Hace unas semanas se desató el escándalo Odebrecht. Esta y otras empresas procedentes de Brasil habrían pagado a altos funcionarios peruanos de tres gobiernos para hacerse de grandes obras y proyectos de infraestructura. Ante ello, el Ministerio Público ha iniciado los procesos correspondientes y suscribió un acuerdo con dicha empresa para obtener información sobre los sobornos realizados entre el 2005 y 2014. A la par, en el Congreso de la República se formó la Comisión Lava Jato, dirigida por Víctor Albretch. Este grupo de congresistas buscarán esclarecer los mismos hechos investigados por la Fiscalía.

Así, encontramos dos investigaciones en paralelo sobre el mismo caso. ¿En qué consiste cada investigación? ¿Existe alguna relación entre ambas? ¿Podría producirse algún conflicto?

El Ministerio Público es el ente encargado y facultado para realizar las investigaciones y llevar a cabo la acusación penal, en este caso, contra las empresas brasileñas. En virtud de la Constitución y las leyes vigentes, a esta institución le corresponde “conducir desde el inicio la investigación del delito”[1]. Adicionalmente, el artículo 11 de la Ley Orgánica de esta institución señala que “El Ministerio Publico es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente”. Asimismo, la Fiscalía de la Nación está facultada para negociar con los involucrados con el fin de obtener información sobre los funcionarios peruanos y brasileños responsables de los actos de corrupción.

Por su parte, el Legislativo también se encuentra facultado para investigar los mismos hechos. El artículo 97 de nuestra Carta Magna establece que: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público”. Para iniciar estas investigaciones, en el Pleno del Congreso se nombra una comisión de investigación. Como señala el artículo 35 inciso b) del Reglamento del Congreso, las Comisiones de Investigación “son las encargadas del estudio, la investigación y el dictamen de los asuntos puestos en su conocimiento en aplicación del artículo 97 de la Constitución. Gozan de las prerrogativas y las limitaciones señaladas en dicha norma Constitucional y el presente reglamento.” De hecho, las Comisiones tienen un poder de convocatoria similar al de un Juez. En ese sentido, pueden, por ejemplo, obligar a comparecer a sus investigados ante ellos, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Sin embargo, a pesar de todas las facultades que poseen las Comisiones Investigadoras del Congreso, la Constitución es clara cuando señala que las conclusiones de la Comisión —y luego de la aprobación del Congreso— no obligan de ninguna forma, a órganos jurisdiccionales como el Poder Judicial y el Ministerio Público. En otras palabras, una vez que la comisión presenta el informe y este es aprobado por el Pleno del Congreso, se le hace entrega de los documentos y los anexos al Fiscal de la Nación —siempre y cuando la persona acusada no sea sujeta de acusación constitucional—. Las conclusiones del Congreso no obligan al Poder Judicial y tampoco pueden afectar el proceso judicial. Los resultados a los que arriba el Congreso no son más que recomendaciones o sugerencias que plantea el Legislativo a fin de profundizar en las investigaciones, y no determina la culpabilidad o inocencia —judicialmente— de los involucrados.

A pesar de estas limitaciones, las investigaciones que realiza el Congreso permiten mostrar a la ciudadanía y a los poderes públicos las situaciones contrarias a la ley que se vendrían dando.

En particular, la comisión Lava Jato no es nueva, sino que existe desde octubre del 2015. Su presidente en ese entonces era el Congresista Juan Pari. Después de 9 meses de investigación, los miembros emitieron distintos y separados informes. Problemas con el Ministerio Público, entre ellos la falta de cooperación, hicieron que la investigación congresal no fuera adecuada: La Fiscalía habría impedido que la comisión tenga acceso a un informe de la Procuraduría brasileña, debido a un convenio entre esta y la Fiscalía peruana.

A pesar de las dificultades, se determinaron algunos aspectos en el caso. En relación al modus operandi de las empresas involucradas, la comisión concluyó que habían conformado una especie de cartel de contrataciones, con el cual monopolizaban las licitaciones para obras de parte del Estado y obtenían ingresos ilícitos que luego eran lavados en el sistema financiero. En este sentido, el Perú se habría convertido en una especie de paraíso tributario financiero.  Para esto, los líderes de dichas empresas habrían establecido lazos ilícitos con varios funcionarios peruanos desde el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, los cuales habrían recibido sumas de dinero a cambio de asegurar las concesiones del Estado con las empresas para la construcción de mega-proyectos. Más allá de este hallazgo, la comisión congresal no obtuvo mayores conclusiones.

Es plausible que se busque la verdad en estos casos de corrupción que definitivamente perjudicaron el desarrollo del país. Es necesario que se sancione a quienes tengan responsabilidad directa sobre los hechos ilícitos. Sin embargo, en este caso particular, el Congreso de la República ha cuestionado frontalmente los métodos utilizados por el Ministerio Público, sobre todo aquellos referidos al acceso a la información mediante convenios de cooperación.

En este contexto, el Congreso, más allá de entorpecer el trabajo de la fiscalía, debería facilitar el esclarecimiento de los hechos desde la vía penal para así contar con los elementos suficientes para asignar las responsabilidades políticas correspondientes a los responsables de los actos de corrupción. Después de todo, el objetivo de ambas instituciones es determinar a los responsables de los hechos ilícitos cometidos, y no, llevarse el premio al mejor investigador.


[1] Artículo 159 de la Constitución Política del Perú.

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