En la siguiente entrega, EnfoqueDerecho entrevista a Isabel Sánchez, abogada por la PUCP y profesora adjunta de Derecho Constitucional en la PUCP, sobre el Recurso de Agravio Constitucional presentado por Alan García.

ED: ¿Considera idónea la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Recurso de Agravio Constitucional (RAC) presentado en el Proceso de Amparo promovido por Alan García?  ¿Por qué?

IS: En realidad, no es una decisión idónea, porque presenta ciertas imprecisiones formales y, además, contraviene decisiones del Tribunal Constitucional en materia de recursos constitucional atípicos y también de procedencia de quejas o recurso de queja.

En primer lugar, El TC, en el fundamento número 6, del auto relativo a este caso (expediente 0019-2016-Q/TC), señala que el RAC interpuesto por el procurador del Poder Legislativo cuestiona la resolución del 1 de setiembre del 2014, cuando en realidad lo que hace el RAC es cuestionar la resolución número 29° del 23 de noviembre del 2015.

Es esta resolución la que confirma a su vez la resolución número 33° del Quinto Juzgado  Especializado en lo Constitucional que declara nula la carta citación del 4 de octubre del 2013.

En segundo lugar, se declaró nula la sesión, el acta de la sesión multipartidaria del 30 octubre del 2013 y también los informes finales aprobados por la Comisión Parlamentaria, el cual recomienda la formulación de denuncia constitucional contra el ex presidente Alan García Pérez por infracción constitucional y comisión de delitos en ejercicio de funciones.

El punto neurálgico es que el Tribunal señala que es necesario ratificar lo establecido en casos anteriores, en el sentido que solamente puede plantearse un recurso de agravio constitucional atípico en etapa de ejecución de sentencia.  Señala que, al declarar fundado el RAC, en este caso el Congreso, comprometería la cosa juzgada y también la ejecución oportuna de las sentencias, porque podría considerarse que es tal habilitación daría lugar a dilaciones indebidas en la ejecución de sentencias.  Entonces el tribunal señaló, dados estos argumentos, que no correspondía en este caso declarar fundada la queja. Con ello, sin embargo, se omitía evaluar el fondo de la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional,  porque, cuando interpusimos el RAC,  fuimos convencidos de que era algo totalmente probable que el Poder Judicial  lo negara, y, en efecto, eso pasó.  La Resolución N°30  de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 7 de enero del 2016, lo declaró procedente, pero lo hizo sobre la base de argumentos altamente cuestionables, pues señalaba, por ejemplo, que el RAC podría interponerlo la parte demandante, lo cual no es así, dado que hay casos excepcionales.  

ED: Entonces, ¿han habido errores de forma que no han permitido analizar el fondo de la demanda?

IS: Interpuesto el RAC, este se negó; por ello introducimos la queja. Es esta queja la que ha sido denegada en este auto en cuestión, siendo denegada por considerar que la resolución denegatoria del 30 de enero del 2016 fue expedida correctamente, pero sin analizar propiamente los alcances del mismo.  Allí se afirma que solamente cabe interponer Recurso cuando el sujeto que lo hace es la parte demandante, cuestión que no es así, ya que hay casos en los cuales interponer el Recurso por la parte demandada, en ejecución de Sentencia, cuando se trata de resoluciones emitidas por el TC.

ED: ¿Por qué crees que ha pasado esto? ¿Qué teoría manejas? ¿Es una decisión política?

IS: Centrándome en lo jurídico, el TC no ha querido arriesgarse en continuar con la línea que venía trazada, porque, si fueran coherentes, habrían promovido el caso.  Con ello podrían manifestarse sobre las implicancias de las Comisiones Investigadoras del Congreso. Era  la oportunidad de aplicar los criterios aplicados ya en el caso Toledo, que es un precedente vinculante y pronunciarse en su utilización en procesos en trámite.

De que puede haber una razón política no la descarto, pero, en base a lo jurídico, diría que el Tribunal ha perdido una gran oportunidad, renunciando a la flexibilidad que aplicaron otros casos. 

ED: Un argumento en contra de la medida fue la violación del principio de igualdad de armas, ¿no considera que este es un caso que lo justifica razonablemente?

IS: Sí, en efecto, nosotros admitimos que había una vulneración al principio de igualdad de armas al no admitir la queja. Este principio corresponde a la parte objetiva del debido proceso, esta permite que ambas partes puedan defenderse de forma tal que no haya ninguna circunstancia que favorezca a una parte en detrimento de la otra. Nosotros consideramos que el hecho de que solamente la parte demandante, en este caso Alan García, pudiese interponer un RAC,  en el supuesto negado de que si lo hubiese querido,  y nosotros no, ello podría constituir una eventual amenaza a la igualdad de armas.

Tendría que advertir que la Resolución 29° pudo formarse gracias al voto del Juez Soler,  cuya actuación nos generó innegables dudas en lo que respecta al respeto de la imparcialidad del juzgador,  porque han habido denuncias de la prensa y medios especializados en lucha contra la corrupción,  como IDL, que dan cuenta del vínculo de este señor con el ex presidente Alan García,  incluso habría sido militante del Partido Aprista,  porque tenía una inscripción en él.  

ED: ¿El juez Soler debió inhibirse?

IS: Sí, debió inhibirse,  pero no lo hizo. Es con su voto que se hace la Resolución 29, que es la que pone fin al proceso, declarando nula la carta-citación de octubre del 2013,  la sesión y acta de sesión del 30 octubre del mismo año, y a su vez los informes finales producto de esta sesión, en el cual se recomienda denuncia constitucional contra Alan García.

Lo que analiza la Resolución 29 es si el Auto de Ejecución número 33 del Quinto Juzgado Constitucional se adecua a los parámetros de una Resolución anterior de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual señaló que el juez del Quinto Juzgado Constitucional, en una resolución anterior, había incurrido en vicios de motivación afectando el derecho a la debida motivación.

A partir de eso, el juez debía pronunciarse,  respecto a la nulidad de la citación de octubre, del acta y de los informes finales.  Ocurre que el juez Soler,ignorando los parámetros emitidos por la  Primera Sala Civil. Frente a esta omisión, se afecta la debida motivación. Bajo esta premisa apelamos,  y es en el marco de esta  que hay pronunciamiento de distintos jueces de la Primera Sala Civil.  En el sentido de que se debe revocar ese auto ejecución número 33,  es decir se considera que el juez ha incurrido en vicios de motivación con los cuales la resolución 33°, que anulaba todo lo actuado, tenía que ser revocado.  

Posteriormente, cuando se iban a dar las votaciones para la sentencia mencionada,  no supimos que el juez Soler iba a ser el juez del voto dirimente al ser vista la causa. Al saber esto, nosotros tratamos de ver la posibilidad de que Juan Soler no conozca el caso. Sabíamos que no lo podíamos recusar, puesto que en un  Amparo es improcedente. Sin embargo, a él le correspondía inhibirse.

 ED: Por otro lado, un argumento a favor fue que este supuesto no correspondía con los establecidos para el Recurso de Agravio Constitucional; es decir, para terrorismo, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. ¿ Es cierto esto?

IS: En primer lugar, tenemos que hacer una distinción. El RAC atípico procede en resoluciones estimatorias,  siempre que se trate de de estos temas de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. En nuestro caso, es un caso de ejecución de Sentencia,  por ello señalamos que ha habido un ejecución indebida del Auto de Ejecucion N° 33 del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional. Consideramos que es una ejecución defectuosa. Siendo ello así, es pertinente señalar cuáles son los casos que el TC ha considerado de manera excepcional utilizar la figura del RAC, en el que la parte demandada, como es nuestro caso, puede interponer un RAC. Tenemos el caso en el cual el TC señaló que ante la ejecución indebida de Sentencia del propio TC, la parte emplazada excepcionalmente podría interponer un RAC, en este caso un recurso de apelación por salto.

En cuanto a resoluciones del PJ, el TC manifiesta que también se puede controlar la ejecución indebida de resoluciones emitidas por aquel, aunque no haga distinción de que el RAC pueda ser interpuesta por demandante o demandado. Teniendo en cuenta que el derecho de tutela juridiccional efectiva es un derecho de ambas partes, podemos considerar que es la línea de ejecución de las sentencias esbozadas que la parte demandada pueda ver afectado un conjunto de derechos constitucionales, como la propia cosa juzgada constitucional, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto,  estaría legítima de interponer un recurso de agravio constitucional contra una resolución proveniente del PJ. Esta visión nos favorece.

ED: ¿No cree que el apartarse de estos supuestos conferirá demasiado poder al Tribunal Constitucional?

IS: Esta preocupación ha sido recogida en el voto del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. Considera que los casos en los cuales se admite un RAC atípico no solamente sean fundamentados de acuerdo a cada caso, sino que debería haber pautas generales a partir de las cuales, sin apartarse del carácter dinámico de la interpretación constitucional, se pudiera claramente considerar en qué casos excepcionales el TC pueda admitir un RAC.  Esta preocupación está recogida en el fundamento de voto del magistrado.

Por otro lado,  el principio de flexibilidad, el cual ha sido aplicada en distintos casos, tiene como derrotero los fines del proceso constitucional, los cuales  son garantizar la supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales. En el caso Alan García, ameritaba la aplicación de este principio,  por ser un caso de relevancia nacional, en el que están en juego principios como la cosa juzgada, la tutela jurisdiccional efectiva.  

Además, el hecho de no considerarlo así pondría en entredicho el respeto de la igualdad de armas en la medida en que el tribunal hubiese desarrollado una argumentación en ese sentido, se hubieran evitado críticas.

Insisto en la necesidad de que hayan pautas generales por donde se pueda derivar en qué caso podría aplicarse el RAC, en los que el TC sea competente. Con ello no se está negando que el Tribunal puede hacerlo.  

ED: ¿Considera que este caso era oportuno para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las exigencias que el Poder Judicial puede hacerle a las comisiones parlamentarias? ¿En qué sentido?

IS: Por supuesto. Es necesario regular las competencias  entre el PJ y el Congreso,  porque han habido resoluciones aquel destinadas a declarar nulas las acciones de las comisiones investigadoras.  Algunas anulaciones ha ocurrido en base a la violación del debido proceso.  Creo que  hay un desconocimiento de la naturaleza de las actuaciones de control y fiscalización parlamentarias. Vemos que no hay nada claro respecto a cómo se debe controlar las actuaciones del Parlamento por el  Poder Judicial.

No se ha regulado, además, qué  elementos del contenido constitutivo del debido proceso y derechos relacionados a él deben atenuarse en una investigación congresal.  Por eso sería bueno que el TC se pronuncie sobre esta materia.  Bien puede el TC  aprovechar la oportunidad para desarrollar el contenido del debido proceso mirando a las comisiones fiscalizadoras y de control del Congreso.  La pregunta aquí es qué exigencia del debido proceso deben ser respetadas como contenido mínimo.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here