Por Piero Vásquez, profesor de Derecho en la PUCP, magister en Derechos Humanos y abogado de la CIDH*

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos enfrenta su más grave crisis institucional en la historia. El incumplimiento de las obligaciones internacionales financieras de los Estados a la CIDH es un boicot político y financiero para impedir que este Órgano siga cumpliendo con su mandato jurídico de promoción y defensa de los Derechos Humanos en las Américas y el Caribe. De concretarse este boicot de algunos gobiernos de la región conllevaría el cierre técnico de facto de la CIDH, la imposibilidad de tramitar más de 4000 denuncias de violaciones a Derechos Humanos y medidas cautelares y la supervisión de la situación geográfica de más de un tercio de países de la región, por citar algunos ejemplos.

Y quiero detenerme en esto del “mandato de la CIDH” que no es solamente un asunto discursivo. El arraigo de ese mandato es profundo y se puede rastrear desde los orígenes de la Organización de Estados Americanos (OEA). El día que se adopta la Carta de la OEA en 1948 también se adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (SIC), antes siquiera de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos. El mandato de protección de los derechos humanos no solo es su rasgo consuetudinario de creación, sino que además es una obligación jurídica convencional de amplio espectro que se desprende de varios tratados y resoluciones adoptados por la Organización.

En la genial analogía del profesor Álvarez (2006: 585 y ss), las Organizaciones Internacionales parecen ser el Frankenstein de Mary Shelley: la criatura cobra vida y aterroriza a su creador. La CIDH, como órgano de la OEA, fue creada por los Estados Miembros con una misión y un mandato claro. Cuando la CIDH hace su trabajo, los Gobiernos de esos Estados pierden el control. Es más fácil tratar de desaparecer a la criatura, en este caso asfixiándola económicamente.

Pero lo que parecen haber olvidado los Gobiernos de las Américas y El Caribe es que la existencia de un Sistema de Protección de Derechos Humanos es un derecho de sus pueblos, no es una potestad de los Gobiernos de turno. Constituciones como la del Perú lo consagra de modo explícito: “Artículo 205°.- Jurisdicción Supranacional Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte”. Y en el caso de Estados que no lo reconocen de modo explícito, a través de las teorías del “bloque de constitucionalidad”, los tratados de derechos humanos tienen rango jurídico especial (constitucional o supralegal), como es el caso, por ejemplo de Argentina y Colombia, lo que implica que el Derecho internacional se integra al Derecho interno de modo directo en esta específica materia.

La Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su artículo 44 la competencia de la CIDH para recibir denuncias sobre violaciones de derechos humanos, una prescripción tan clara y simple, que no denota mayor complejidad en su cumplimiento es la piedra en el zapato. El problema del Derecho internacional, como se ha discutido hasta el hartazgo, es su difícil capacidad coercitiva. Sin embargo, no perdamos el foco, que un Estado no cumpla sus obligaciones internacionales, no hace que el Derecho internacional deje de ser obligatorio, pues, como señala Elizabeth Salmón (2014: 20), este es un problema relacionado con la naturaleza de los Sujetos a los que se dirige el Derecho Internacional: los Estados, como entidades autárquicas (y egocéntricas); pero no es un problema sobre la naturaleza jurídica del Derecho internacional. El viejo Pacta Sunt Servanda, de origen consuetudinario y codificado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, consagra el principio del cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales y es la columna vertebral del Derecho internacional.

Entonces, si es Derecho y es obligatorio, por qué de pronto, algunos Gobiernos deciden tratar al Sistema Interamericano como si no lo fuera. Mi intuición me lleva a pensar que se trata de la materia que aborda y a las personas que protege. El Sistema Interamericano se creó para brindar protección a los que no tienen privilegios. Sirve como instrumento de defensa de la persona débil, pequeña, odiada, discriminada. Sirve para proteger a “los Nadies” de Eduardo Galeano,  a los hijos de nadie, a los dueños de nada, los ningunos, los que cuestan menos, que la bala los mata. Esas personas que no son la prioridad de estos Gobiernos, esas personas son la prioridad del Sistema Interamericano, y por ellas, aquí nadie va a apagar la luz.

*Disclaimer: Las opiniones emitidas en este artículo son estrictamente personales y no reflejan la opinión de la Organización de Estados Americanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


+ Más información:

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/23/estados_unidos/1464011157_343108.html

http://interamericanhumanrights.org/el-silencioso-jaque-mate-a-la-cidh/

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