Por Jessica Maeda, Máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional.

En “1984”, George Orwell retrató su visión apocalíptica del mundo, caracterizado por una vigilancia masiva y una feroz represión política y social. En este mundo orwelliano, la guerra servía como herramienta para mantener a la población controlada. “Guerra es paz”- rezaba uno de los lemas del Partido. El conflicto era “una lucha por objetivos limitados (…) sin una causa material para luchar” y cuyos participantes “no se hallan divididos por diferencias ideológicas claras”. El histerismo bélico era continuo y universal.

Esa mirada crítica de la sociedad ha sido manifestada en la literatura mediante diferentes ficciones distópicas. Y a pesar de sus claras diferencias, todas estas versiones del apocalipsis mantienen un elemento común: la violencia en todas sus formas, sin que se configure necesariamente un conflicto armado. Ella representa nuestros peores temores y genera situaciones en las cuales se vulneran los derechos humanos de manera continua y se limita el libre desarrollo de la personalidad.

Actualmente, existen muchas sociedades que parecen cumplir con ese apocalíptico arquetipo, en el que la violencia se presenta como protagonista indiscutible.

¿Five Points o San Salvador?

El caso de El Salvador es paradigmático. De 1980 a 1992, El Salvador vivió un conflicto armado interno que tuvo aproximadamente 75 000 víctimas mortales. Muchas y muchos salvadoreños se vieron obligados a buscar refugio en otros países, estableciéndose en el extranjero para poder encontrar seguridad.

En Los Angeles, un grupo de refugiados salvadoreños se organizó en pandillas, con el propósito de enfrentarse a las ya existentes pandillas mexicanas que reinaban en la ciudad. La más conocida de ellas es la Mara Salvatrucha o MS13, inicialmente compuesta solo por salvadoreños y salvadoreñas pero con el tiempo ha incluido diferentes nacionalidades. Actualmente, la MS13 se encuentra en su segunda o tercera generación, y parece haberse establecido un ciclo difícil de romper. Los jóvenes entran a la pandilla debido a que a menudo la ven como su único camino.

La MS13 es considerada uno de los actores más importantes en la trata de personas en la región de Centroamérica y América del Norte, participa en las redes transnacionales de tráfico de drogas, intimidan rivales y lleva a cabo ejecuciones. Entre otros delitos, realiza secuestros, robos de auto, extorsión y otras actividades criminales. Su principal rival, Barrio 18, es igual de temible.

Esto ha traído como consecuencia que El Salvador continúe siendo un campo armado, con pandillas y policía en constante enfrentamiento. Actualmente, San Salvador, la capital, es golpeada por el fuego abierto de las dos maras (Salvatrucha y Mao Mao) y las dos facciones de la pandilla Dieciocho (revolucionarios y sureños). En el 2009, El Salvador fue señalado como el país más violento del mundo.  Y, lamentablemente, las cosas no han cambiado mucho desde entonces. El año pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América lo calificó como el país más violento del hemisferio occidental, con un aproximado de 103.1 muertes por cada 100 000 habitantes (la cifra de los Estados Unidos es de 4.5 por cada 100 000 habitantes). Tan solo en el mes de agosto se reportaron aproximadamente 800 asesinatos, en el marco de los enfrentamientos entre las pandillas y la policía salvadoreña.

Adicionalmente, en los últimos años, las desapariciones de personas han ido en alza. Entre 5 y 6 personas desaparecen a diario. Un leve porcentaje aparece con vida y otro se encuentra asesinado. El perfil de las personas desaparecidas incluye estudiantes de centros educativos públicos y privados; de universidades; mujeres jóvenes trabajadoras de supermercados, maquilas, profesionales, entre otros.

Tras Bill “el carnicero” Cutting: la adhesión al Estatuto de Roma

El 3 de marzo de 2016, el Salvador depositó el instrumento de adhesión al Estatuto de Roma, convirtiéndose en el Estado parte centésimo vigésimo cuarto. De igual modo, ratificó las enmiendas de Kampala, convirtiéndose en el vigésimo octavo Estado en hacerlo. Este logro fue producto del trabajo continuo y esforzado de la Sociedad Civil, de la Coalición para la Corte Penal Internacional y de las autoridades salvadoreñas. Al respecto, la Presidenta de la Corte, la Jueza Fernández de Gurmendi, saludó la adhesión y manifestó que “[N]uestra región ha apoyado el establecimiento y funcionamiento de la Corte desde sus principios, reconociendo que para prevenir y combatir crímenes internacionales es necesario contar con una institución complementaria de los sistemas nacionales que pueda remediar la ausencia de acción genuina de los Estados.” Sin embargo, ante la actual situación de El Salvador, cabe preguntarse si la Corte Penal Internacional tendrá o no un rol en la solución de sus problemas.

Para ello, es importante precisar que el artículo 25° del Estatuto de Roma establece, de modo general, que la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales[1]. Además, no establece ninguna clase de limitación de si esta persona debe o no representar a un Estado parte. ¿Qué quiere decir eso? Que la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar, juzgar y sancionar a las personas que cometan los crímenes del artículo 5°, sin importar si pertenecen a alguna estructura estatal.

En efecto, Thomas Lubanga Dyilo, primera persona sentenciada por la Corte, era el jefe del grupo armado opositor “Unión de Patriotas Congoleños”. Evidentemente, el caso de El Salvador es diferente en tanto no estamos ante actos cometidos en el marco de un conflicto armado, por lo que no estaríamos en supuestos de crímenes de guerra.[2] Del mismo modo, el crimen de agresión quedaría descartado.[3] En ese sentido, quedaría pendiente analizar si desde el contexto de El Salvador, la Corte Penal Internacional podría determinar si las pandillas han cometido o no crímenes de lesa humanidad.

De cumplir con su rol al impedir la impunidad, y colaborar así a poner fin a la violencia en El Salvador, la Corte Penal Internacional podrá brindar eso que justamente Orwell reclamaba: una oportunidad. Una oportunidad de libertad, paz y conocimiento, solo posibles en una sociedad libre de violencia, requisito indispensable para una verdadera situación de respeto y promoción de los derechos humanos.


[1] El artículo 26° excluye a los menores de 18 años.

[2] Artículo 8° del Estatuto de Roma.

[3] Cabe señalar que el crimen de agresión todavía no está vigente.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here