Por Marcelo Castilla, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

Un nuevo escándalo tiene al Congreso en la mira. Su mesa directiva ha designado más de 6.5 millones de soles para cubrir las canastas, pavos y bonos, por fiestas de fin de año, que se le entregan a los trabajadores del Congreso, personal auxiliar,  congresistas, entre otros.

Las canastas y los otros beneficios no parecen ser irregulares a simple vista, debido a que es frecuente que los trabajadores los reciban; sin embargo, el problema surge cuando sus precios son excesivamente costosos, y sobre todo, cuando son cubiertos con dinero público, como en el presente caso.

Estos beneficios alcanzan a las siguientes personas: los policías asignados para proteger al Congreso, los pensionistas y jubilados, los trabajadores auxiliares —como mozos—, casi 3000 trabajadores administrativos contratados por distintas modalidades y los 130 congresistas de la República. Algunos de los últimos han renunciado a ciertos beneficios por ser polémicos y —según afirman— excesivamente costosos[1].

Ahora bien, en primer lugar, debemos diferenciar la figura del aguinaldo con la de la gratificación. Mientras que la gratificación es un beneficio legal obligatorio que se da para el sector privado[2], el monto del aguinaldo es asignado cada año y está incluido en el presupuesto público anual. Para el presente año, tanto en el caso de Fiestas Patrias y Navidad, el monto es de 300 soles.

La confusión se inicia cuando algunos funcionarios públicos, que trabajan en el Congreso, reciben las gratificaciones que, como señalamos, corresponden al sector privado. Para el abogado laboralista, Fernando Varela, existen funcionarios públicos que no deberían estar sujetos al régimen privado, ya que la naturaleza del empleo no lo permite. Esto es producto de un desorden en materia de contratación del Estado, consecuencia de las diferentes modalidades laborales vigentes.

En otras palabras, existen funcionarios públicos que están cubiertos por el DL. 728[3] debido a la conveniencia del Estado bajo un sustento de estabilidad laboral. Aparentemente, la Ley del Servicio Civil buscaría solucionar este desorden.

Aclarado el primer punto, corresponde ahora analizar el derecho adquirido de los beneficios en el caso de los congresistas y demás trabajadores.

El Oficial Mayor del Congreso, Manuel Cevasco, señaló que en el caso del Congreso, el aguinaldo corresponde al monto de 1500 soles y es un derecho adquirido, puesto que es un beneficio que se otorga desde el año 1995[4]. En ese sentido, las asignaciones anuales deben responder a ese monto. En años pasados, dicha suma fue entregada en una tarjeta a cada beneficiario, dándole disponibilidad para su uso.

Este año, según Cevasco, la mesa directiva y los trabajadores del Congreso acordaron que no se darían los 1500 para su libre disponibilidad, sino que se dividiría en 3 partes: 920 soles para la canasta, 80 soles para el pavo y 500 soles a disposición de los beneficiarios.

Indicó además que la compra de las canastas no se realizó mediante licitación, debido a la “inexistencia de un plan de compras”; motivo por el cual, se dio mediante adjudicación directa[5]. A pesar de que la contraloría inició las investigaciones, las dudas no cesan con respecto a la transparencia de estas compras.

Como es evidente, en este caso fue la costumbre la que operó para que los trabajadores y congresistas reciban todos estos beneficios, pero ¿deberían los congresistas recibirlos si llevan apenas 6 meses en el cargo?

Desde el punto de vista legal, este aspecto es discutible. Podría argumentarse, en la postura a favor, que es un beneficio general que corresponderá siempre que se encuentren cumpliendo el servicio en el plazo indicado por ley[6]. En ese sentido, los congresistas se encuentran en funciones desde el mes de Julio, por lo que sí les correspondería recibir el beneficio laboral de medio año.

Por otro lado, la postura en contra plantea que los congresistas no deben recibir el beneficio por cuanto la costumbre no debe ser aplicable al no haber alcanzado el plazo mínimo requerido para su consideración (2 años). Sin embargo, resultaría ineficiente que tenga que aplicarse las normas para adquirir costumbre a los congresistas, ya que su periodo de trabajo no es indeterminado, sino que tiene una vigencia de 5 años.

Desde un punto de vista ético, el tema es muy subjetivo. A parte de la canasta y otras bonificaciones, los congresistas reciben un sueldo adicional —15,600 soles— en los meses de Julio y Diciembre, por lo que recibirían en total 32,000 soles aproximadamente en el mes de diciembre, incluyendo el mencionado beneficio de 1500 soles.

Asimismo, resulta sumamente cuestionable que los congresistas reciban un privilegio excesivamente alto, en comparación con otros sectores públicos que, como mencionamos, sólo perciben un adicional de 300 soles a sus sueldos que son generalmente bajos.

Mientras que algunos congresistas ya renunciaron a ciertas bonificaciones, hay quienes indican que las canastas podrían estar sobrevaloradas, lo cual genera un beneficio ilícito para la empresa encargada o, eventualmente, algún funcionario encargado. Por ello, es necesaria una investigación que desmienta todos estos supuestos o, en caso de que sean ciertos, señale las responsabilidades correspondientes.

[1] http://elcomercio.pe/politica/congreso/cinco-legisladores-renuncian-canasta-navidena-congreso-noticia-1953067

[2] Véase la Ley Nº 27735

[3] http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_dec728.pdf

[4] https://www.youtube.com/watch?v=gDKkxBUHiz4

[5] http://rpp.pe/politica/congreso/oficialia-mayor-del-congreso-canastas-navidenas-son-un-derecho-noticia-1016039

[6]http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/095DCB802E2F85FB05257DFE00540D52/$FILE/tratamiento_laboral_gratificaciones_legales.pdf

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