La semana previa al día internacional de la mujer en América Latina las noticias nos contaron del feminicidio de Marina Menegazzo y María José Coni, dos chicas mendocinas de viaje en Ecuador, el asesinato de la líder indígena hondureña Bertha Cáceres y la prepotente y grosera violencia verbal de la que fue víctima Mayra Vilcapoma, mujer limeña que estacionó su auto frente a la casa de este individuo. Este preámbulo de horror es un triste ejemplo mediático de uno de los más graves problemas que enfrentamos en América Latina: la violencia contra la mujer.

La Convención Belém do Pará consagra en su artículo 3 que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado”. En el marco del Derecho internacional, tras la entrada en vigor de un tratado que consagra derechos humanos, se generan tres tipos de obligaciones clásicas para el cumplimiento de esos derechos: la obligación de respeto, la obligación de garantía y la prohibición de no discriminación en relación con el disfrute de los derechos reconocidos.

La obligación de respeto implica una atribución de responsabilidad directa a un agente del Estado. Por ejemplo, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú un grupo de mujeres reclusas que fue obligado a permanecer desnudas bajo la custodia de hombres militares armados caracterizó una violación de su derecho a la integridad personal que constituyó violencia sexual, aunque no hubiera habido penetración de ningún tipo. El nexo es claro: un militar es un agente del Estado, por lo que sus acciones vinculan al Estado como responsable de dichas vulneraciones, más allá de la responsabilidad criminal individual del perpetrador (párr. 303 y ss).

Ahora bien, cuando se trata de la obligación de garantía, existen cuatro sub obligaciones que la integran: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y es aquí donde el desarrollo del Derecho internacional ha puesto un especial énfasis en los casos de violencia contra la mujer. Aquellas situaciones en las que agentes del Estado no han intervenido de modo directo, pero que genera la vulneración de derechos humanos debido a que el Estado no garantizó de modo completo el derecho humano reconocido, especialmente en los casos de la prevención y la investigación.

Los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia contra la mujer. Sin embargo, ¿es razonable pedirle a los Estados que prevengan una situación que ocurre muchas veces en el ámbito más íntimo de una familia? ¿Cómo el Estado puede tener la oportunidad de actuar respecto a los actos de privados que no conoce? Esta fue la pregunta a la que se enfrentó la CorteIDH en el Caso del “Campo Algodonero” Vs. México sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, en el que los perpetradores fueron particulares, no agentes estatales. De acuerdo con la CorteIDH, debido al contexto generalizado de violencia contra la mujer en Juárez, se configuraba lo que ha sido denominado como un “riesgo real e inmediato” por el cual el Estado tenía que saber los riesgos que comportaba para la vida de las mujeres este espacio desolado conocido como el Campo Algodonero en un contexto de discriminación social estructural contra la mujer (párr. 278 y ss).

Y de algún modo, creo que esto es lo que ha ocurrido con Bertha Cáceres; el Estado ha fallado en relación con su deber de prevención de la violación del derecho a la vida de la dirigente indígena. Aplicando la teoría del riesgo de Campo Algodonero, Honduras tenía que saber que la vida de Bertha Cáceres estaba en riesgo, no solo por el hecho de ser dirigente indígena en temas ambientales, sino por el impacto diferenciado que las mujeres defensoras de derechos son víctimas, tal como lo ha reconocido la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la que desde hace varios años advierte sobre las amenazas de muerte, ataques, intentos de asesinatos, intimidación, acoso, estigmatización y campañas de desacreditación como resultado de su labor de activismo en defensa del medio ambiente (párr. 71). La misma Relatoría Especial también ha establecido el vínculo del impacto diferenciado de cómo estas amenazas golpean más duro a las mujeres defensoras: “A ese respecto, los titulares del mandato han reiterado en diversas ocasiones que las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia y otras violaciones, perjuicios y formas de exclusión y rechazo que sus colegas varones.” (párr. 22 y ss)

Ahora bien, cuando se trata de la obligación de investigar actos de violencia contra la mujer, aparece el ya conocido “qué habrán estado haciendo” o “cómo habrá estado vestida” o últimamente, a raíz del caso de las jóvenes mendocinas “por qué viaja sola” y otras lista de frases prejuiciosas que revictimizan a las muertas. De acuerdo con la CorteIDH (Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 113 y ss.) cuando las autoridades conocen de hechos que podrían implicar vulneraciones al derecho a la integridad y a la vida tienen la obligación de “iniciar investigaciones ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos…”. Dicho  estándar fue complementado en el caso Campo Algodonero (párr. 292 y ss), en el sentido de que por tratarse de casos que involucran violencia de género es necesario que la investigación se realice con “vigor e imparcialidad”. La respuesta ecuatoriana ante la muerte de Marina y María José ha sido bastante mediática, tanto que hasta el Presidente Correa demostró su preocupación vía Twitter, sin embargo, la familia ha declarado encontrar inconsistencias respecto de la cadena de custodia de la prueba y la reconstrucción de los hechos, y el rumor de fondo que rodea esta investigación se refiere a la propia culpa de las víctimas de haberse autoprovocado la muerte por estar viajando solas, que resultó en que Guadalupe Acosta (estudiante de comunicaciones de Paraguay) escribiera esta carta y que además se transformaría en este video, bajo el título “ayer me mataron”.

Hoy en día, los sistemas europeo e interamericano de protección de derechos humanos han declarado con firmeza que la violencia contra la mujer es un tipo de discriminación en todas sus formas. Y no tenemos que imaginar los contextos más macabros para hablar de violencia contra la mujer. Mayra Vilcapoma se hizo protagonista de su propia historia venciendo el miedo para mostrar las cantidad de insultos de los que fue víctima por el sencillo hecho de estacionar su auto en una calle donde el dueño de la casa del frente no quería que lo hiciera. Todos sus insultos vienen cargados de un sesgo de violencia de género verbal que es imposible que no produzca rechazo: “muerta de hambre”, “conchuda”, “seguro que le abriste las piernas a tu jefe”. La presenciamos, la vivimos, la escuchamos diariamente. A veces intervenimos, a veces simplemente no nos parece tan grave, a veces pasa incluso desapercibida. Los micromachismos están en todo lado y ocultan bajo el rótulo de “no seas exagerado” un intrínseco desprecio por las mujeres, una aceptación de su ciudadanía en desventaja, como si fuera natural o merecida, por más antimachista que uno se autocalifique. Pero las historias que recuento arriba se hicieron públicas y ahí nos podemos dar cuenta del verdadero impacto de nuestro silencio.

Llegamos así, en América Latina, a celebrar el Día Internacional de la Mujer 2016 con la cabeza agachada y con la conciencia remordida. Mañana haré mi propio recuento y me pasaré lista de aquellas veces que tuve que intervenir y que no lo hice, con la convicción y el compromiso de que eso no vuelva a ocurrir.

#NIUNAMENOS

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