La democracia constitucional, luego de la caída del gobierno militar de 1968-1979, emergió como el modelo político y jurídico del Estado de Derecho. Este se caracteriza porque la soberanía reside en el pueblo, y sus autoridades, electas o no, se someten a la Constitución y a las leyes, dictadas por los representantes del soberano.

Los gobiernos democráticos emanados de las urnas durante la década de los ochenta, enfrentaron dos grandes desafíos: la venal insurgencia terrorista y la crisis económica, alentada por la hiperinflación. No se pudieron superar con las instituciones constitucionales porque los líderes del Estado no tenían los instrumentos necesarios para solventar dichos problemas en el marco de la democracia constitucional, en situaciones de emergencia política y económica.

La respuesta autoritaria fue realizar un autogolpe de Estado en 1992 que contuvo la hiperinflación y a los líderes terroristas con un costo político y social que el Estado y la sociedad sigue pagando a nivel nacional e internacional. Esto debido no solo a los excesos en las medidas económicas tomadas –despidos-, sino, también, en las violaciones a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Dicho régimen se consagró en la nueva Constitución de 1993, que eliminó el Senado, como los gobiernos regionales, permitió la reelección presidencial inmediata, redujo los derechos sociales y económicos, amplió la pena de muerte, entre otras medidas. Todo ello fundado en la idea de la voluntad popular, expresada en un referéndum constitucional, cuestionado en su legitimidad.

Así, el nuevo modelo constitucional se personalizó en el entonces Presidente Fujimori que se hizo reelegir dos veces consecutivas, generando una crisis institucional a partir de la destitución por su mayoría congresal de tres magistrados del Tribunal Constitucional, por haber declarado inconstitucional la ley dictada para su re-reelección. Esta misma le permitió re-reelegirse el año 2000 con un proceso electoral cuestionado interna e internacionalmente, motivo por el cual tuvo que reducir su mandato presidencial a un año.

Sin embargo, la crisis política y moral producida con su re-reelección presidencial había servido para que la corrupción medrara con la privatización de las empresas públicas, el gobierno acosara a los lideres de la oposición y a la prensa independiente; asimismo, para que el asesor presidencial Montesinos traficara armas para la guerrilla colombiana, usando a las Fuerzas Armadas. Esto sin perjuicio de la eliminación de dirigentes sindicales y sociales así como las denuncias de encubrimiento militar de actividades del narcotráfico.

Como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente (Lord Acton), el gobierno cayó por el propio peso de su corrupción incontrolable. Así,  en noviembre del año 2000 Fujimori se fuga al Japón y renuncia a la Presidencia. Pero, todo ello, no pudo ser suficiente detonante, para dictar una nueva Constitución y realizar una reforma del Estado en contra de la corrupción, propio de una democracia constitucional militante; sino, tan solo para llevar a cabo elecciones políticas libres y transparentes, como llevar a cabo juicios penales para castigar a los líderes de la corrupción.

Ello se ha puesto de manifiesto en las últimas elecciones políticas (2016), donde el partido fujimorista ha logrado en las urnas la mayoría absoluta del Congreso unicameral, mientras que perdió la elección presidencial por un ínfimo resultado. De modo que ha comenzado a hacer sentir su peso político pero haciendo un uso abusivo de su mayoría parlamentaria para pretender gobernar, censurando ministros, interviniendo en el manejo presupuestal, nombrando altos funcionarios por afinidad política, o, blindado investigaciones sobre corrupción en el Congreso.

La oposición parlamentaria tiene el derecho de oponerse al Gobierno, pero el Poder Ejecutivo frente al pueblo no solo tiene el derecho sino el deber de gobernar. Motivo por el cual, el Poder Ejecutivo, en un régimen presidencial como el peruano, cuenta con los instrumentos constitucionales y democráticos para balancear la permanente amenaza y el acoso parlamentario contra sus ministros y/o sus políticas económicas o educativas.

Por eso,  si bien la oposición puede ejercer las instituciones de la interpelación y la censura ministerial, la Constitución también ha otorgado al Gobierno, como contrapartida, la potestad de pedir un voto de confianza,  para un ministro, o, para el Gabinete, en la persona del Presidente del Consejo de Ministros.  Previendo que si el Congreso rechaza dos Gabinetes, el Presidente esta facultado para disolver constitucionalmente el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias dentro de seis meses.

Este escenario a menos de seis meses de instalarse el nuevo gobierno constitucional del Presidente Kuckynski, debe evaluarse con responsabilidad por la oposición y el gobierno, para evitar desencadenar una inédita situación de crisis constitucional de gobernabilidad; que dañaría tanto nuestra frágil democracia constitucional, como el proceso de fortalecimiento económico, que goza de  expectativas positivas, no solo para el país, sino también para todos los peruanos.

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