Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del Estudio Roger Yon & SMB.

El 12 de junio pasado despertamos con una triste noticia. Un tiroteo en una discoteca en Orlando había acabado con la vida de 49 personas y dejado otras tantas heridas. Calificado como el tiroteo con más muertes en Estados Unidos, la noticia fue rápidamente difundida en medios de comunicación de todo el mundo, incluido nuestro país. El 14 de junio, el Congreso de la República de Perú inició su sesión guardando un minuto de silencio por los jóvenes que perdieron la vida en el atentado.

Imagino que muchos se encontrarán sorprendidos por el hecho de que en la presentación de la historia que he hecho no haya referencia a que la discoteca en la que el ciudadano norteamericano Omar Mir Seddique Mateen entró y asesinó a 49 personas, es una discoteca dirigida a público homosexual. Es triste pero cierto. En la actualidad, aún necesitamos distinguir estos casos porque no se trata de un atentado o tiroteo al azar, como ocurren y por supuesto también resultan lamentables, se trata de uno cuyo motivo es la intolerancia, también denominados crímenes de odio.

Nuestro país no es ajeno a estos crímenes por intolerancia. El 30 de mayo pasado fue asesinada de cuatro balazos Zuleimy Aylén Sánchez Cárdenas, una joven transgénero de 14 años. Aun cuando no están claras las circunstancias de su asesinato, sí es claro que el hecho de mostrarse como realmente se sentía le costó la vida. Por Zuleimy el Congreso no guardó silencio ni se pronunció.

El Congreso sí se pronunció en julio de 2013 cuando rechazó una cuestión previa planteada por el congresista Carlos Bruce, a fin de incluir a la orientación sexual e identidad de género como causales expresas de discriminación en el numeral 2) del artículo 46° del Código Penal, que recoge las agravantes genéricas de los delitos. Los fundamentos para esta decisión fueron diversos; desde la ausencia de necesidad de especificar cada causal posible de discriminación, hasta lo planteado por el hoy nuevamente congresista Julio Rosas, que comparó el ser discriminado por la orientación sexual con ser discriminado porque a uno le guste o no determinada comida. Lo cierto es que la inclusión de otros motivos expresos de discriminación, como la religión, no fueron cuestionados, ni se señaló respecto de estos que no era necesaria su inclusión expresa.

Lamentablemente para nuestro país, el Congreso no quiso hacer explícita la causal de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género como agravante genérica de los delitos. Ojo, ello no quiere decir que dicha causal haya sido excluida y los profesionales del derecho y operadores de justicia debemos tener eso claro. Sin embargo, actualmente, siendo conocido el maltrato psicológico y hasta físico que sufren diariamente personas que hacen pública su orientación sexual por parte de quienes, producto de una lamentable ignorancia, la consideran “anormal”, sí resulta insuficiente la protección que les brindan los representantes del Poder Legislativo a estos ciudadanos, que también votan y deben verse representados por ellos y protegidos por las leyes que aprueban.

Espero que pronto llegue el día en el que en las leyes no se tenga que mencionar ni especificar que no se admite la discriminación por orientación sexual e identidad de género y que baste un principio de no discriminación, pero aún nos encontramos lejos de esa meta.

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