I. Luis Castañeda podría haber violado la Ley Electoral por reunión sostenida con Keiko Fujimori

El pasado jueves 2 de junio, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, sostuvo una reunión con la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, luego de la cual decidió manifestar en público su respaldo por su candidatura. A raíz de dicho suceso, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste III, ha decidido abrir un proceso sancionador contra el alcalde de Lima por violar el principio de neutralidad electoral, según el cual se encuentra prohibido a los funcionarios y empleados públicos hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna agrupación política o candidato. Por esta infracción, el líder de Solidaridad Nacional podría ser multado con hasta S/. 395 mil Soles (100 UIT).

Fuentes recomendadas:

Puntos controvertidos:

  • ¿Cuáles son las razones y alcances del principio de neutralidad amparado por la Ley Electoral?
  • ¿Las declaraciones efectuadas por Castañeda Lossio configuran mérito suficiente para abrir un procedimiento sancionador?

II. Osiptel ratifica multa por más de S/ 201,450.00 Soles contra Telefónica

El pasado viernes, el Osiptel ratificó la aplicación de una multa por más de S/201.450 (51 UIT) a Telefónica del Perú por incumplir la resolución de reconexión del servicio de telefonía fija a un usuario por baja injustificada. Los antecedentes de dicha denuncia se remontan a que la empresa operadora habría generado un perjuicio a un usuario al dejarlo sin servicio de telefonía fija por un período de 58 días. En primera instancia, Osiptel ordenó a Telefónica reactivar el servicio con el mismo número telefónico, siempre y cuando este se encuentre disponible. Sin embargo, la empresa no cumplió la Resolución en el plazo establecido, lo que ameritó que el organismo regulador abriese un Proceso Administrativo Sancionador y ratificase la multa.

Fuentes recomendadas:

Puntos controvertidos:

  • ¿Cuál es el alcance del principio de continuidad de los servicios públicos y cómo se manifiesta en el presente caso?
  • ¿Se podría justificar una adecuada función disciplinaria por parte del organismo regulador, esto en atención a la gravedad de la infracción?

III. Crisis en Venezuela

La profunda crisis que atraviesa el pueblo venezolano, el mismo que ha llegado a ser declarado en una situación de crisis humanitaria por la escasez de alimentos y recursos que advierte, lo ha llevado a ser protagonista del panorama internacional actual. En razón a dicha situación, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha acusado al gobierno Venezolano de estar al borde de la ilegitimidad y bajo ese pretexto invocó la Carta Democrática de la OEA, para solicitar una sesión urgente este mes del Consejo Permanente, con el fin de que se constate si existe una “alteración del orden constitucional” en dicho paìs. El informe de Almagro describe en profundidad la crisis de Venezuela, desde la gravísima situación en los hospitales y la escasez de alimentos hasta el encarcelamiento de figuras políticas de la oposición, la censura en los medios, las denuncias de corrupción y la injerencia del gobierno en la justicia.

Fuentes recomendadas:

Puntos controvertidos:

  • ¿Qué disposición faculta al Secretario General para invocar la Carta Democrática de la OEA contra el Estado Venezolano?
  • ¿Qué consecuencias acarrearía una eventual constatación de una alteración del orden constitucional de dicho país?
  • ¿Qué postura y mecanismos han adoptado el resto de Estados miembros?

IV. Burga será extraditado a EEUU

El último jueves, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Javier Villa Stein, aceptó uno de los cinco delitos presentados en la  solicitud de extradición pasiva, interpuesta por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Este de Nueva York, contra Manuel Burga Seoane, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El ilícito penal aludido es delincuencia organizada en grado de conspiración en agravio de los Estados Unidos. En tanto, cargos como asociación delictiva de fraude electrónico en grado de conspiración o asociación delictiva de lavado de dinero en grado de conspiración no fueron admitidos por no formar parte de la legislación peruana. Lo que se estaría esperando ahora es la aprobación del Ministerio de Justicia y el refrendo del presidente Humala para proceder a la entrega de Burga a las autoridades estadounidenses.

Fuentes recomendadas:

Puntos controvertidos:

  • ¿La decisión de la Corte Suprema es irrevocable? ¿En todo caso, podría caber un hábeas corpus del agraviado?
  • ¿Podría realizarse el proceso en el Perú? ¿Qué requisitos tendrían que cumplirse?
  • ¿Por qué es la justicia estadounidense la que ha podido hallar una red de corrupción de la FIFA?

V. Jurado Electoral confirma que Fuerza Popular habría entregado tapers en acto proselitista en Juliaca

Benny Álvarez Quiñones, presidente del Jurado Electoral Especial de Juliaca, luego de haber corroborado la distribución de tápers, los cuales contenían imágenes de la candidata y posiblemente también dinero, por parte del partido político Fuerza Popular a habitantes de las localidades rurales de Purina (Melgar – Ayaviri) y Asillo y Tirapata (Azángaro), remitió un informe al Jurado Especial Electoral Especial- Lima Centro 1, a fin de poder determinar una posible infracción y sanción contra el partido político. Los hechos materia de este proceso sucedieron los días domingo 29 y lunes 30 de mayo.

Fuentes recomendadas:

Puntos controvertidos:

  • ¿Cuáles son las sanciones que sobrevienen, teniendo en cuenta la finalización del proceso electoral?
  • ¿Qué reformas se requieren del sistema de fiscalización y sanción de la norma que prohíbe la entrega de dádivas?

VI. Gramercy demanda al Perú por cobro de bonos de la Deuda Agraria

Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC (Gramercy) son fondos de riesgo, cuyo giro es buscar inversiones en dificultades en los mercados emergentes. Son ellos los que durante el 2006 y 2008 consiguieron comprar cerca de 10 mil bonos agrarios a cientos de tenedores peruanos. Como es previsible, estas empresas solicitaron al Estado peruano el pago de estos. El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, hizo caso omiso al cumplimiento de esta obligación. Por ello, Gramercy decidió iniciar un arbitraje, solicitando 1600 millones de dólares, al amparo del artículo 10.7 del Acuerdo de Promoción Comercial entre EE.UU. y el Perú. Finalmente, representantes del MEF aseguraron que han iniciado un programa de cancelación de deuda por los bonos de la Reforma Agraria de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional del 2001.

Fuentes recomendadas:

Puntos Controvertidos:

  • ¿Por qué Gramercy alega el Tratado si es ella la que no ha realizado operación comerciales concretas en el Perú?
  • ¿Fue legítima la compra de bonos de la Reforma Agraria?
  • ¿Cómo se iniciará la defensa del Estado frente a este caso?

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