Por Julissa Mantilla Falcón, abogada por la PUCP y docente de la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP.


Usualmente, al iniciar mis clases o alguna conferencia les pido a los participantes que mencionen algún ejemplo de violación al derecho a la vida que suceda en sus países. Por lo general, los ejemplos se repiten: ejecución arbitraria, desaparición forzada, masacres. Sin embargo, nunca se menciona el caso de la mortalidad materna, no obstante que las cifras en América Latina demuestran la generalidad y gravedad de estos casos.

Algo está pasando, por tanto, cuando al momento de hablar de derechos humanos, los derechos de las mujeres no aparecen de inmediato. Lamentablemente, el estudio de los derechos humanos se sigue desarrollando desde una visión androcéntrica que no visibiliza las situaciones que afectan a las mujeres.

La violencia de género y el caso de los derechos sexuales y reproductivos son ejemplos de ello. Quisiera, por tanto, resaltar cuatro casos que permiten reforzar lo anteriormente dicho.

El primero tiene que ver con la violencia sexual y su regulación por el Derecho Penal. Como se sabe, el Código Penal de 1924 permitía que si la víctima de violación sexual se casaba con su agresor, este no iba a la cárcel. Incluso si se trataba de una violación en banda, bastaba que uno de los agresores accediera al matrimonio con la víctima para que todos resultaran liberados. Si bien esto fue modificado con el Código Penal de 1991, cabe reflexionar cómo durante mucho tiempo el Derecho legitimaba y propiciaba la consolidación de familias surgidas de la violencia. Los derechos de las mujeres y su decisión de casarse y tener hijos eran ignoradas por una regulación normativa que pretendía resolver el asunto de la agresión sexual con la imposición de un matrimonio. Ni el Derecho Penal ni el de Familia ni las demás ramas del Derecho se han planteado el estudio de estas familias surgidas de la violencia de género.

El segundo ejemplo tiene que ver con el feminicidio, definido como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión[1]”. No hay dudas de la gravedad de estos hechos en el Perú, que se ubica entre los primeros lugares en América Latina en este tema[2], habiéndose tipificado como delito desde el 2011. Ahora bien, el análisis de género del Derecho no puede limitarse a la aprobación de leyes y la creación de tipos penales. No sirve de nada, por cierto, aumentar las penas en los casos de feminicidio cuando en la enseñanza clásica del Derecho se sigue utilizando la infidelidad femenina como ejemplo clásico del atenuante de emoción violenta para el homicidio. Y las consecuencias de esta manera de entender el Derecho se encuentran a la vista, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que no se cuestiona la aplicación de esta atenuante cuando el estímulo que genera la reacción se ubica en la conducta de la cónyuge infiel[3].

El tercer ejemplo tiene que ver con la despenalización del aborto por violación sexual, iniciativa que lamentablemente ha sido recientemente archivada en nuestro país. Más allá de los estándares internacionales y comparados que explican con claridad por qué no puede imponerse a las mujeres y niñas víctimas de estos hechos una maternidad forzada, hay un estereotipo de género que sustenta la oposición a la despenalización. Efectivamente, la creencia de que todas las mujeres -antes o después- quieren y deben ser madres, fundamenta la condena de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso cuando este se ha producido bajo condiciones de violencia. Sin embargo, entender realmente lo que significa el derecho a la autonomía reproductiva[4] e incluirlo en el debate de la despenalización, permitiría comprender que las mujeres gozan del derecho a decidir libre y responsablemente si desean ser madres o no, así como el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos.

Finalmente, el cuarto ejemplo es el de la violencia obstétrica, definida como cualquier acción u omisión por parte del personal de los servicios de salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se puede expresar en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, los tratos crueles e inhumanos o un abuso de la medicación, “menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos”[5]. Estas agresiones constituyen una práctica naturalizada tanto en los servicios públicos como privados de salud. Sin embargo, en la actualidad se viene desarrollando una discusión –por ejemplo, en países como Argentina y México- que permite ubicar estas conductas como tratos crueles, inhumanos y degradantes que, incluso, pueden llegar a configurar situaciones de tortura.

Un análisis de género del Derecho es, por tanto, una herramienta que permite visibilizar las situaciones que afectan los derechos humanos de las mujeres, incrementar el ámbito de protección de estos derechos y enriquecer la discusión académica y la aplicación real de la normativa, la jurisprudencia y la doctrina jurídica.


[1] OACNUDH, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), 2014.

[2] CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Informe Anual 2013 – 2014.

[3] Díaz Castillo, Ingrid, “Homicidio por emoción violenta y perspectiva de género: el caso de las mujeres víctimas de violencia que dan muerte a sus parejas”, p. 85, en: DEMUS, Observatorio de Sentencias Judiciales, 2014.

[4] Artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

[5] GIRE, “Violencia Obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”, 2015.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here