El pasado martes, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia decidió absolver a todos los implicados en el caso “Petroaudios”. No hace falta indagar mucho en nuestras memorias para recordar que en el 2008 el programa televisivo “Cuarto Poder” difundió unos audios en los que el ex-ministro Rómulo León Alegría y el ex-director de Petroperú celebraban el haber conseguido una concesión de cinco lotes petroleros para la empresa noruega Discover Petroleum. El juicio que desembocó tales hechos se inició en mayo del 2014, y no fue hasta ahora que el Tribunal Superior decidió desestimar los cargos que la fiscalía atribuía al ex-ministro, tras establecer que este no excedió sus funciones como gestor de intereses a favor de la compañía noruega.

Pero, ¿por qué fueron absueltos? Tal y como ha mencionado Joel Segura, el procurador anti-corrupción, el proceso que se siguió para el caso contó con varios errores, siendo uno de estos los criterios utilizados para valorar las pruebas no fueron los más óptimos. En torno a este último punto, en el presente editorial  analizaremos por qué no se admitieron a valoración estos audios y cómo esto influyó en la absolución de los procesados.

En el Perú, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, no tienen efecto legal aquellos documentos privados incautados, interceptados o intervenidos sin la existencia de un mandato judicial debidamente motivado. Recordemos que los dichosos petroaudios fueron obtenidos en aquel entonces mediante una interceptación telefónica por parte la empresa Business Track, afectando innegablemente el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones de los implicados. Indefectiblemente, este hecho configura lo que se conoce como una prueba ilícita, lo que deriva en una situación de conflicto ya que contrapone el derecho a la prueba y la búsqueda de la verdad jurídica objetiva y la protección de los derechos fundamentales de terceros.

Lo cierto es que no existe una manera uniforme para resolver los casos en los que se presenta el problema de la prueba ilícita. De hecho, la doctrina se encuentra dividida entre aquellos que pugnan por la admisibilidad de los medios probatorios – ya que restan todo tipo de eficacia en el proceso- y los que consideran que en el caso concreto se ponderen los intereses puestos en conflicto.

A dichos efectos, desde esta casa editorial suscribimos la postura según la cual debe entenderse que todos los derechos fundamentales y los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente se complementan. Es decir, ninguno es preferido sobre el otro. Es por ello que, en el caso de la prueba ilícita, lo más idóneo sería ponderar los derechos en conflicto en el caso concreto. El test de ponderación, vale enfatizar, garantiza una argumentación razonable al comparar los niveles de intervención en los derechos que se encuentran en conflicto. En tal sentido, deben afianzarse los sub principios del test de ponderación: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y la ponderación en sentido estricto.

Con respecto al juicio de adecuación o idoneidad, en el caso concreto si bien existía una afectación al derecho a los imputados por haberse obtenido las pruebas de manera ilícita, debió tomarse en consideración el derecho a la verdad de los ciudadanos y a la información de interés público. Los ciudadanos de nuestro país merecen que sus autoridades públicas ejecuten sus roles de acuerdo a un verdadero Estado Constitucional de Derecho, no que comentan actos ilícitos y de corrupción. En este sentido, considerando la magnitud de las implicancias que podrían tener las pruebas, se cumple con el objetivo planteado.

En cuanto al juicio de necesidad, debemos tomar en consideración la existencia de otras medidas que cumplan el objetivo planteado pero cuyo grado de intervención sea menor. Dada la reciente absolución, podemos concluir que solo la admisibilidad de los petroaudios hubiese desembocado en lo que sería una sentencia justa. No existe, entonces, alguna otra medida que cumpla con el objetivo y que, a la vez, intervenga menos en el derecho de los imputados.

Finalmente, con respecto a la ponderación en sentido estricto, debemos medir el grado de optimización y la intensidad de intervención en los derechos en conflicto en base a tres niveles: leve, medio o alto. En cuando a la intensidad de intervención en el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones debiésemos -tomando en cuenta la magnitud de la coyuntura- considerarlo leve. Bajo las mismas consideraciones el grado de intervención en el derecho a la verdad y la información de interés público, así como también a tener un Estado libre de corrupción, en caso se declaren inadmisibles las pruebas, es alto. En conclusión, en este conflicto de derechos es la admisibilidad de la prueba la que consideramos medida que cumple con los sub principios del test de ponderación.

Recordemos que la finalidad de todo proceso es la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia. La decisión tomada el pasado martes por la Corte Superior nos deja con un desagradable sinsabor a más de uno. No se necesita recurrir de engorrosos y entreverados argumentos jurídicos para caer en cuenta que dichos audios era una perfecta relatoría de los hechos que configuraban un caso de corrupción por parte de nuestros funcionarios públicos. La absolución de los implicados marca un precedente negativo para nuestro país y deja, una vez más, un amplio campo para cuestionar nuestro sistema de justicia.

 

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