El día martes 17 la Corte Penal III de Roma sentenció a 8 personas a cadena perpetua por delitos cometidos en el marco de la llamada Operación Cóndor, plan militar que consistió en la coordinación entre diversos gobiernos militares en Latinoamérica, con el objetivo de perseguir, capturar, torturar y asesinar a opositores políticos de estos regímenes. Entre las personas condenadas, se encuentran tres peruanos: el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, el ex primer ministro Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, general en retiro del Ejército Peruano, quienes fueron vinculados con el asesinato de 23 ciudadanos italo-latinoamericanos. En el presente editorial, analizaremos los alcances y la efectividad de la mencionada sentencia, considerando nuestra legislación y las condiciones particulares de los sentenciados.

La Corte italiana condenó a cadena perpetua a 8 personas, absolvió a 19 y declaró improcedentes los cargos contra otras 6. Las acusaciones realizadas por la fiscalía incluyen los delitos de asesinato múltiple y secuestro agravado. Esta sentencia es una primera conclusión a un proceso que inició, para el caso italiano, el 12 de febrero del 2015, pero que forma parte de un caso que es investigado desde hace muchos años en diversos países, sobre todo latinoamericanos.

En cuanto a la efectividad de la condena, existen varios motivos que nos llevarían a considerar que esta no se cumplirá. En primer lugar, recordemos que al ser un tribunal extranjero el que está ejerciendo el rol de juzgador, se necesitará la extradición de los condenados. Para ello, es necesario contar con la aprobación y colaboración de los países a los que pertenecen cada uno de ellos. En el caso peruano, debemos considerar lo establecido en el artículo 37 de nuestra Constitución Política, que establece:

“Artículo 37°.- Extradición

La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.

No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.

Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.”

Así, para que el ex presidente Morales Bermúdez cumpla la condena, primero el Ejecutivo deberá aprobarla, previo informe de la Corte Suprema. Si bien la evaluación de los hechos comprendería los delitos por los cuales ha sido condena, también habría que sortear la restricción de delitos políticos, ya que la participación de dos de los peruanos condenados se enmarca en el cumplimiento de cargos políticos, al ser autoridades responsables en ese momento.

En segundo lugar, es importante considerar que la edad de los acusados es bastante elevada como para una sentencia de cadena perpetua. Morales Bermúdez tiene 95 años y Richter Prada, 96 años. En la jurisprudencia comparada y nacional, es inusual que se condene a cadena perpetua a una persona de tan avanzada edad. En los casos que sí ocurrieron, la condena no suele ser cumplida en una prisión, sino que se utilizan medidas alternas, como el arresto domiciliario. Así, este elemento se configura como un argumento más para que el Estado peruano niegue la extradición de los condenados y busque otras alternativas a la condena impuesta.

En tercer lugar, no podemos olvidar que este fallo corresponde a la primera instancia del proceso. Considerando que tanto la defensa como la parte acusatoria han manifestado su  intención de apelar esta decisión; es decir, tampoco no nos encontraríamos ante una sentencia del todo firme. Entre los argumentos que la defensa ha presentado, se encuentra el hecho de que el tribunal italiano habría violado el derecho a la defensa, en tanto no se citó a Morales Bermúdez para que declare. Así las cosas, el Estado peruano podría esperar que este caso llegue a la última instancia en la justicia italiana antes de decidir si realmente extradita o no a los acusados.

Desde esta casa editorial consideramos que, si bien la sentencia analizada marca un hito importante en el largo proceso de la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas de la Operación Cóndor, esta es claramente simbólica, ya que las probabilidades de que los condenados cumplan efectivamente la pena impuesta son mínimas. Asimismo, creemos que el Estado peruano, en una muestra de su compromiso por la protección de los Derechos Humanos, debería desplegar las acciones necesarias, tales como arresto domiciliario o prisión preventiva, para que los condenados respondan por los actos que se les atribuye. Si la Operación Cóndor nos demostró que los delitos traspasan fronteras, la justicia también debería hacerlo.

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