Por Alejandro Cardoza Ayllón, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro de la Asociación Civil Themis.

            Dentro de un ambiente electoral tan peculiar como el que estamos presenciando, donde abundan las denuncias de plagio, violación, acoso sexual, transfuguismo, entre otras inquietantes realidades, no es novedad que los peruanos nos avoquemos a cada noticia sobre este proceso. Ello no debe significar que la indiferencia se apropie de la población y olvidemos hechos del pasado que aún no han sido resueltos en nuestro presente y que, por el contrario, cada vez se hace más lejana la posibilidad de encontrar una solución concreta y real en un futuro.

            Han pasado casi 20 años desde que el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori iniciara un programa de esterilizaciones forzadas hacia mujeres pobres indígenas de las zonas rurales de nuestro país. A lo largo de los años, se ha denunciado que dichos procedimientos quirúrgicos se llevaron a cabo con engaño o coacción en contra de estas mujeres. Asimismo se han registrado, por lo menos, 18 muertes a raíz de la negligencia con la que se habrían realizado dichas esterilizaciones.

            Luego de varios años de infructuosa búsqueda de justicia en tribunales nacionales, las víctimas recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”). El aparente final de este engorroso proceso vio la luz en octubre del año 2000 con la firma del Acuerdo de Solución Amistosa, entre la familia de la señora Mamérita Mestanza –una de las mujeres que fallecieron a raíz de una negligente intervención de esterilización– y el Estado Peruano. Sobre este documento, la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad N° 71/03 Caso 12.191, de fecha 10 de octubre de 2003.

            En el marco de un convenio previo al “Acuerdo de Solución Amistosa”, el Estado Peruano reconoció su responsabilidad internacional respecto a las esterilizaciones forzadas en agravio de mujeres de bajos recursos de las zonas rurales del país. Este reconocimiento es reiterado también en el acuerdo final. En este último, el Estado Peruano se comprometió a: “[…] Realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos”[1].

            Por otro lado, en el acuerdo se establecen una serie de medidas de sanción a los responsables de las esterilizaciones forzadas, tal como “revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para que se individualice y se sancione debidamente a los responsables […]”[2].

Han pasado más de 12 años desde que el Acuerdo de Solución Amistosa entre la familia de la señora Mamérita Mestanza y el Estado Peruano fue suscrito. Sin embargo, se cuestiona cuánto se ha avanzado en cuanto a la judicialización de los casos de esterilizaciones.

Hace unos días, la Fiscal Supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, quien tiene a su cargo las 2,074 denuncias de mujeres y sus familiares sobre esterilizaciones forzadas, solicitó ampliar la etapa de investigación por 150 días más. Debe considerarse que el Ministerio Público investiga el caso hace 14 años, y esta sería la tercera prórroga solicitada por dicha entidad estatal. Cabe resaltar que la fiscal Gutiérrez ha tenido nueve meses para realizar las investigaciones correspondientes.

En ese sentido, arribamos a la siguiente interrogante: ¿Qué necesita la Fiscalía para investigar y judicializar el caso? Existen informes del Congreso de la República[3], Defensoría del Pueblo[4] y organizaciones que promueven la defensa de los derechos de la mujer, que aportan a la investigación. El Ministerio Público no puede ponerse trabas para proseguir con la judicialización de los casos de esterilizaciones, en los cuales se imputaría como responsables al entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori –en tanto que habría dirigido el Programa de Esterilizaciones-, así como sus Ministros de Salud y médicos que realizaron directamente las intervenciones de esterilización.

Pero, ¿cuál es el trasfondo de la decisión de la Fiscal Marcelita Gutiérrez? ¿Acaso las víctimas y sus familiares de las esterilizaciones forzadas, no pueden esperar 5 meses más, si ya han esperado varios años?, algunos podrían decir.

En primer lugar, las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas tienen derecho no solo a obtener una resolución firme en la cual el Estado declare su responsabilidad internacional y se estipulen una serie de medidas de reparación, sino que el acuerdo entre las partes sea ejecutado y cumplido de forma íntegra. Se trata de una deuda social que el Estado tiene pendiente para cientos de mujeres.

Precisamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – a través del Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS[5] – declaró de “interés nacional” el caso de las esterilizaciones forzadas dentro de las políticas gubernamentales del periodo fujimorista de 1990 al año 2000, en noviembre pasado.

En segundo lugar, el Perú fue duramente criticado ante la comunidad internacional por la serie de violaciones a derechos humanos de miles de peruanos en su lucha contra el terrorismo en la década de los 90. La declaración de responsabilidad por parte del Estado fue una forma de reivindicación ante la comunidad internacional, la cual puede verse seriamente afectada debido a la falta de celeridad e interés que han demostrado los funcionarios públicos que llevan el caso.

En efecto, el 04 de febrero del presente, 23 miembros del Parlamento Europeo emitieron una carta dirigida hacia el presidente del Perú, Ollanta Humala Tasso, exhortándolo a que “haga todo lo posible, dentro de sus competencias”, en agilizar la judicialización de los casos de esterilizaciones forzadas.

En tercer lugar, nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1978. Desde entonces, el Perú delega la potestad a la CIDH y, eventualmente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver conflictos en los cuales el Estado haya podido violentar alguno de los derechos que la Convención protege, tales como la vida y la libertad sexual de las personas.

Respecto a ello, el Acuerdo de Solución Amistosa fue suscrito en el año 2000 y otorgado el visto bueno por la CIDH en el año 2003. Es decir, han pasado casi 16 años desde que el Estado Peruano reconoció su responsabilidad y no se evidencia avance sustancial alguno respecto a la judicialización de los casos de esterilizaciones forzadas.

En ese orden de ideas, resulta impertinente y peligroso seguir aplazando por más tiempo la investigación que el Estado tiene la obligación de realizar. El Estado Peruano habrá cumplido con su deber cuando haya investigado y sancionado a los responsables, en aras de establecer una auténtica garantía de no repetición de hechos tan nefastos que afectaron a un número de mujeres que probablemente nunca conoceremos de forma indubitable.

[1] Informe N° 71/03 Petición 12.191 Solución Amistosa – María Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú. 10 de octubre de 200. Disponible en: <http://cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm#_ftn1>

[2] ídem.

[3] Mediante el Informe Final sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) en los años 1990-2000, emitido por la Subcomisión Investigadora de Personas e Instituciones involucradas en las acciones de AQV, se probó la esterilización en diez años de 314,605 mujeres.

[4] La Defensoría del Pueblo, mediante un Informe sobre la aplicación de AQV, presenta una serie de testimonios y casos sobre las esterilizaciones forzadas.

[5] Promulgado el día 05 de Noviembre de 2015. Mediante este Decreto Supremo, se crea también el Registro Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas durante el periodo 1995 – 2001 (REVIESFO).

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