El pasado lunes Enfoque Derecho inauguró la #SemanaDeLasSentencias, un espacio en el cual publicamos una serie de artículos y entrevistas a especialistas del derecho para que nos comenten sobre las sentencias más trascendentales de nuestro rubro. En razón a ello, el presente editorial tendrá como objetivo analizar brevemente el rol de las sentencias para el desarrollo de una disciplina jurídica que desde la segunda mitad del siglo XX ha experimentado un gran progreso: el Derecho Penal Internacional. De esa manera, en las próximas líneas comentaremos el impacto de la Sentencia del Tribunal Militar de Núremberg en el camino a la conformación de la Corte Penal Internacional.

Al culminar la Segunda Guerra Mundial, y ante la necesidad de hacer frente a la gran magnitud de genocidios y masacres cometidas, desde la comunidad internacional  se hacía necesaria la creación de una estructura jurisdiccional organizada que permitiese emitir sentencias justas que condenaran a los dirigentes y ejecutores de los crímenes perpetrados. De esa manera, bajo dicho contexto es que se optó por constituir el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, el cual tendría competencia para juzgar crímenes de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como era de esperarse, un Tribunal Penal Internacional de esta naturaleza no tenía precedentes, por lo que la sentencia emitida no tardó en desatar una polémica hasta hoy recordada, en la que se alegaba que la sentencia emitida no respetaba los más básicos principios jurisdiccionales, tales como el principio de legalidad, el de proporcionalidad, así como tampoco garantías procesales básicas como  el derecho a un juez imparcial, entre otras.

En ese sentido, la sentencia evidenció la necesidad de desarrollar convenios, tratados y estatutos para darle respaldo a futuras sentencias vinculadas al Derecho Penal Internacional. Así, ante esta necesidad, se desarrollaron algunos de los documentos internacionales más importantes, encontrándose entre ellos los siguientes: los Convenios de Ginebra de 1949, con sus protocolos adicionales (1977), la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1951), la Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973), entre otros. Vale precisar que, gracias a este desarrollo, las sentencias posteriores dadas en aplicación del Derecho Penal Internacional tendrían un respaldo más consolidado bajo este auge de tratados. Sin embargo, persistía un problema: ¿cómo decidir la configuración de tribunales?

Este problema no tuvo solución sino hasta el aporte que la experiencia de la conformación de los Tribunales de la ex Yugoslavia (1993) y Ruanda (1995) dejó como legado. Como sabemos, tanto para el caso de la ex Yugoslavia  como para el caso del genocidio de Ruanda, la paz y la seguridad internacional fueron vulneradas producto de la comisión de crímenes atroces y generalizados en dichos países. En razón a ello, se exigía una rápida respuesta de la comunidad internacional. Fue bajo dicha necesidad que el Consejo de Seguridad dispuso establecer Tribunales ad hoc para cada conflicto a fin de prevenir y frenar los crímenes cometidos, así como para imputar responsabilidad penal a los individuos involucrados, atendiendo a la magnitud y barbaridad de las masacres.

Las sentencias de estos tribunales dejaron como legado los siguientes aportes: (i) se aceptó que los crímenes de guerra pueden darse tanto en conflictos armados nacionales como internacionales; (ii) que la violencia sexual va mucho más allá de una violación sexual, y que incluye prácticas como esterilizaciones, abortos, etc; (iii) que el concepto de genocidio no solo implica una matanza masiva, sino que basta que exista una intención que tenga como objetivo eliminar un grupo determinado, así como también aceptar que las deportaciones, privación de alimentación, entre otras prácticas se incluyen en dicho concepto; (iv) que los crímenes de lesa humanidad ya no requerían un vínculo necesario con un conflicto armado y, finalmente; y (v) se aceptó desestimar la inmunidad de cualquier cargo oficial, ni siquiera el de un jefe de estado. Un ejemplo de este último, fue el caso del primer ministro de Ruanda.

Tras todas estas experiencias, en 1998 se llevó a cabo una conferencia en Roma en la que se aprobó el  Estatuto de Roma, el cual entró en vigencia en el 2002 con la ratificación de 60 estados. Lo que caracteriza a este importante estatuto es su carácter permanente y su vocación universal. El Artículo 5 le otorga competencia sobre 4 crímenes: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Este estatuto, además, vela por el principio de legalidad, (art. 21,22 y 23); y, en su artículo 77 prohíbe que se aplique la pena de muerte, atendiendo a la crítica que se hizo en los juicios de Núremberg sobre el principio de proporcionalidad. Como se puede apreciar, las consideraciones y criterios de las sentencias de Núremberg, Ruanda y la ex Yugoslavia fueron plasmadas en este Estatuto.

Para finalizar, en mérito a todo lo antes dicho, podemos concluir que las Sentencias de Núremberg, ex Yugoslavia y Ruanda han dejado un legado indiscutible. Sin duda, la experiencia de las mismas ha coadyuvado a definir lo que el Derecho Penal Internacional es hoy en día. Si bien algunas pueden haber estado sujetas a críticas, es evidente que las mismas han sido constructivas para el resarcimiento de sus deficiencias en experiencias posteriores. Desde esta casa editorial consideramos que, si bien aún quedan muchos pendientes, resulta innegable el auge y desarrollo que ha tenido el Derecho Penal Internacional en las últimas décadas. Fue a partir de las deficiencias de su desarrollo jurisprudencial que logró encontrar diversas falencias y mediante ello se logró un gran avance como disciplina jurídica. Consideramos que esta es la manera correcta de hacerle justicia a los crímenes cometidos, utilizando sus lecciones para impedir que situaciones semejantes vuelvan a repetirse a partir del fortalecimiento de una correcta estructura jurisdiccional, en este caso la de la Corte Penal Internacional.

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