pero con la exigencia de un altísimo nivel formativo.

Lo contrario significará para el ciudadano continuar engañándose al creer -pese a que la realidad le dice lo contrario- que con la creación de más delitos y elevación de las penas de cárcel se pueda alcanzar algún nivel de seguridad ciudadana, cuando la corrupción y la mediocridad, no en pocas oportunidades, son las que definen la resolución de los casos. A los que se resignan a esto último, no les quedará más remedio que seguir echando crema de cárcel y continuar saboreando su hamburguesa oncológica.

Ya tocamos fondo, ¿no?; es tiempo de que reaccionemos, de cada uno de nosotros depende cómo y con qué despertaremos mañana.

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