Por Andrea Pulgar, Experta Certificada en Protección de Datos (ECPD) y asociada del Estudio Grau Abogados.

La prueba electrónica exige conocer las diversas formas en que se manifiestan los medios probatorios de carácter electrónico y especialmente comprender cómo funcionan los mecanismos que permiten asegurar que los datos recogidos en tales medios probatorios no han sido modificados indebidamente por las partes. Esto con el fin de alterar la realidad para obtener una sentencia favorable a sus intereses.

Desde una perspectiva de Derecho Procesal, en nuestro país no existe un procedimiento probatorio especial para valorar la prueba electrónica; es decir, para los medios de prueba electrónicos. Esto tiene sentido ya que la prueba electrónica no es diferente, en esencia, a la prueba tradicional.

Ambas pueden probar tanto la ocurrencia de hechos acaecidos en un entorno físico o digital. La única diferencia entre ambas es que la prueba electrónica se expresa mediante un soporte electrónico creado por las tecnologías de la información y comunicación motivo por el cual reviste de un carácter efímero y manipulable mayor que el de la prueba tradicional. En ese sentido, a la prueba electrónica le serán aplicables las reglas procesales generales sobre actividad probatoria, medios de prueba y resultado probatorio.

No obstante, consideramos que por su naturaleza especial, existen ciertas reglas específicas para el tratamiento de la prueba electrónica que deben ser recogidas en todo ordenamiento procesal. Entre las mismas podemos rescatar a las siguientes[1]:

  • Se debe aplicar reglas procesales referidas a los medios audiovisuales (instrumentos de filmación, grabación o semejantes), cuando éstos sean electrónicos. Es decir, medios de prueba que permitan la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes.
  • Se debe establecer el tiempo para la proposición y aportación de la prueba electrónica debería ser el más temprano posible a fin de asegurar a fin de garantizar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de la prueba electrónica.
  • Se debe establecer el modo de preservación y conservación de la prueba electrónica dentro del proceso judicial. El Juzgado debería poder utilizar sistemas tecnológicos y humanos de salvaguarda de la prueba electrónica más seguros.
  • La admisibilidad de la prueba electrónica debe cumplir los requisitos exigidos a cualquier otro medio de prueba: pertinencia, utilidad y licitud. Respecto de esta última la prueba lícita serás aquella que se obtiene sin violar derechos y libertades fundamentales.
  • Debido a la facilidad de manipulación de la prueba electrónica, la dificultad de la visualización o escucha de material intangible, y la dificultad para distinguir entre el original y la copia; se deben establecer reglas en relación a la intervención de un perito informático y a la obligatoriedad de asegurar la cadena de custodia.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que en nuestro ordenamiento jurídico procesal (Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, Ley Procesal del Trabajo, entre otros) no se han recogido reglas específicas para el tratamiento de la prueba electrónica que permitan a los jueces y abogados una actuación más célere y adecuada a los fines que esta exige.

En ese sentido, consideramos importante abrir el debate sobre el tratamiento especial que merece la actuación de la prueba electrónica y que mejor manera de hacerlo que tomando en cuenta nuestras sugerencias antes descritas. El debate está abierto.


[1] Oliva León, Ricardo. La Prueba Electrónica Envenenada En: La Prueba Electrónica. Juristas del futuro. 2016. pp 57-59

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