Por Ronnie Farfán Sousa. Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

De todos los procesos electorales que recuerdo, éste es el peor de todos. Alguien podría argumentar que hubo peores. Puede ser cierto. Hasta hace no mucho existieron en el Perú procesos electorales fraudulentos y muchas dudas sobre si las elecciones respetaban realmente la voluntad popular. Pero, ¿de qué sirve que hoy estemos seguros de que no habrá fraude si todo el mundo hace lo que le da la gana y no existen reglas o, si existen, no se respetan? Eso es como estar seguros de que el árbitro de un partido de fútbol va a declarar ganador al equipo que sume más goles, pero que el partido se podrá jugar como sea: valgan patadas, escupitajos, tomar el balón con la mano o meter más de once jugadores a la cancha. El que vivimos es un proceso que expresa con la mayor desfachatez los peores males de la sociedad peruana.

El candidato presidencial de un partido, una vez elegido, pasó a ser el candidato de un partido rival en competencia. Otro candidato presidencial se encuentra procesado por la violación de derechos humanos, y se permitió participar en un talk show dando declaraciones que tiene prohibidas por el sistema de justicia. Otro es acusado de delitos contra la propiedad intelectual a razón de una vez por semana. Un partido dentro de la competencia parece no conocer las reglas sobre cómo debe elegir a sus candidatos, y por eso la candidatura de su líder corre peligro. Y, por supuesto, partidos que se inventan cócteles fantasma para justificar el financiamiento de sus campañas y otras perlas más. Hay ejemplos como cancha, para utilizar la frase que se puso de moda en esta campaña.

Por supuesto, las “instituciones” también ponen de su parte para contribuir a este cambalache. El Congreso de la República nunca aprobó la reforma electoral en los términos que se necesitaba. Aprobó una norma que establecía algunas modificaciones al desarrollo de los procesos electorales y ésta fue promulgada por el Poder Ejecutivo, dilatadamente, después de que se convocaron elecciones. Este acto ha generado una incertidumbre sobre si estas normas son o no aplicables a esta contienda electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, ante la duda, hasta ahora no ha dicho esta boca es mía, y no ha emitido un pronunciamiento pese a la presión para señalar si esta norma es aplicable o no al proceso en marcha. Pero nuestro Jurado Nacional de Elecciones, además, acaba de resolver una controversia en torno a un partido y su candidato presidencial de la manera más formal y evasiva posible, en lugar de asumir alguna suerte de “plena jurisdicción” sobre el asunto y resolver de una vez por todas la situación de un candidato. Ha decidido, muy apegado a las reglas, tirar la pelota a los órganos de abajo para que luego la controversia vuelva a subir. Incertidumbre como cancha. Otra vez la frasecita.

Todo esto sucede en la cara de todos nosotros. Y no pasa nada.

Por supuesto, esto es lo mejorcito que nos puede pasar según las reglas que (no) tenemos hoy, porque bien podría ser peor. Tal como están diseñadas las reglas hoy, si Abimael Guzmán saliera mañana de la cárcel podría postular a la Presidencia de la República o a ser Gobernador Regional, si le asoma un espíritu descentralista. No hay ley que se lo impida. Un narcotraficante podría financiar, (sé que es ingenuo ponerlo en condicional), a un candidato al Congreso o a un partido político entero. Claro, porque hoy no hay mecanismos claros para exigir que esto no suceda. Y así, problemas como cancha.

La Constitución de 1993 desarrolló puntos importantes en distintas cuestiones, (de derechos, económicas, etc.), al margen de ideologías. Por supuesto, como cualquier norma, es perfectible y debe ser modificada cada cierto tiempo en función a los cambios que continuamente se producen en la sociedad. Sin embargo, lo que resulta imperdonable es la poca importancia que el Poder Constituyente le otorgó a la regulación del sistema político-electoral y la fragilidad que incrustó en nuestras instituciones. Por supuesto, como es obvio, esto no fue casual. Se hizo así en función a los intereses de quienes gobernaban en ese momento. Para que unos años más tarde pudieran hacer con las instituciones lo que quisieran, tal y como efectivamente lo hicieron.

Hay una serie de reformas urgentes que se requieren implementar para modificar la Constitución en este punto, así como las leyes orgánicas que la desarrollan y regulan las funciones y la arquitectura de las instituciones públicas. Por supuesto, son las más difíciles de lograr porque suponen cuestionar el status quo de la clase política. Pero tienen que hacerse. De lo contrario, el faenón electoral de hoy parecerá un juego de niños mañana.  

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