Hace más de 2500 años Aristóteles postuló el principio de identidad como uno de los principios elementales de la lógica. El concepto que desarrolló no es demasiado complejo y todo el mundo lo sabe inconscientemente aunque nunca haya llevado el curso de Lógica en Letras. Las cosas son idénticas a sí mismas. Es decir, A es A, y B es B. Un perro es un perro y un gato es un gato. Así, A no puede no ser A, mientras que un perro no puede no ser un perro. Y consecuentemente, A no puede ser B y un perro no puede ser un gato.

Este principio, como todos los principios lógicos, es universal y debiera aplicarse a todos los supuestos a los que se aboque el razonamiento humano. Algunos dirían incluso que es evidente, demostrado siempre por la experiencia y constatable con facilidad. Pero ello no es así para el derecho peruano, donde la ley puede sobreponerse a todos los obstáculos, incluidos los de Aristóteles.

Me explico. Cuando uno está en el segundo ciclo de la Facultad de Derecho, es usual que lleve el curso de Derechos Reales. En este, uno de los primeros temas que se analiza (sino el primero) se refiere a los bienes. Los derechos reales, nos explica el profesor, son aquellos que vinculan a los sujetos con los bienes, y se incluye dentro de ellos a la posesión, la propiedad, el usufructo y la superficie, entre otros.

Antes de entrar a estudiar el contenido exacto de cada uno de estos derechos, el profesor dedica algunos minutos a definir qué son los bienes, pues es necesario tener claro qué es aquello sobre lo cual uno puede ser propietario, poseedor o usufructuario. ¿Cuál es el objeto de un derecho real? se suele preguntar y luego de la usual (y confusa) lluvia de ideas, se termina concluyendo que los bienes son activos susceptibles de valoración económica por los sujetos de derecho en una sociedad determinada.

Pero con ello no acaba el análisis, pues inmediatamente el profesor explica que existe una enorme variedad de clasificaciones para los bienes, con mayor o menor relevancia jurídica. Están los bienes muebles y los inmuebles, los bienes registrables y los bienes no susceptibles de registro, los bienes consumibles y los no consumibles, entre tantas otras. Y ahí, entre la larga lista de clasificaciones que se han hecho a lo largo de los años, se colará una de extraordinaria importancia. Los bienes pueden ser materiales o inmateriales (o corporales e incorporales o tangibles e intangibles, según la preferencia del profesor).

Se profundiza entonces, para explicar que los bienes son inmateriales cuando se trata de derechos. A diferencia de las casas, los carros y los libros que pueden ser vistos y tocados; las marcas, los derechos de crédito y los demás derechos son invisibles e intocables. No por ello dejan de ser susceptibles de ser objeto de un derecho real, pues todavía están dentro del comercio y se negocian y tranzan como cualquier otro bien en el mercado[1].

Y el alumno apunta con tranquilidad y continúa con la clase, sin mayores cuestionamientos. No es su culpa, pues aún no ha terminado de llevar el curso de Acto Jurídico (ni mucho menos vislumbra Obligaciones) y no tiene por qué saber más que lo que le acaban de decir. No puede imaginar que en ese momento Aristóteles está dando vueltas en su tumba, ni que el principio de identidad ha quedado golpeado y por las patas de los caballos.

¿Cuál es el problema con la explicación del profesor? Es simple, aunque no lo parezca. Por el momento, no me referiré a los derechos relacionados con áreas especializadas del derecho, tales como las marcas, las acciones, las concesiones de servicios públicos, (que arbitrariamente pueden ser bienes muebles o inmuebles), pues cada uno de ellos merece un artículo (o una tesis) propia. Por ahora, me referiré solo a los derechos de crédito, aunque creo que el ejercicio puede, y debe, ser extendido a todos los bienes incorporales.

Para entender este punto, primero hay que tener claro en qué se diferencian la titularidad de un derecho real sobre un bien y la titularidad de un derecho de crédito. Por un lado, cuando se tiene un derecho real (como la propiedad) sobre un bien, el derecho se caracteriza por dos factores. En primer lugar, existe un poder del propietario sobre el bien, que le permite usar y disfrutar plenamente del mismo. En segundo lugar, el derecho de propiedad es oponible erga omnes, por lo cual se entiende que ningún tercero puede usar o disfrutar del bien sin el consentimiento del propietario y este puede excluir o recuperar el bien si ello no fuera respetado.

A modo de ejemplo, si Ticio es propietario de un predio, este tiene el poder de usar y disfrutar del mismo (por ejemplo, viviendo en él o plantando y cosechando cultivos) y además tiene el derecho a excluir a terceros de usar el bien. Ticio tiene derecho a impedir que cualquier tercero entre, use o disfrute del predio, si es que previamente no ha dado su consentimiento. Si es que Sempronio usurpara el terreno y lo utilizara en su propio beneficio, Ticio tendría el derecho a reivindicar el inmueble y a solicitar los daños y perjuicios que pudiera corresponder.

Lo mismo no ocurre cuando un sujeto es titular de un derecho de crédito. En el Derecho de Obligaciones, una relación obligatoria es una relación jurídica en la que un sujeto denominado deudor se encuentra constreñido a ejecutar una prestación de contenido patrimonial a favor de un sujeto denominado acreedor, quien tiene el derecho a exigir su cumplimiento. Así, en este caso el activo es del acreedor y consiste en el derecho de crédito por medio del cual puede recibir y, de ser el caso exigir, el cumplimiento de la prestación.

Siguiendo con los ejemplos, es posible que Ticio y Sempronio celebren un contrato de compraventa por medio del cual Ticio venda a Sempronio el predio del cual es propietario. En virtud de este contrato, Sempronio estará obligado a pagar el precio por el bien, quedando constreñido al cumplimiento de una prestación de dar una suma de dinero a favor de Ticio. Por su parte, Ticio contará con un derecho de crédito consistente en el poder para exigir el pago de esa suma de dinero. En términos contables, Ticio tiene una cuenta por cobrar.

Evidentemente, las situaciones descritas en el primer y segundo ejemplo son completamente diferentes. Las relaciones obligatorias y los derechos de crédito (como el del cobro del precio) pueden surgir de una serie de fuentes pero siempre son relaciones complejas de las cuales el sujeto activo es parte. Quien ostenta el derecho de crédito se encuentra en uno de los polos de la relación jurídica obligatoria y su presencia es un requisito indispensable de ella, pues no puede existir relación jurídica alguna en ausencia de dos o más sujetos. De esta manera, la vinculación con el “bien” en este caso se basa en que el acreedor está inmerso en el derecho de crédito, como parte de una relación jurídica bilateral.

Ello en nada se parece a lo que vincula a Ticio con su predio. Hemos explicado ya que este último puede ejercer un poder directo sobre la cosa de la que es propietario (pudiendo usar y disfrutar de ella) y que puede oponer su propiedad erga omnes, de tal manera que nadie entre o use el bien sin su consentimiento. Se trata de una vinculación directa en la que Ticio es un sujeto completamente ajeno y diferente del bien del cual es propietario. Claramente, Ticio no puede ser parte de su predio y su propiedad no supone una relación con nadie (más allá de la oponibilidad frente a absolutamente todos los miembros de la sociedad).

Así, ninguna de las características que definen a los derechos reales sobre las cosas corporales es aplicable respecto de la titularidad sobre un derecho de crédito. Un acreedor no puede “usar” o “disfrutar” de un derecho de crédito en los mismos términos que Ticio puede usar y disfrutar de su predio. Ticio puede cobrar el derecho de crédito en los términos y condiciones de la relación obligatoria y del Derecho de Obligaciones y nada más.

Igualmente, no podemos hablar de una oponibilidad erga omnes cuando estamos hablando de un derecho de crédito, en los mismos términos que respecto de un predio. La obligación es oponible al deudor y algún tercero podría tratar de apropiarse o hacer uso de ella, dado que no es parte de la relación ni podría inmiscuirse en ella. Los artículos que protegen a un propietario de que los terceros afecten sus bienes no son útiles para proteger a los acreedores de las intervenciones de terceros en las relaciones obligatorias (para lo cual están las normas de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de tercero, pago indebido, entre otras).

Por ello, considero claro que los derechos de crédito no pueden ser concebidos como bienes de los cuales el acreedor es propietario. Al tratarse de una relación jurídica de la cual el acreedor es parte, el acreedor puede ser titular del derecho de crédito pero no propietario del mismo. Esta titularidad se debe regir por las reglas del Derecho de Obligaciones y no por las reglas de los Derechos Reales.

Si esto claramente es así, ¿por qué se ha creado esta confusión de conceptos en nuestro ordenamiento? La respuesta está relacionada con la circulación que el mercado exige para los derechos. En los últimos siglos, las economías de mercado han dependido cada vez más de la circulación no solo de bienes y servicios, sino también de derechos patrimoniales. Los balances de las empresas, bancos e instituciones financieras muestran siempre cuentas por cobrar que puede ser preferible transferir a cambio de un precio, obteniendo un pago inmediato y líquido por una cuenta por cobrar a futuro.

Asimismo, la influencia del derecho anglosajón también tiene que ser tomada en cuenta. Bajo estos ordenamientos, es común que la propiedad y la compraventa no existan solo sobre bienes, sino sobre todo tipo de titularidades, incluyendo los derechos de crédito o accounts receivable. Al importar las figuras contractuales anglosajonas a la contratación en el Perú, sobre todo si existen empresas extranjeras de por medio, importamos también una concepción de los derechos como bienes.

En adición a ello, el financiamiento moderno ha jugado también un papel importante. Tradicionalmente, la hipoteca se ha constituido sobre bienes inmuebles y la prenda (ahora garantía mobiliaria) sobre bienes muebles. Dado que los derechos pueden jugar un papel muy importante en el balance de una empresa, es un requisito imprescindible del mercado actual que estos puedan ser objeto de una garantía, incluyendo una hipoteca o una garantía mobiliaria. Es por ello que la razón más común que se da a la pregunta de por qué los derechos deben ser bienes muebles o inmuebles, es que ello es necesario para que sea posible otorgar hipoteca o garantía mobiliaria sobre ellos.

¿Y no había una mejor solución? Como mencioné anteriormente, la inclusión de los derechos como bienes puede generar un sinfín de confusiones y acrobacias interpretativas. Pongo algunos ejemplos. De acuerdo con el artículo 885 del Código Civil, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro se consideran también bienes inmuebles. Por tanto, si uno otorga un derecho de superficie sobre un predio, el derecho de superficie se considerará también un bien inmueble. Entonces, es posible que se otorgue una hipoteca sobre el derecho de superficie, con lo cual se aplicará supletoriamente las reglas del Código Civil sobre la hipoteca.

En ese sentido, el artículo 1101 del Código Civil dispone que “la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios, y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo pacto distinto”.  ¿Es este artículo aplicable a una hipoteca sobre un derecho de superficie? Empezaríamos viendo que las partes integrantes están definidas en el artículo 887 del Código Civil como lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien, mientras que el artículo 888 define a los bienes accesorios como los bienes que, sin perder su individualidad, están permanentemente afectados un fin económico u ornamental con respecto a otro bien.

Entonces, ¿un derecho de superficie puede tener partes integrantes o bienes accesorios? ¿Podemos considerar que los bienes materiales (las construcciones o los bienes en ellas) pueden ser parte integrante o bien accesorio de un bien inmueble inmaterial como es el derecho de superficie? ¿Están cubiertos por el derecho de hipoteca sobre el derecho de superficie?

No lo sabemos. Este es uno de esos casos en los que las partes del proceso de ejecución de hipoteca se lanzarán a las acrobacias interpretativas para determinar la extensión a la misma. Si se tratara de una hipoteca sobre un predio no habría mayor controversia, puesto que podríamos identificar con mayor facilidad cuáles son las partes integrantes y los bienes accesorios. En este caso, en cambio, los abogados podrán innovar en sus argumentos. Al hacer de la superficie un bien inmueble y buscar la aplicación de un artículo evidentemente pensado para una cosa corporal, complicamos infinitamente la resolución del problema.

Un segundo ejemplo. El artículo 1484 y siguientes del Código Civil establecen el régimen del saneamiento para toda compraventa, incluyendo el saneamiento por vicios ocultos. Si se transfiere un derecho de superficie y existen vicios en las construcciones del predio, ¿puedo aplicar el artículo 1503 del Código Civil y solicitar el saneamiento? ¿Serían aplicables los reducidos plazos de caducidad del artículo 1514? Lo mismo puede preguntarse de cualquier tipo de derecho que se transfiera como bien inmaterial (tales como acciones y marcas, entre otros), aunque ese tipo de bienes podrá ser materia de otro artículo.

Estos son solo ejemplos simples de supuestos en que la calificación de los derechos como bienes puede generar complicaciones en la interpretación y aplicación de la ley, pero existe una cantidad ilimitada de ellos en función al caso concreto. Cada vez que estemos tratando con la disposición o gravamen de derechos existirá una confusión entre la naturaleza del bien otorgado en garantía, que tendrá a la vez un rol como derecho y otro como bien. Esto se presta a interpretaciones maliciosas y confusiones jurídicas que pueden perjudicar los derechos de acreedores o de terceros.

La solución entonces está con Aristóteles. Las cosas son idénticas a sí mismas y a nada más. No podemos unificar dos conceptos jurídicos claramente diferenciados en la ley y en la doctrina y tratarlos bajo la categoría de bienes, si luego la regulación legal es incompatible con uno de dichos conceptos. En el medio peruano ya autores como Alfredo Bullard y Jorge Avendaño han criticado la clasificación de los bienes como muebles e inmuebles y la división de los derechos patrimoniales entre derechos reales y obligacionales. Añado una complicación más proponiendo que no dividamos entre bienes materiales e inmateriales. No solo es conceptualmente incorrecta, sino que tiene poco beneficio práctico. Para asegurar la posibilidad de gravar los derechos es más simple establecer que la hipoteca y garantía mobiliaria pueden recaer sobre ellos. Incluyamos ahí el numerus apertus. Dejemos la disposición y circulación de los derechos a las normas de Obligaciones y a la ley especial. Mientras que no lo hagamos, continuaremos con una regulación disfuncional que se presta a interpretaciones maliciosas, y dejaremos que Aristóteles siga dando vueltas.


[1] En ese sentido, Francisco Avendaño explica que “Los bienes corporales son los que tienen existencia tangible, ocupan una parte del espacio, por lo que pueden ser percibidos por los sentidos. Es caso de un carro, una casa o un animal. Los bienes incorporales carecen de existencia corporal y son producto de la creación intelectual del hombre. Solo se pueden percibir intelectualmente. El ordenamiento jurídico valora como objeto de relaciones reales determinadas realidades carentes de existencia corporal. Estas realidades son los derechos, como el usufructo o una concesión o las obras literarias. Los créditos también pueden ser bienes, cuando se incorporan en una relación jurídico real.” AVENDAÑO A., Francisco. “Comentarios a los artículo 885 y 886 del Código Civil Peruano de 1984”. En: El Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Lima: Gaceta Jurídica, 2003, Tomo V.

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