Esta semana, diversos medios de comunicación nacionales reportaron que el candidato presidencial César Acuña había cometido plagio en su tesis doctoral, obtenida en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El 27 de enero, dicha casa de estudios indicó que se había iniciado las investigaciones del caso, con el fin de determinar si las acusaciones de plagio eran certeras. Por su parte, César Acuña, en una conferencia de prensa, negó que haya incurrido en plagio alguno y manifestó que todo se trataría de un ataque político. A partir de estos hechos, el objetivo del presente editorial será explicar las implicancias éticas y legales de este tipo de acto, así como analizar lo que esto refleja de la clase política de nuestro país.

Para empezar, es menester esclarecer el significado de plagio. Según el diccionario de la Real Academia Española, este consiste en “copiar una idea o una obra literaria, artística o científica de otro autor, presentándola como si fuera propia”. Este tipo de acto representa una falta ética porque denota una total deshonestidad y falta de respeto por los demás. Asimismo, acciones como esta menoscaban la confianza que se pueda tener en la persona en cuestión, la cual es necesaria si es que se quiere ser una autoridad política.

Las consecuencias por conductas de esta naturaleza no se limitan al ámbito académico, pues el plagio es un delito penado por la legislación de nuestro país. Así, en el artículo 290 del Código Penal se establece que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a ciento ochenta días multa, el que con respecto a una obra, la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena”. Esta es una de las razones por las cuales la comisión de plagio no debe ser tomada a la ligera, en tanto de cumplirse los supuestos tipificados en la ley, esta puede tener severas consecuencias.

Ahora bien, respecto del caso en concreto, Francisco Távara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), refirió ante varios medios periodísticos que “es fundamental lo que diga la UCM. Si invalidan un grado o título, obviamente, esto caería en falsedad, lo que conlleva a la exclusión de la contienda electoral”. Asimismo, precisó que el Jurado Electoral Especial (JEE) y el JNE son las instituciones facultadas para determinar las sanciones que se deriven de la decisión que tome la UCM sobre el caso. Si bien, el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos establece que la incorporación de información falsa a la hoja de vida es causal de retiro de la candidatura hasta 10 días antes del proceso electoral, debemos tener en cuenta que al momento de ingresar sus datos, César Acuña sí contaba con el grado de doctor por la UCM. En todo caso, la decisión final dependería del análisis que se haga en el pleno del JNE y el JEE, instituciones que, tal y como refirió Távara, se encargan de evaluar el lado legal del asunto, mas no el ético.

Es importante recordar que Luis Castañeda Lossio, actual alcalde de Lima, y Alan García Pérez, candidato presidencial, también estuvieron envueltos en escándalos de esta naturaleza. En el caso de Alan García, se determinó que utilizaba el grado de Doctor sin haber concluido sus estudios de postgrado; sin embargo, la fiscalía archivó la denuncia en su contra al no poderse concluir que el expresidente se haya beneficiado económicamente con el uso de este grado. Por otra parte, todo parece indicar que Luis Castañeda Lossio hizo uso de este título sin siquiera haber estudiado este postgrado. En cuanto al plagio, cabe mencionar dos casos emblemáticos: el de Juan Luis Cipriani, quien habría incluido fragmentos ajenos en una de sus columnas para un diario nacional sin citarlos, y el del plan de gobierno de Alianza Popular, el cual integró fragmentos de los planes de trabajo anuales de instituciones del Estados sin citarlas en ningún lugar.

Resulta realmente lamentable que algunas personas con una dudosa integridad moral postulen a la presidencia de nuestra República. Todo esto no hace más que evidenciar una falta de compromiso con la verdad y todos aquellos valores éticos que deben caracterizar a un buen gobernante. Sin embargo, ahora todo está en manos de nosotros, los ciudadanos, y es nuestra responsabilidad informarnos y votar por el candidato que realmente tenga una vocación de servicio y que busque el desarrollo del Perú sin transgredir las leyes.

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