Por Renata Bregaglio Lazarte, abogada por la PUCP, magíster en Derechos Humanos, docente auxiliar del departamento de Derecho y especialista en Derechos Humanos.

A pocos días de las elecciones los ánimos están caldeados, tu Facebook es un campo de batalla y tú, o bien defiendes a capa y espada a tu candidato, o (como yo) te vuelves cínico. Simplemente todos los candidatos te dan asco y decides que si tuvieras que votar (afortunadamente estas elecciones no estaré en el país), viciarías tu voto. Pero al menos decides…

Porque en este país existen algunos grupos de personas que en estas elecciones no podrán decidir. Uno de ellos son las personas con discapacidad bajo interdicción.

En el 2014, en el marco del trabajo que hice en la Comisión Especial Revisora del Código Civil (CEDIS), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) informó que 8,409 personas con interdicción se encontraban inscritas en el registro de personas naturales. Dichas personas, de acuerdo a lo que establece el artículo 33.1 de la Constitución tienen ciudadanía suspendida y, por lo tanto, pierden su derecho al voto. Por otro lado, si bien no existen cifras oficiales actualizadas, en el 2009 la Defensoría del Pueblo documentó a 951 personas que residían en centros de salud mental. Estas personas tampoco pueden votar pues, incluso aunque no estén bajo régimen de interdicción, no pueden salir del centro de salud, y la ONPE no instala mesas en dichos centros.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) reconoce en su artículo 12 la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, las cuales pueden en ciertas oportunidades requerir apoyos para ejercer sus derechos. De manera complementaria, además, dispone en su artículo 29 que los Estados deben asegurar que las personas con discapacidad la posibilidad de votar.

En el año 2011, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad se pronunció en el caso Zsolt Bujdosó (y otras cinco personas con discapacidad intelectual) vs. Hungría, sobre la restricción del derecho al voto para estas personas en virtud de una norma constitucional. En su decisión el Comité estableció que el artículo 29 de la Convención exige a los Estados partes que aseguren que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, incluido el derecho a votar. Asimismo, señaló

El artículo 29 no prevé ninguna restricción razonable ni permite excepción alguna con respecto a ningún grupo de personas con discapacidad. Por lo tanto, la exclusión del derecho de voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual percibida o real, incluida la restricción derivada de una evaluación individualizada, constituye una discriminación por motivos de discapacidad.

De acuerdo con el Comité, evaluar la capacidad de las personas y restringir el derecho a voto argumentando que debemos preservar la integridad del sistema político del Estado parte es desproporcional. Al igual que el matrimonio, el voto es una decisión altamente emotiva. La gente vota i) por aquel cuyo plan de trabajo le pareció adecuado, ii) por su pariente, iii) por su amigo, iv) por el menos malo, v) por aquel que le regaló un kilo de arroz, o por muchos otros más. Pretender afirmar que el voto es un acto racional es falso. Más bien, el artículo 29 de la Convención, obliga a los Estados a adaptar sus procedimientos electorales para garantizar que sean “adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar” y, cuando sea necesario permitir que las personas con discapacidad que la soliciten dispongan de asistencia para votar. Esto, sin embargo, no sucede en el Perú. Incluso resulta poco coherente que una persona con discapacidad intelectual o psicosocial bajo interdicción no pueda votar, mientras que una persona con la misma condición, pero que no se encuentra bajo dicho régimen, podrá hacer uso de su derecho sin mayor inconveniente (si quieres saber un poco más sobre la situación del voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial te recomiendo ver este video basado en un informe que Human Rights Watch elaboró en el 2012). Ello demuestra que la barrera es sobre todo legal, aunque si hiciéramos una encuesta es probable que sean muchos quienes creen que las personas con discapacidad intelectual o psicosicial no debieran votar.

En el Perú, los artículos 12 y 29 de la Convención han sido recogidas en la Ley General de la Persona con Discapacidad (2012) en los artículos 9 y 12, respectivamente. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial bajo interdicción o bajo régimen de internamiento en centros de salud mental no podrán votar. Evidentemente, ello viola las disposiciones de la Convención y la Ley. Hasta el momento, no se conocen iniciativas para poder lograr que este grupo de personas excluidas puedan volver a votar.

Como se dijo al inicio, para muchos votar puede ser una molestia. Pero es un derecho que tenemos todas las personas. Nadie juzga tu voto o el mío. Nadie puede impedir el voto de las personas con quienes no coincidimos. En tal sentido, negar el derecho a las personas con discapacidad por ese motivo es una forma de discriminación que nos aleja de una idea real de ciudadanía.


El comic ha sido sacado de Downtown. Comic creado por Rodrigo García Llorca y Noël Lang, editado en España. Síguelos en https://www.facebook.com/downtowncomic/?fref=ts y visita su web en http://www.downtown.es/.

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