Por Isabel Tello, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Área Procesal del Estudio Grau Abogados y ex miembro del Consejo Directivo de Themis.

Hoy en día podemos constatar el incrementado número de sanciones disciplinarias por infracciones a los deberes del abogado, consagrados en el Código de Ética de Abogados. Este ligero pero valioso aumento en dicho porcentaje permite advertir la importancia que ha cobrado, en el imaginario colectivo de los peruanos, la vigencia de la Ética en el Derecho, reafirmando así, la consagración de los deberes que deben observarse en el ejercicio de esta profesión.

Lamentablemente, en los últimos años, la “estrategia de defensa” frente a las denuncias disciplinarias ha sido invocar el principio de Non Bis In Ídem, argumentando la configuración de la triple identidad (de sujetos, hechos y fundamento) que, precisamente, aquel proscribe por existir, en la vía penal, una investigación o proceso en trámite contra el mismo sujeto.

Al respecto, el presente artículo pretende demostrar por qué es inviable su invocación como argumento de defensa para impedir la imposición de una sanción disciplinaria, puesto que, (i) los Colegios de Abogados, como Colegios Profesionales, gozan de autonomía constitucional conforme lo reconoce la Constitución Política del Perú y, en ese sentido, se le reconoce libertad de autorregulación, lo cual permite que la regulación de los procesos disciplinarios sea totalmente independiente a lo establecido en otros tipos de procesos; y (ii) la naturaleza jurídica del Código de Ética del Colegio de Abogados resulta ser distinta a la naturaleza jurídica de las vías ordinarias. Por lo tanto, suscribiendo nuestra exposición a la vía penal en comparación con la vía disciplinaria, demostraremos que es factible que una persona pueda ser investigada, procesada e incluso sentenciada (pudiendo ser absuelta o condenada) y asimismo, ser objeto de un proceso disciplinario ante el Consejo de Ética por la comisión de irregularidades al trasgredir los deberes previstos en el Código de Ética del Colegio de Abogados, en  base a los argumentos jurídicos que procedo a exponer a continuación.

En primer lugar, debemos empezar estas líneas definiendo qué debemos entender por el principio Non Bis In Idem. Este principio; no obstante, no ser reconocido de forma expresa en nuestra Constitución Política, tiene una naturaleza constitucional toda vez que se encuentra implícitamente reconocido en el contenido del Debido Proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

Lo señalado ha sido reafirmado por el propio Tribunal Constitucional quien precisó, en la sentencia recaída en el Exp. N.° 2050-2002-AA/TC, que el derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el principio del Non Bis In Idem está implícito en el derecho al debido proceso reconocido en el artículo e inciso ya mencionados. Esta condición, de contenido implícito de un derecho expreso, se debe a que de acuerdo con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los derechos y libertades fundamentales se aplican e interpretan conforme a los tratados sobre derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte; y, precisamente, el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 8.4° de la Convención Americana de Derechos Humanos, a tenor del cual:

“(…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas:

“(…) El inculpado absuelto por una sentencia firme, no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

Asimismo, el principio Non Bis In Ídem contiene una doble configuración; por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal, que a mayor abundamiento describo a continuación:

  1. a)      Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, “(…) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (…)”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.
  2. b)      En su vertiente procesal, tal principio significa que “(…) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos (…)”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo).

Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que la mayoría de denuncias disciplinarias interpuestas en los últimos años tienen como antecedente la comisión de ilícitos penales, en virtud de los cuales se tramitan investigaciones y procesos, y que, incluso han devenido en sentencias absolutorias o de condena; debemos señalar que es totalmente viable la imposición de una sanción disciplinaria por infracción a los deberes de la abogacía consagrados en el Código de Ética del Colegio de Abogados por los mismos hechos sin vulnerar el principio de Non Bis In Idem, toda vez que no se cumpliría con la triple identidad (sujetos, hechos y fundamento) que proscribe este principio, al ser distinta la finalidad y la naturaleza jurídica que persiguen las normas consagradas en el Código de Ética del Colegio de Abogados.

El Colegio de Abogados de Lima está reconocido en nuestra Constitución Política como Colegio Profesionale cuya configuración constitucional, autonomía y fines son diversos a la jurisdicción ordinaria, conforme veremos a continuación.

1. La configuración constitucional.- La Constitución Política del Perú define la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales, en su artículo 20°, definiéndolos como aquellas instituciones autónomas con personalidad de derecho público, que han sido creadas por mandato expreso de la ley.

2. Autonomía.– Los Colegios Profesionales gozan de autonomía reconocida por la Constitución Política del Perú, lo cual se traduce en que ostentan un ámbito propio de actuación y decisión para establecer su organización interna, económica, así como su reglamentación dentro de los cánones establecidos por la ley.

3. La finalidad de la constitucionalización de los colegios profesionales fue “incorporar una garantía, frente a la sociedad, de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio profesional. Pues, en último extremo, las actuaciones profesionales afectan directamente a los propios ciudadanos que recaban los servicios de los profesionales, comprometiendo valores fundamentales (…). Semejante entrega demanda por la sociedad el aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el supuesto de que no actúe de acuerdo con lo que se considera por el propio grupo profesional, de acuerdo con sus patrones éticos, como correcto o adecuado”.[1]

Precisamente, uno de los Colegios Profesionales es el Colegio de Abogados de Lima,  cuyos “(…) principios y fines se encuentran orientados a la promoción y defensa de la justicia y el derecho como supremos valores; defender y difundir los derechos humanos; promover y cautelar el ejercicio profesional con honor, eficiencia, solidaridad y responsabilidad social; proteger y defender la dignidad del abogado; defender las causas justas de la nación peruana, así como los principios democráticos y humanistas; y, desarrollar una educación jurídica permanente en todos los niveles de la sociedad”.[2]

Asimismo, con respecto a la naturaleza jurídica del Código de Ética del Colegio de Abogados esta se ve manifiesta en la propia regulación de la finalidad de la abogacía que se encuentra establecida tanto en el Código de Ética del Colegio de Abogados como en el Código Voluntario de Buenas Prácticas del Abogado de la Red Peruana de Universidades; conforme procedo a citar a continuación:

Artículo 3° del CAL.- “La abogacía tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y la consolidación del Estado de Derecho, la justicia y el orden social. La probidad e integridad de la conducta del abogado, cualquiera fuere el ámbito en el que se desempeñe, es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del Estado de Derecho y la vida en sociedad. La trasgresión de los principios éticos agravia a la Orden”.

Artículo 1° del CVBP.- “El ejercicio de la profesión de Abogado tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y del Estado Constitucional de Derecho. La probidad e integridad de la conducta del Abogado, cualquiera fuera el ámbito en el que ejerza la profesión, es esencial para el adecuado funcionamiento y vigencia del Estado Constitucional de Derecho y la vida en sociedad”.

[Énfasis nuestro]

Por tanto, el Código de Ética del Colegio de Abogados cautela la defensa de los intereses de la persona, la promoción de la vigencia de un Estado de Derecho y la imagen del abogado conforme al ordenamiento jurídico y; en ese sentido, el Colegio de Abogados mediante el Código de Ética investiga aquellas conductas contrarias a la Ética Profesional e impone sanciones a los responsables, vale decir, “(…) controla la formación y actividad de aquellos para que la práctica de la profesión colegiada responda a los parámetros deontológicos y de calidad exigidos por la sociedad a la que sirven (…)”.[3] Así, es evidente que esta finalidad es totalmente diferente a la cautelada por el Derecho Penal, en la que la protección está dirigida a intereses legalmente tutelables, a los que se les denominan bienes jurídicos y que son distintos a parámetros moralistas.

Finlamente, la autonomía del Código de Ética del Colegio de Abogados ha sido consagrada en su artículo 82°, en donde establece de forma categórica que la responsabilidad por la conducta ética del abogado es independiente a la responsabilidad penal, civil, laboral, administrativa o de cualquier índole; en ese sentido, la instauración de un proceso disciplinario, al tener diversa naturaleza jurídica a la jurisdiccional, no impediría el establecimiento de una sanción por infracción al Código de Ética del Colegio de Abogados.

Por lo expuesto, tampoco sería necesario un pronunciamiento en la vía penal para recién poder accionar en la vía disciplinaria, toda vez que señalar lo contrario  resultaría ser un contrasentido, máxime si en muchos casos se absuelve por la comisión de delitos a sujetos por la insuficiencia de medios probatorios que puede devenir por una ineficiente investigación y que, no obstante, importa la inexistencia de la comisión de una infracción a los deberes establecidos en el Código de Ética del Colegio de Abogados. Del mismo modo, se olvida que para poder obtener un pronunciamiento definitivo es necesario agotar todas las vías en atención al derecho a la pluralidad de instancia y, que en la vía penal, desde ya implican años de proceso, con lo cual se seguiría permitiendo que estas personas sigan ejerciendo la profesión y cometiendo irregularidades.

Finalmente, con el objeto de reforzar nuestra argumentación es importante traer a colación lo señalado por el Tribunal Constitucional sobre la inexistencia de una vulneración al principio Non Bis In Ídem frente al inicio de un proceso disciplinario, cuando existen procesos en la vía ordinaria que siguen en trámite.

En el caso Nicanor Silva Vallejo[4], el recurrente interpuso demanda de amparo contra una Resolución N° 351-2003-E3P/CEP/CAL, emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, mediante la cual se le impuso la sanción de expulsión y asimismo, contra la Resolución que modifica esa sanción por la suspensión por un año en el ejercicio de su profesión. Fundamenta su petición, señalando que lo dispuesto por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima vulnera el principio Non Bis In Ídem, toda vez que ha sido sancionado por los mismos hechos ante el Consejo Nacional de la Magistratura, quien tendría única y exclusiva competencia para imponerle una sanción en atención a que es Magistrado Supremo. Frente a ello, el Tribunal Constitucional realizando un análisis de los fundamentos de ambas sanciones llega a determinar que tienen diferente naturaleza jurídica y por tanto, no se configuraría afectación al principio Non Bis In Ídem, conforme a mayor abundamiento procedo a citar a continuación:

  • Sobre la sanción impuesta por el Consejo Nacional de Magistratura.-

Fundamento 27.- “(…) la sanción de destitución impuesta al recurrente por el Consejo Nacional de la Magistratura en aplicación del inciso 2) del artículo 31º de su Ley Orgánica, lo ha sido por infracción del inciso 4) del artículo 196º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, por admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales, en razón de los hechos suscitados a raíz de una entrevista personal efectuada en el domicilio del entonces Sr. Presidente de la República por un proceso judicial de filiación seguido en su contra por doña Lucrecia Orozco, cuando era parte integrante del colegiado que tenía bajo su competencia el trámite de dicha causa. Dicha sanción le fue impuesta por responsabilidad funcional, que se anuda a su conducta en su calidad de magistrado, por haber infringido los deberes de fidelidad y respeto de las formas establecidas por ley, de imparcialidad, y de probidad e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional constitucionalmente prevista por el artículo 139.2º de la Norma Fundamental”.

  • Sobre la sanción impuesta por el tribunal de honor del Colegio de Abogados de Lima.-

Fundamento 28.- “(…) la medida disciplinaria impuesta por el Tribunal de Honor, sustentada en los artículos 50º y 77º de sus Estatutos, y en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 48º del Código de Ética de los Colegios de Abogados, se dirige a sancionar al actor en su calidad de profesional de derecho integrante del Colegio de Abogados de Lima, institución que en su calidad de ente fiscalizador del ejercicio de la profesión de abogado, ha considerado que su actuación –por la que ha sido destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura– también ha afectado los fines que promueve como institución con personalidad de derecho público, esto es, los parámetros deontológicos y éticos exigidos por la sociedad a la que sirve, y a los principios y valores contenidos en sus estatutos”.

En consecuencia, al advertir que no existía igualdad de fundamento señaló lo siguiente: “(…) dado que el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define el sentido del principio –esto es, no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, vale decir, en la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido– tampoco considera este Tribunal que se haya vulnerado el principio Non Bis In Ídem, pues conforme a lo expuesto en los fundamentos 27 y 28, supra, no existe identidad de fundamento en cuanto a las sanciones aplicadas por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, ya que, por un lado, los bienes jurídicos resguardados por cada uno de ellos resultan distintos, y por otro, ambas instituciones tienen diferentes ámbitos de control y sanciones diferenciadas (…)”.

[Énfasis nuestro]

 

El mismo pronunciamiento tuvo el Tribunal Constitucional en el caso Luis Sixto Achahui Loayza[5], en el cual señaló que no se configuraba una trasgresión al principio de Non Bis In Ídem, puesto que las sanciones tienen naturaleza jurídica diferente, conforme a mayor abundamiento procedo a citar a continuación:

“(…) En el presente caso, sin embargo, no se trata de una sanción doble, pues ni la Administración ni el Colegio de Abogados han sancionado dos veces por los mismos hechos ni tampoco han juzgado más de una vez.  Lo que ha ocurrido, en el presente caso, es que el proceder del demandante ha dado lugar a una sanción administrativa del Poder Judicial, que a su vez configura una conducta que atenta contra el Código de Ética del Abogado; es decir, no se trata de una sanción administrativa sino de una impuesta por un Colegio Profesional, en tanto que el proceder del demandante atenta contra los deberes del abogado en su ejercicio profesional. (…) Se trata de una falta reiterada del demandante en el ejercicio profesional, lo cual debe ser controlado por el Colegio de Abogados, cuya función es velar por el adecuado ejercicio de la profesión.   La finalidad de la sanción no es reparar el daño del denunciante pues ello no corresponde a los Colegios Profesionales sino al Poder Judicial, a través de los procesos civiles y penales correspondientes, sino desincentivar conductas que atenten contra el diligente ejercicio de la profesión del abogado, por lo que en el presente caso no se ha vulnerado el principio non bis in ídem (…)”. 

[Énfasis nuestro] 

Lo propio ha sido señalado por el Supremo Tribunal de Puerto Rico, en el caso Rodríguez/ Villalba 2004TSPR23, en el cual se señaló, que a pesar de que el querellado haya reparado los daños sufridos a su cliente por su falta de diligencia, y que además de ello, el Procurador haya solicitado el archivo de la causa seguida en su contra, dicho requerimiento no supone que no pueda instaurarse un proceso disciplinario en su contra por infracción al Código de Ética.[6]

Del mismo modo, el Supremo Tribunal de Puerto Rico señaló en el caso Miriam Meléndez Rivera 2001TSR39 que el archivo en la esfera civil no precluye que dicho Tribunal imponga sanciones disciplinarias por la conducta profesional impropia que dio lugar al resarcimiento por el abogado a su cliente de los daños causados por su conducta negligente.[7]

En atención a todo lo expuesto es que considero que invocar el principio de Non Bis In Idem para impedir la imposición de sanciones disciplinarias resulta ser una mala praxis extendida por la defensa de quienes son objeto de un proceso disciplinario ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados. Se olvida que para la configuración del principio –sea en su vertiente sustantiva o procesal- se requiere una triple identidad, vale decir, identidad de sujetos, hechos y fundamento jurídico, lo cual no se cumpliría en el presente caso, en tanto, la naturaleza jurídica de cada una de las vías son diversas. Como pudimos ver en los párrafos precedentes, en la vía disciplinaria lo que se discute es el correcto ejercicio de la profesión como abogado a la luz del Código de Ética, mientras que en la vía jurisdiccional, como lo sería la vía penal, se discute la afectación a un concreto bien jurídico tutelado por el tipo penal, como lo sería – por señalar un ejemplo-, la Administración Pública[8] en los delitos de corrupción de funcionarios. En ese sentido, un mismo hecho puede vulnerar bienes jurídicos diversos (penales, civiles, éticos, etc.) y por tanto, cabrán en estos casos tres sanciones distintas en virtud de la independencia de los bienes jurídicos protegidos[9]. La tutela de un bien jurídico por medio de una sanción no supone la satisfacción de otro bien jurídico por ser independientes.[10]


 

[1] CALVO SÁNCHEZ, Luis. Régimen jurídico de los colegios profesionales. Madrid, Civitas, 1998, pp. 679.

[2] Cfr. Artículo 3º del Estatuto del CAL de 1997.

[3] Expediente 3954-2006/PA-TC de fecha 11 de diciembre de 2006.

[4] Expediente N°: 3954-2006-PA/TC- LIMA de fecha 11 de diciembre de 2006.

[5] Expediente 3167-2004-AA/TC-LIMA

[6] Citado en PAREDES, Juan Alberto. Alcances del deber de diligencia en la relación abogado- cliente. En: Derecho y Sociedad. No. 24, 2005, pp. 369-377.

[7] Ídem.

[8] Lo señalado con cargo a concretizar el bien jurídico de cada delito, teniendo en consideración que la Administración Pública es el bien jurídico macro de este tipo de delitos.

[9] PAREDES, Juan Alberto. Alcances del deber de diligencia en la relación abogado- cliente. En: Derecho y Sociedad. No. 24, 2005, pp. 369-377.

[10] Ídem.