La Constitución ha consagrado la autonomía universitaria como una garantía del auto-gobierno de las universidades, frente a las intromisiones del poder político de turno, para que puedan desarrollar con libertad de cátedra su quehacer en la formación académica y profesional.

Sin embargo, en la actualidad ya no es el poder político, sino son los propios grupos de poder de las universidades públicas y los poderes  privados -que entienden la educación universitaria como  un negocio, antes que un servicio público-, los que han  generado un estado de cosas inconstitucionales, dada la deficiente formación profesional no solo de sus alumnos, sino también la insuficiente preparación académica de  muchos sus profesores y la turbia gestión  de las autoridades de algunas universidades públicas y privadas.

Por eso, el Tribunal Constitucional no ha podido menos que desestimar las cuatro demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra la Ley Universitaria, Ley N. 30220. Pero, en materia de autonomía universitaria más por falta de argumentos de los demandantes, que por la derrotabilidad de los argumentos esgrimidos.

Así, el TC les recuerda que cuando el constituyente de 1993 reconoció la autonomía a las universidades, lo hizo con el propósito  de garantizar a los alumnos y profesores  el desarrollo del conocimiento de manera completamente libre de interferencias políticas o ideológicas.

Pero, como siempre lo ha reiterado, la autonomía no supone autarquía y, por ende, no se confirió a las universidades dicha garantía para mantenerlas al margen del ordenamiento jurídico del Estado al cual pertenecen, sino más bien para que, dentro de él, puedan desempeñar su labor sin controles ideológicos.

Por eso, el TC precisa que “(…) no se amenaza o vulnera la autonomía universitaria cuando el legislador realiza una regulación que incluso incida en ciertos aspectos propios de la misión que la Constitución ha otorgado a dichas instituciones públicas o privadas. Habría, en cambio, una violación de la autonomía universitaria, o una amenaza cierta e inminente de su vulneración, si se trata de una incidencia desproporcionada o arbitraria en las competencias conferidas a las universidades que las despoje de sus atribuciones, o que las limite en forma irrazonable” (FJ 50).

Solo en una democracia madura no hay poderes públicos o privados exentos de control constitucional y/o legal. Por eso, con la sentencia del TC, el Estado de Derecho ha quedado reforzado y el derecho a la educación universitaria de la Ley N. 30220 convalidado.”

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here