“Buenas tardes a todas las mamitas. Por favor, tengan cuidado con sus hijas porque, eh, hay, este, personas que están robando los órganos de los niños, ¿ya? […] No sé, quizá lo verán más rato en la noche, en las noticias, no lo sé. Acá una vecina de un familiar, como les dije, así sin esos órganos, ojitos y con dólares en la boca. Ahí botado. por favor, avisen a sus familiares, avisen, pasen la voz”[1].

La última semana se vio marcada por una serie de protestas y enfrentamientos en varias regiones de nuestro país. Uno de ellos se llevó a cabo el día martes, cuando los pobladores de Puno acataron un paro de 48 horas que produjo el bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad, además del incendio de aproximadamente 40 establecimientos, entre hostales, cantinas y discotecas. Al día siguiente, en Apurímac se desató una fuerte protesta contra una comitiva del Gobierno, encargada de negociar con el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Andahuaylas. Los manifestantes agredieron a los miembros de la comitiva e incendiaron dos buses de una empresa relacionada con el congresista Dalmiro Palomino, quien es parte del grupo de diálogo. Por último, el día jueves se desarrolló un lamentable enfrentamiento entre la policía y la población de Huaycán, en la zona de Lima este. La denominada ‘histeria colectiva’ fue ocasionada por un audio difundido en redes sociales que alertaba a los pobladores sobre posibles traficantes de órganos en la zona. Este enfrentamiento ocasionó el fallecimiento de una anciana, cerca de 22 policías heridos, además de daños a 24 vehículos estacionados cerca del lugar, llegando incluso a quemar dos de ellos.

Ante esta grave situación en nuestro país, surgen las preguntas: ¿Por qué protestan los peruanos? ¿Existe una política desarrollada de prevención y solución de conflictos? ¿Cómo debieron proceder las autoridades?

El paro desarrollado en Puno fue convocado contra la creciente inseguridad ciudadana y para que los criminales de alta peligrosidad no sean recluidos en los penales de esta zona del país. La principal preocupación de la población es la gran ola de asaltos y agresiones en esa región. Si bien la manifestación inició de forma pacífica, rápidamente se tornó muy violenta. Los bloqueos y los atentados contra los inmuebles ya mencionados, ocasionaron una gran pérdida patrimonial. La respuesta del Gobierno fue declarar en estado de emergencia esta ciudad, destacando a 800 agentes de la Policía Nacional del Perú y 358 agentes del Ejército Peruano para que restablezcan el orden.

En Apurímac, la agresión contra la comitiva del Gobierno encargada de negociar con el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Andahuaylas, integrada por el Ministro de Agricultura, José Hernández, el contralor Edgar Alarcón y los congresistas Richard Arce, Dalmiro Palomino y Yeni Vilcatoma, se da en el marco de un paro regional, que ya venía llevándose a cabo por una semana. La población solicitaba la declaración en emergencia de los sectores salud y agropecuario; además, se exigía que la Contraloría General de la República realice una auditoría al gobierno regional.

Por último, en el caso de Huaycán, intentaron linchar a dos encuestadores que trabajaban en la zona, acusándolos de ser secuestradores y descuartizadores de niños. Este hecho estuvo motivado por una noticia falsa que circuló por las redes sociales durante las últimas semanas: se dijo que un grupo de traficantes de órganos rondaban la zona capturando y descuartizando niños. Fue necesaria la intervención de varios agentes policiales para rescatar a los encuestadores de una turba de exaltados pobladores. Ante ello, la población intentó tomar por la fuerza la comisaría del lugar, agrediendo a los efectivos y destruyendo no solo vehículos policiales, sino también de civiles y hasta de los bomberos. Lo más lamentable de esta situación es el fallecimiento de una anciana que, según algunos testimonios, no participaba en los enfrentamientos. Ya se ha iniciado el proceso de identificación de los responsables de tan confusa situación.

En suma, los temas por los que la población ha protestado son la inseguridad ciudadana, la deficiente gestión de la salud y el carente apoyo a la agricultura.

En nuestro país, los conflictos sociales son muy recurrentes; por ello, es necesario que el Estado implemente y mejore una serie de políticas públicas y protocolos de prevención y solución de conflictos. Son principalmente dos las instituciones estatales que presentan áreas especializadas encargadas de ver temas relacionados a conflictos sociales: la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo.

Por un lado, la PCM cuenta con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad[2], que realiza informes mensuales y elabora materiales para capacitar a los gobiernos regionales y locales sobre cómo actuar frente a un conflicto social[3]. Sin embargo, esta oficina presenta dos falencias: se enfoca casi exclusivamente en conflictos medioambientales y de inversión empresarial, dejando de lado aquellos relacionados con seguridad, salud, entre otros temas, y; en los últimos años se ha observado que más que una función preventiva, la mencionada oficina interviene únicamente cuando los conflictos ya se han desatado. Además, resulta evidente que la PCM no actúa de forma eficiente en lo que respecta a prevención de conflictos sociales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo[4] tiene como principal función verificar el respeto de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública y, de ser el caso, denunciar las violaciones a los mismos. Esta institución elabora informes anuales en los que identifica los principales problemas que enfrenta nuestro país, incidiendo en la satisfacción de las necesidades básicas, la tutela efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos y los progresos realizados por la Administración en cuanto a institucionalización y promoción de la democracia. En base a los casos analizados, no es difícil percibir que el Gobierno -y el Estado en general- no ha demostrado la implementación de políticas concretas orientadas a solucionar la problemática de inseguridad ciudadana. Ello, a pesar de que la Defensoría del Pueblo ha señalado, en sus últimos informes, que este tema genera un perjuicio incalculable en la sociedad y mantiene preocupados a la gran mayoría de peruanos.

A pesar de que voceros del gobierno señalan que los conflictos son producto de hechos particulares aislados, lo cierto es que la magnitud de las protestas y los enfrentamientos evidencian que el malestar ciudadano no es un hecho fortuito. En otras palabras, tanto la inseguridad ciudadana como la mala gestión en temas de salud y agricultura son problemas repetitivos que la población percibe y viene reclamando hace ya bastante tiempo, a un Gobierno que se muestra indiferente y reaccionario.

En conclusión, es de suma importancia que el Estado entienda la necesidad de mecanismos que reduzcan los conflictos sociales para evitar situaciones de daño, no solo a la propiedad, sino a los ciudadanos y policías mismos. Su actuación no puede ser reaccionaria e indiferente, sino preventiva y garante de las necesidades de la población. La seguridad ciudadana, el acceso a la salud y a otros servicios básicos deben dejar de ser reclamados mediante protestas en un país que pretende ingresar al primer mundo, para pasar a ser absolutamente cubiertos por un Estado que alardea de alcanzar un desarrollo económico superior a otros de la región. Por último, es importante resaltar que las políticas preventivas responden a un trabajo inter-institucional de todo el sistema estatal. Si bien se trata de una labor a largo plazo, es evidente que no existe -por parte del Estado- la preocupación por empezar a desarrollar estas políticas.


[1] Audio difundido por las redes sociales que motivó los enfrentamientos en Huaycán, Lima. Fuentes: https://youtu.be/DVeX0sthOOE

[2] http://onds.pcm.gob.pe/

[3]http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/19AB859CE3950C7C05257A7000725B4B/$FILE/final.pdf

[4] http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3

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