Los gobiernos autoritarios no nos son ajenos. La historia de América Latina está tan plagada de regímenes tiránicos que incluso la novela de la dictadura constituye un subgénero literario típico en nuestra región. Para peruanas y peruanos, el recuerdo del último gobierno autoritario que se quiso enquistar en el poder todavía está fresco. Apostó por un tercer mandato. Un tercer mandato que terminó ese mismo año con una renuncia vía fax desde Japón.

La democracia no solo se presenta como un valor escaso en nuestra región. En abril del año pasado, el Presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, quiso hacer lo mismo y apostar por ser reelegido para gobernar por tercera vez. Esta decisión no ha sido inocua y ha traído consigo uno de los procesos más violentos en la historia del país africano.

La fiesta de Nkurunziza 

En los últimos días de abril de 2015, Pierre Nkurunziza sorprendió a muchos burundeses con la noticia: anunciaba que postulaba por tercera vez a la Presidencia de la República.

La historia de Nkurunziza es muy familiar: elegido en 2005 por el Parlamento, el hasta entonces líder rebelde Hutu se convertía en el primer Presidente elegido en elecciones democráticas desde el conflicto armado no internacional de 1994. Su elección fue considerada como uno de los pasos necesarios en el proceso de paz que ponía fin al enfrentamiento entre Hutus y Tutsi en Burundi.

Pero en el 2015, la reacción fue distinta. El anuncio dio lugar a protestas generalizadas en Bujumbura, capital del país, así como a un intento de golpe de Estado, calificando de “inconstitucional” la decisión de Nkurunziza. Y razón no faltaba: la Constitución de Burundi solo permite una reelección presidencial, es decir, un máximo de diez años en el poder. Pero, como otros gobernantes autoritaraios, Nkurunziza también tenía una interpretación “ad hoc” de la Constitución bajo la manga, una que le permitía postular a un tercer mandato: solo había sido elegido por el pueblo una sola vez, en las elecciones celebradas en 2010. Así que, pese a todo, en agosto juramentó nuevamente como Presidente.

La violencia escaló rápidamente. El 17 de diciembre de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la resolución A/HRC/S-24, mediante la cual toma nota de “un grupo de titulares de mandatos de los procedimientos especiales, en la que se señalaban que la situación de Burundi seguía deteriorándose y se producían denuncias diarias de violaciones graves de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones y prisión arbitrarias, torturas, ataques contra la independencia de los medios de comunicación y hostigamiento y asesinato de defensores de los derechos humanos, así como limitaciones injustificadas de la libertad de reunión pacífica y de expresión, que se suman a las más de 200 000 personas desplazadas por la violencia”.

Como medida, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que organice “urgentemente y envíe lo antes posible una misión de expertos independientes en la materia”.

Justicia y Paz: el rol de la Corte Penal Internacional (CPI)

El 25 de abril de 2016, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abrió un examen preliminar con respecto a la violencia preelectoral y postelectoral en Burundi. Fundamentó su decisión en las 430 personas supuestamente asesinadas, los 3 400 detenidos y más de 230 000 refugiados.

Las opiniones sobre el impacto que esta decisión tendrá en Burundi han sido variadas. Algunos analistas indican que la crisis ha escalado tan rápidamente que la presencia de la CPI hará poca diferencia. Otros, como Amnistía Internacional, simplemente consideró que el examen preliminar es solo un indicador más de la gravedad de los sucesos. Civil Society por su parte, celebró la noticia, esperando que esto traiga consigo el fin de la impunidad y un efecto disuasivo en las hostilidades.

Sin embargo, la pregunta que para muchos queda en el aire es la siguiente: ¿en qué afecta las declaraciones de Fatou Bensouda la situación actual de violencia en Burundi? ¿Puede la CPI aportar y dejar los cimientos para un proceso de paz?

Esta discusión, sobre la relación entre justicia y paz, es constante en el marco de la Justicia Transicional. Nos lleva a adentrarnos a caminos distintos a los planteados por Hannah Arendt, quien destacaba que el propósito de un juicio penal era la sola búsqueda de la justicia. Incluso, los más férreos críticos de la CPI señalan que la justicia puede tener como consecuencia el fin de procesos de paz que de por sí son sumamente frágiles.

Lo que resulta innegable es que la idea de “paz” estaba detrás de la misma creación de la Corte. En el preámbulo del Estatuto de Roma, los Estados Partes declaran que los “graves crímenes constituyen una amenaza para la paz”. Adicionalmente, y de modo constante, se ha comprobado que la paz conseguida a partir de la impunidad no es sostenible. El mismo caso de Burundi, Sierra Leona y Sudán son ejemplos de ello. En Liberia, la orden de arresto del Charles Taylor jugó un rol importante en las conversaciones de paz, debido a la deslegitimización que generó de la imagen de Taylor a nivel nacional e internacional.

En todo caso, Burundi nos podrá brindar un ejemplo de cómo la justicia y la paz pueden ser complementarios como objetivos válidos en cualquier negociación, fortaleciendo de ese modo la lucha contra la impunidad a nivel internacional.

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