Por Armando Sánchez Málaga, abogado por la PUCP y socio del Estudio Roger Yon & SMB.

Como bien describió la Corte Suprema de Perú en el año 2006, Sendero Luminoso fue una organización criminal que desarrolló sistemáticamente a nivel nacional un conjunto indeterminado de actos delictivos, que vulneraron la vida, la salud, la libertad y el patrimonio de las personas, haciendo uso de medios catastróficos y violentos, y cuyo común denominador se evidenció en la creación de un estado de inseguridad en la población.

Abimael Guzmán, como líder máximo de Sendero Luminoso, fue condenado por la Sala Penal Nacional como autor mediato por dominio de organización del delito de terrorismo agravado, imponiéndosele la pena privativa de libertad de cadena perpetua, la misma que será materia de revisión a los treinta y cinco años. La sentencia fue confirmada el año 2006 por la Corte Suprema de la República.

En adelante, haremos referencia a esta condena como la condena en democracia, ya que se produce en el marco de un Estado democrático, luego de haberse decretado la nulidad de los procesos por traición a la patria seguidos por jueces sin rostro durante la década de los noventa del siglo pasado. En esa línea, fue un hito la acción de inconstitucionalidad 010-2012 resuelta por el Tribunal Constitucional.

La condena en democracia de la cúpula de Sendero Luminoso marca un momento trascendente para el Derecho peruano, fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, se trata de una sentencia que reivindica el derecho a la verdad. Siguiendo al profesor Taruffo, entendemos que la justicia de una decisión judicial depende de que se base en la verdad de los hechos, no entendida como una verdad absoluta, pero sí como una verdad razonada, que puede ser descubierta y una que las partes -y la sociedad- tienen derecho de conocer. El derecho a la verdad se convierte así en pieza fundamental de la justicia de un Estado democrático. Una sentencia dictada por jueces sin rostro, en cambio, no sólo afecta el específico derecho del imputado, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ya que la priva del derecho a la verdad, derecho cuya importancia se magnifica cuando se trata de un conflicto interno, en el que se cometieron horrendos crímenes por parte de una peligrosa organización terrorista.

Una sentencia dictada por jueces sin rostro y en base a tipificaciones difusas como la de “traición a la patria” es además débil, no protege a los ciudadanos y beneficia, sustancialmente, al condenado, que podrá recurrir su nulidad. Eso es lo que justamente ocurrió en la década de los noventa del siglo pasado, cuando se emitieron condenas frágiles que no hacían más que brindar argumentos a los delincuentes y terroristas para anular sus condenas. Afortunadamente, la recuperación de la democracia trajo consigo sentencias como la que ahora comentamos, que excluyen expresamente el recurso a un Derecho Penal del Enemigo y formulan condenas sólidas, amparadas en el Derecho e inobjetables.

Un segundo motivo por el que la condena en democracia a Abimael Guzmán y otros líderes terroristas resulta trascendente para nuestro Derecho es porque se trata de una jurisprudencia que ha permitido reafirmar el principio de seguridad jurídica, más aún cuando sigue los lineamientos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recobrando el Estado de Derecho y el debido proceso, destruidos por la dictadura de la década de los noventa del siglo pasado. Destaca, asimismo, la utilización como fuente del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, instrumento fundamental que describe y brinda luces de los crímenes perpetrados por los delincuentes terroristas.

Finalmente, la condena en democracia a Abimael Guzmán y otros líderes terroristas es relevante porque permite consolidar la doctrina de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Rechaza así los débiles argumentos de la defensa de los delincuentes terroristas (legalidad de la tipificación del título de imputación de la autoría mediata, inaplicabilidad de la teoría frente a ejecutores directos responsables, entre otros) que, curiosamente, se acercan a los argumentos luego vertidos por la defensa del ex presidente recluido en prisión por violación de derechos humanos y corrupción.

La Corte Suprema es clara al establecer que la autoría mediata en aparatos organizados de poder es “un aparato teórico desde el que se da sentido a los elementos objetivos del tipo penal involucrado porque pone en relación a un individuo con los elementos que lo configuran por el dominio de la voluntad del ejecutor material”. Agrega que “lo relevante es el hecho que exista una estructura jerárquica con ejecutores fungibles y en el que el hombre de atrás ejerza un dominio del hecho, cuya decisión se trasmita a través de una cadena de mando”.

Con ocasión de este caso, la Corte Suprema reconoce la capacidad de rendimiento de esta teoría, que es expresa en diversas sentencias emitidas en distintos países, a fin de condenar a líderes terroristas y violadores de derechos humanos. Con esta condena en democracia a Abimael Guzman y otros líderes terroristas, nuestro sistema de justicia se reconcilia, al menos temporalmente, con el derecho a la verdad y con valores democráticos perdidos por la nefasta influencia del poder político.

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