En julio de este año, Perú 21 difundió un audio que ponía a Alfredo Quispe Pariona, electo representante del Colegio Profesional de Psicólogos ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), bajo sospecha. En este, Quispe señalaba que los presuntos actos de colusión que habría realizado con el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en beneficio de determinados estudiantes eran ““inmoral(es), pero no (es) delito”. Ante esta situación, y mientras el audio era sometido a peritaje, se decidió suspender al funcionario. No obstante, esta semana la situación llegó a un estado crítico. A pesar de la gravedad de lo hechos, el CNM decidió la reincorporación de Quispe a su cargo, por cinco votos a favor y uno en contra. El voto contrario pertenecía a Pablo Talavera, quien renunció a la presidencia del organismo en acto de protesta. Sin embargo, tras las críticas de diversas organizaciones civiles y congresistas, el CNM declaró la nulidad del acuerdo 1435-2015, el cual ratificaba al consejero y finalmente lo destituyó. En marco de esto, el presente editorial analizará las implicancias de lo sucedido y cómo este hecho pone en cuestionamiento el funcionamiento correcto del CNM.

Para entenderlo a cabalidad, primero cabe definir qué es el Consejo Nacional de Magistratura. El CNM es un organismo constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles del sistema judicial. Como tal, es independiente de otros poderes, y se rige por ley orgánica. Debido a su influencia en el ámbito judicial del Perú, está compuesto por miembros de diversos perfiles. Esto quiere decir que, además de los jueces, fiscales y miembros del Colegio de Abogados, entre sus miembros se deben encontrar representantes de los colegios profesionales y universidades nacionales y privadas, sin que estos tengan necesariamente una formación jurídica. Con este carácter interdisciplinario, se buscan asegurar los principios de independencia e imparcialidad judicial, pues la elección de jueces y fiscales no proviene del sector político, sino de un grupo representativo de las entidades públicas y la sociedad civil.

Teniendo todo esto en cuenta, y ante el caso particular, surgen varios cuestionamientos sobre la actuación del CNM y sus miembros. Las decisiones tomadas con respecto a Quispe Pariona, y el retroceso del CNM frente su restitución como consejero, muestran que esta decisión no tenía un sustento válido y defendible. Si bien la nulidad del acuerdo que reincorporaba a Quispe en su cargo es positiva para el organismo, es preocupante que haya surgido como respuesta a las presiones de colectivos civiles, y que además se produzca sabiendo que la Comisión de Justicia del Congreso de la República planeaba citar al nuevo presidente del CNM, Guido Águila, junto a Pablo Talavera, para esclarecer la situación. En este contexto, se da a entender que la rectificación surge más debido a un interés de permanencia en el cargo, antes que una verdadera preocupación por la calidad del representante.

Por si no fuera poco lo ya descrito, no es la primera vez que se cuestiona a un consejero del CNM. Guido Águila, quien asume la presidencia tras la renuncia de Talavera, es cuestionado por tener lazos con Rodolfo Orellana y, de manera similar, el consejero Gutiérrez Pebe ha sido cuestionado por sus vínculos con el APRA.  Ante situaciones como estas, el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha denunciado reiteradamente la falta de garantías de la nueva composición del Consejo. Todo esto nos lleva a cuestionar el actual funcionamiento del CNM, y sus gravísimos efectos sobre el Estado de Derecho. En tanto entidad encargada del control de la actividad de judicatura, debería demostrar un estándar de actuación legal y moral, e inspirar confianza en la sociedad. Al no lograr hacerlo, pone en cuestión no solo a sus miembros, sino también a toda la actividad y decisiones tomadas recientemente, poniendo en jaque a los actores del sistema judicial.

Por todo lo señalado, desde esta casa editorial, consideramos necesario que se revierta la actual situación de desprestigio del CNM, implicando ello las sanciones correspondientes por parte del Congreso hacia todos los consejeros que se han visto involucrados en este vergonzoso incidente. La función del Consejo Nacional de la Magistratura es vital para el desarrollo del Estado de Derecho; por ello, resulta necesario recuperar dicha institución a partir de funcionarios que cumplan adecuadamente las funciones que les han sido asignadas. Esperamos que se tomen cartas en el asunto y, de esta forma, se sienten las bases para mejorar nuestro alicaído sistema de justicia.

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