Por Roger Yon Ruesta, abogado por la PUCP y socio del Estudio Roger Yon & SMB.

Convoca nuestra atención que a finales de la gestión del actual gobierno se dicte el Decreto Legislativo N° 1194, más conocido como ley de flagrancia que, en términos concisos consiste en un proceso abreviado en el que el fiscal, bajo supuestos de flagrancia y cuasi flagrancia, debe solicitar al juez penal la “incoación”. Esto es, que determine si el hecho califica como proceso inmediato. En caso el juez responda en términos afirmativos, el fiscal prepara y presenta la acusación para que, en audiencia continuada, se sentencie. El juez penal atiende un solo caso hasta su culminación. Procede apelación de la parte y del fiscal. Esto último si le es denegado el pedido. No obstante, las consecuencias de estas impugnaciones aún no han sido valoradas a cabalidad.

Todo parecía que se apuntaba a una lucha frontal contra la delincuencia más lesiva, pero no. Los casos más saltantes que ve esta norma son los de omisión de alimentos, conducción en estado de ebriedad, hurto, violencia y resistencia a la autoridad, etc. Lo curioso es que en el Decreto Legislativo en cuestión se mencione que el motivo de su promulgación es la lucha contra la criminalidad organizada; narcotráfico, tala ilegal, bandas criminales, sicariato etc., para luego -dentro del mismo texto- señalar que la norma no se aplicará en estos casos (¡!).

Otro tema que causa curiosidad es que la medida se haya implementado “a caballo”, sin planificación alguna y sin objetivos claros de hacia dónde se apunta. En efecto, el número de juzgados en Lima es limitado y ha puesto a prueba el mejor esfuerzo de fiscales y jueces involucrados en esta labor. Como no hay suficientes fiscales, estos tendrán que confiar en la labor de la policía que actualmente está sumamente preocupada con el pase a retiro del personal que siga con el sistema 24X24 y en su tiempo libre preste servicio a particulares. En sustitución a este “ingreso” perdido reciben un bono que no integra el sueldo ni compensa lo percibido por el servicio particular, por lo que deben buscárselas por otro lado…

Entonces, la calificación de los hechos como flagrancia, el acopio de pruebas y la detención del imputado al momento de los hechos, contará con estos otros “ingredientes”.

Pero quien pensó que ahí terminaba la complejidad de esta aplicación normativa se equivocó, pues existen dos temas adicionales a tener en cuenta: el primero, es el gran número de personas que cambiarán de residencia, irán a la cárcel. Fuentes del INPE señalan que la capacidad carcelaria en el país es de 33 mil presos, pero las cárceles ya albergan a 77 mil. Se estima que a consecuencia de esta ley 17 mil nuevos presos irán a parar a la cárcel. Estos datos permiten avizorar que dentro de poco tendremos noticias de nuevos motines y de falta de control y seguridad carcelaria (con problemas conexos de sanidad y  corrupción). Pero claro, ¿A quién le preocupa lo que pase en la cárcel o en el manicomio? ¡A nadie! ¿Existe realmente un ahorro de dinero como se afirma?

El segundo tema está referido a la sesgada visión del legislador que pretende enfrentar la criminalidad con medidas como esta que si bien pueden tocar la sensibilidad de la población no “alcanzan” a la criminalidad organizada que es la que guarda directa responsabilidad con la inseguridad ciudadana.

Es decir, se trata de una medida que no responde a un diseño de política criminal, que involucre a todo el sistema penal y que incida en la seguridad de la población; además,  se da en un momento electoral en el que a muchos de los candidatos al Congreso o a la Presidencia se les vincula con delitos de criminalidad organizada. Como se diría: “nos están induciendo a quedarnos ensimismados con el árbol para perder de perspectiva el bosque”. Así las cosas, pareciera que esta norma guarda vinculación con aspectos del denominado Derecho penal Simbólico.

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