El pasado lunes, la comunidad universitaria quedó encandilada luego de que los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) salieran a las calles demandando la salida de Pedro Cotillo como rector de la Decana de América. Este suceso tuvo como principal causa la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) de desconocer todos los grados y títulos universitarios que emitiera esta casa de estudios, ante su falta de adecuación a la Ley Universitaria.

Ante este panorama, el Consejo Universitario de dicha universidad no tardó en pronunciarse anunciando la elección de la Dra. Antonia Castro Rodríguez como rectora interina de San Marcos para la adecuación a la ley. Pues, a pesar de dicha elección, otro grupo de decanos y profesores manifestaron su disconformidad aludiendo que dicha elección careció de legalidad y que se estaba perpetrando el delito de usurpación de funciones. Asimismo, anunciaron la elección del Dr. Bernardino Ramírez como rector interino, desembocando así, una controversia por saber quién sería el legítimo rector.

El pasado viernes 08 de enero, finalmente, se reconoció a la Dra. Antonia Castro Rodríguez como rectora interina de la UNMSM, según un oficio de la SUNEDU enviado a ésta última. Es en mérito al presente panorama que en el siguiente editorial analizaremos esta situación en consonancia con la Ley Universitaria, que aunque muchos estén en desacuerdo con ella, es la aplicable al caso en concreto.

La mencionada Ley Universitaria entró en vigencia el 10 de julio de 2014. En la Primera Disposición Final Transitoria de dicha ley se establece el proceso de adecuación del gobierno de las universidades públicas, siendo éste el siguiente:

  1. Al 10 de julio quedaban suspendidas todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que las nuevas autoridades asuman el cargo.
  2. En los siguientes 10 días de la vigencia de esta norma, se conforma un Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo, el cual tiene que convocar, conducir y proclamar el proceso electoral conducente a los miembros de la asamblea estatutaria en un plazo de 25 días calendario.
  3. Esta asamblea estatutaria redacta y aprueba el Estatuto en un plazo de 55 días calendario, al igual que el cronograma de fecha para la elección de las nuevas autoridades.
  4. Luego de dicha aprobación, este Comité asume transitoriamente las funciones de la Asamblea Universitaria. Posteriormente, se realiza la elección del Rector y demás autoridades de la Asamblea Universitaria.

Pero ¿qué sucedió en la UNMSM? Si bien se creó el Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo (CEUTA) y se informó la aprobación del “Reglamento General de Elecciones para la Asamblea Estatutaria”, se retrasaron las fechas del cronograma de elecciones para las nuevas autoridades. Así, el 19 de octubre del 2015 se suspendió el proceso de elección de los miembros de la Asamblea Estatutaria pactado, siendo que sus integrantes pusieron sus cargos a disposición del Rector. Fue en consecuencia a esta situación que la SUNEDU dispuso, como medida preventiva a la UNMSM, el desconocimiento de Pedro Atilio Cotillo Zegarra como Rector de esta universidad, con mandato vencido al 01 de enero de 2016. Consecuentemente, no se podrían tramitar documentos para obtener grados y títulos.

La interrogante que surge a continuación es la siguiente: ¿Fue legítima la separación de Cotillo? Pues sí. Como se ha mencionado, la Ley Universitaria establece un cambio de autoridades y el proceso electoral de adecuación a ellas, proceso al cual la SUNEDU señaló como fecha límite el 31 de diciembre de 2015 para que las autoridades dejasen su cargo. Hay que tomar en cuenta, además, que la actuación de Cotillo atenta contra la seguridad jurídica, debido a que éste quiso deslegitimar antojadizamente una ley vigente, resquebrajando así el Estado de Derecho. Asimismo, cabe acotar que el 7 de diciembre del pasado año la Procuraduría Pública de la SUNEDU denunció penalmente al Rector de la UNMSM por el delito de usurpación de funciones, indicando que éste suspendió la ejecución del “Presupuesto de Gastos Operativos para la Elección de los representantes a la Asamblea Estatutaria”. En tanto ello, habría interrumpido el proceso de elección de miembros de Asamblea Estatutaria. Entre dichas acusaciones la más grave es por abuso a la autoridad, la cual tiene una pena privativa de libertad no mayor de tres años, según el artículo 376 de nuestro Código Penal.

Ahora bien, la segunda cuestión recae en esclarecer si la elección de la nueva rectora, la Dra. Antonia Castro, es legítima. Para ello, debemos saber que existe la Resolución N° 001-2016, emitida por SUNEDU, que cierra la discusión sobre quién es la máxima autoridad en la Decana de América. El texto de la mencionada Resolución, enviada a la misma Castro Rodríguez, indica que “el Estatuto vigente de la universidad en el artículo 90 dispone que el vicerrector académico es el llamado a reemplazar al Rector, asumiendo sus funciones con todas sus obligaciones y derecho”. En efecto, el artículo 90 del estatuto de la UNMSM, señala que en caso haya ausencia, un impedimento o vacancia, inmediatamente el vicerrector académico ocupa el cargo, como indica el texto a continuación:

Artículo 90.- Los Vice-Rectores son elegidos de acuerdo con los mismos requisitos y por el mismo tiempo que el Rector; reemplazan a este en caso de ausencia, licencia, impedimento o vacancia. En caso de vacancia del cargo de Rector lo asumirá el Vice-Rector Académico y a falta de éste, el Vice-Rector Administrativo, los que ejercerán sus funciones con iguales obligaciones y derechos. (…) (El subrayado es nuestro).

Cabe señalar que la elección de Bernardino Rodríguez Bautista no podría ser legítima, pues su elección no se dio en el quórum, y este era ex vicerrector de investigación, por lo que el estatuto no señala que podría suceder en el cargo, como ocurrió en el caso de la vicerrectora académica.

Finalmente, cabe analizar por qué no se trataría de un caso de usurpación de funciones. Este delito se encuentra previsto en el artículo 361 de nuestro Código Penal. Según éste, la acción  de usurpar una función pública consiste en asumir o ejercer funciones públicas. En este caso, como se ha señalado, la SUNEDU ya había designado como fecha límite el 31 de diciembre para que Cotillo salga del cargo. Luego de ello, el mismo estatuto de la universidad señala que el vicerrector académico asuma el cargo; en este caso, Antonia Castro.

Sin duda alguna, el panorama que hoy vive la Decana de América es poco afable, y es que lo que acontece a la comunidad universitaria de dicha casa de estudios deja entrever la falta de garantía en la educación superior que se imparte en nuestro país. Hay que recordar que situaciones similares ocurren en la Universidad de la Cantuta, la Federico Villareal y la San Luis Gonzaga de Ica, cuyas autoridades se muestran renuentes a dejar sus cargos a fin de mantenerse en el poder, perjudicando trascendentalmente a una comunidad cuya única exigencia recae en el derecho fundamental a la educación. Independientemente de la opinión que se tenga sobre la Ley Universitaria y sobre el rol de la SUNEDU, en tanto ninguna de ellas ha sido declarada inconstitucional, deben respetarse los mandatos de las mismas pues de lo contrario se estaría yendo en contra del Estado de Derecho. No obstante, esta historia continúa, pues aún falta que la UNMSM y el resto de universidades, se adhieran a los mandatos de la Ley y cumplan efectivamente el propósito de la creación de la mismas: impartir una educación adecuada y de calidad a una comunidad loable de la misma.

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