En la presente semana, la Policía Federal de Brasil emitió nuevo informe sobre la investigación del Caso Lava Jato, en el que se sugiere que el presidente Ollanta Humala recibió un soborno millonario de Odebrecht. Según un informe de IDL Reporteros[1], dentro de la documentación de la constructora se encuentra el ‘Proyecto OH’ que, acorde a la Policía Federal, hace referencia al presidente Humala y lo vincularía a un monto de 3 millones de dólares recibidos por parte de la empresa. Al mismo tiempo, la Policía ha encontrado otra información relacionada e indicios al caso, los cuáles implicarían anotaciones realizadas en el celular de Marcelo Odebrecht -que involucrarían a Humala y cuestiones de dinero para Perú- así como registros de reuniones programadas entre el presidente, la primera dama Nadine Heredia y funcionarios de Odebrecht entre los años 2011 y 2014. En este sentido, a continuación analizaremos la presente situación y aclararemos las consecuencias jurídicas en el caso que se comprueba todos los hechos anteriores.

Antes de entrar a analizar el contenido jurídico de esta presunta situación de corrupción, es necesario entender en qué consiste el caso Lava Jato. Dicho nombre se refiere a la más grande investigación realizada por la Policía Federal de Brasil contra la corrupción en dicho país, en el que se encuentran involucrados funcionarios del más alto rango del gobierno del ex-presidente Lula da Silva. De este modo, se descubrió que un grupo de directivos de grandes empresas se repartían un porcentaje de cada obra de Petrobas -nada más y nada menos que la empresa más importante de Brasil- con políticos y funcionarios poderosos.[2] Así, las investigaciones respecto de este caso buscan determinar los actos irregulares cometidos por la empresa tanto en Brasil como en el extranjero. En el caso del Perú, las empresas involucradas en el caso desarrollaron proyectos millonarios. Uno de estas es OAS, responsable de la construcción de la Línea Amarilla y del Centro de Convenciones de Lima. Por otro lado está Odebrecht, la cual tiene a su cargo la construcción del Gasoducto Sur Peruano.[3]

Ahora bien, es menester entender cuál es el contenido del delito de corrupción en dos diferentes ámbitos. En primer lugar, en el social, la corrupción es un fuerte problema que perjudica la legitimidad de las democracias, distorsiona los sistemas económicos y conforma un factor de desintegración social. En segundo lugar, en términos jurídicos, según el “Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública”, la corrupción es definida como el uso indebido del poder para obtener beneficios irregulares (económicos o no) violando la ley y afectando la legitimidad de la autoridad y los derechos fundamentales de la persona.[4] Por ello, el delito de corrupción de funcionarios se encuentra tipificado en la Sección IV del Código Penal (CP).

Ante lo mencionado previamente, cabe recalcar la importancia de este caso y por qué no debería ser ignorado por los peruanos, los medios y las entidades de fiscalización competentes. No es ninguna noticia que la corrupción es muy peligrosa para cualquier Estado. Pero lo que a veces resulta noticioso es por qué este hecho se sigue cometiendo. Según el texto “Estado de Derecho y Corrupción” de Julio Rodríguez, en situaciones de corrupción, los funcionarios públicos harán todo lo posible para omitir todos los controles previstos por la ley, por lo que los organismos de control terminan por corromperse también. Asimismo, afecta a la seguridad jurídica e igualdad ante la ley, pues involucra un abuso de poder fuera del marco legal y beneficia solo a un grupo reducido de personas. Finalmente, se obstaculizan los servicios públicos brindados para garantizar el acceso a ciertos derechos fundamentales. Todo esto lleva a que, en efecto, se desnaturalice el sentido de ser de nuestro Estado Constitucional de Derecho[5].

La lucha contra la corrupción es uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los Estados es no sólo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria como en el presente caso: Perú-Brasil. Es lamentable que la sociedad influya gravemente en la aceptación de la corrupción y esto debido a la impunidad de casos similares al presente. Es en este sentido que, si bien este es un tema sumamente delicado, pues involucra al Presidente de la República, no puede quedarse sin ser investigado por nuestras autoridades.


[1] https://idl-reporteros.pe/nuevos-documentos-vinculan-a-humala-con-odebrecht/

[2] http://elcomercio.pe/politica/actualidad/caso-lava-jato-10-claves-entenderlo-y-su-nexo-peru-noticia-1845376

[3] http://gestion.pe/economia/caso-lava-jato-siete-claves-entender-lo-que-podria-pasar-peru-2140667

[4] MONTOYA, Yvan y otros. Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública. Lima: Idehpucp, 2013, p. 15.

[5] http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/comentario-julio.pdf

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