El lunes pasado, miles de usuarios del corredor azul fueron afectados por la reducción de unidades en las rutas. ¿La razón? La Municipalidad de Lima declaró nulos los contratos de los consorcios TGA y Javier Prado Express, ahora llamado EcoExpress. ¿Los actores? El Ministerio de Economía y Finanzas y la Municipalidad de Lima. En el presente editorial analizaremos la participación de estas dos entidades, los argumentos jurídicos implicados y las consecuencias, tanto legales como sociales, que podría tener este suceso.

En el año 2012, a través de la ordenanza 1613, la Municipalidad de Lima creó el Sistema Integrado de Transportes (SIT). En enero del 2014, durante la gestión de Susana Villarán, la Reforma de Transporte comenzó su fase operativa al otorgar la buena pro a los consorcios que participaron de la licitación pública (Nº001-2012). A tal momento, la norma vigente y aplicable era el Decreto Legislativo 1012, también conocido como la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Varios meses después, el Estado modificó el marco legal, generando, a través de este, la obligación que todo contrato de este tipo deba ser revisado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) previamente.  De no cumplirse esta condición el contrato habría de ser declarado nulo. En aras de garantizar la no afectación de recursos públicos, el MEF insistió en declarar nulos los contratos que no habían sido revisados por ellos –aunque se hayan dado previa exigencia. Finalmente en octubre del año pasado, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y el ministro de economía, Alonso Segura, llegaron a un acuerdo.

Según nuestro ordenamiento, una norma no puede ser aplicada de manera retroactiva. Sin embargo, estas discusiones devinieron en el Decreto de Urgencia 006-2015, mediante el cual se establecía un plazo extraordinario para que el MEF revise los contratos que ya habían sido firmados. Tras las observaciones dadas por el MEF, la Municipalidad propuso adendas a los concesionarios, las cuales fueron firmadas por 18 de estos. Sin embargo, tres consorcios se negaron a ratificar las adendas, aquellos tres consorcios cuyos contratos la Municipalidad ahora ha declarado nulos: EcoExpress, TGA y Lima Perú.

¿Qué consecuencias trae esta situación para la ciudad? Por un lado, tanto EcoExpress como TGA han comunicado que iniciarán dos arbitrajes contra la Municipalidad de Lima, a través de los cuales exigirán una reparación de 120 millones de dólares por la anulación de los contratos. Estos procesos podrían durar aproximadamente un año y se exigirá la indemnización por el dinero invertido en la compra de buses, la contratación de choferes formales, entre otros. Asimismo, cabe advertir que sería la Cámara de Comercio de Lima quien esté a cargo de estos procesos. Cámara que, hace poco menos de 4 meses, ordenó que la Municipalidad de Lima desembolse 54 millones de soles a un operador del Metropolitano.

Por otro lado, la anulación de los consorcios ha dejado sin empleo a más de 400 choferes en el espacio de un fin de semana. Al haber sido formales, muchos habían solicitado préstamos al banco y obtenido líneas de crédito; situación ahora incierta. Los usuarios, asimismo, se han enfrentado a una drástica reducción de buses en la circulación así como también han regresado las cústers tradicionales, generando un mayor caos en el tránsito.

Y eso no es todo. Gustavo Guerra García, ex presidente de ProTransporte, ha señalado un grave efecto colateral que podría traer la anulación de los contratos con los consorcios: el retorno de las combis y cústers de la empresa Orión, principalmente en la Avenida Javier Prado. Asimismo, los actuales administradores deberán, por necesidad, utilizar toda su flota tras esta medida, incluyendo las unidades que estaban destinadas únicamente a las rutas alimentadoras. Esto devendrá en un vacío que probablemente será suplido por las empresas informales. Además, en reemplazo de estos operadores, la Municipalidad de Lima ha contratado a otros transportistas sin las obligaciones que establecían los contratos de concesión. Tal es el caso de las empresas Consorcio Vía SAC  y Consorcio de Transporte ADONAI SAC, quienes no cuentan con una licencia en Lima Metropolitana.

El lunes pasado resultó en cientos de choferes sin empleo, en miles de usuarios afectados por la reducción de unidades de transporte, en dos procesos de arbitraje por 120 millones de dólares que probablemente perderá la Municipalidad a coste de los contribuyentes y en una Reforma de Transporte necesaria pero casi perdida. Resultó, también, en el acrecentado desprestigio de estas dos instituciones que, siendo Estado no saben aplicar las normas. Lunes negro, le llaman.

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