Por: Wendy León, alumna de la facultad de Derecho de la PUCP y miembro de Khuska, el programa de desarrollo de Themis.

El 28 de enero del año pasado, una sentencia trajo nuevamente a la vista el tan delicado asunto de la situación de la trata de personas en nuestro país. Esta vez la protagonista fue la  Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein. La sentencia absuelve a Elsa Cjuno, acusada de trata de personas, pues determina que el delito de trata de menores de edad se configura solo si la explotación sexual o laboral fueron los motivos directos de la captación. En otras palabras, sólo existe si se le dice a la víctima desde el momento en que es captada que se le va a explotar sexual o laboralmente. Asimismo, se explica que trabajar de 12 a 23 horas diarias no necesariamente agota a una persona, por ello, debe además demostrarse que la víctima fue sometida a labores que agotaron su fuerza física. Este caso pone en duda el destino de otros similares donde las principales víctimas son mujeres y muchas de ellas menores de edad. En el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer, el Poder Judicial mostró mensajes de claro rechazo a esta situación. No obstante, el peso de sentencias como esta trae abajo no solo su proclamado rechazo, sino también los avances que a continuación repasaremos para detallar la realidad que enfrentamos y los retos que aún tenemos.

Uno de los avances más importantes data del 2002, cuando nuestro país ratificó el protocolo de Palermo, instrumento que determina las responsabilidades que los estados deben asumir para combatir la trata de personas. Entre otras medidas, el Protocolo exigía tipificar con mayor detalle el delito de trata. De acuerdo con esto, en 2007 se promulgó la Ley 28950 que modificaba los artículos 153 y 153-A del código penal y, tras presentar una serie de problemas en su aplicación, en el 2014 se modificó el artículo 153 nuevamente para perfeccionar la tipificación del delito. Tras la modificación de estos artículos, se ejecutaron otras medidas adicionales como la creación de fiscalías especializadas en estos casos para una mayor efectividad en la persecución del delito. Asimismo, se aprobó un plan nacional de acción contra la trata. Lamentablemente, pese ello y a todas las campañas emprendidas a nivel nacional e internacional, no se ha logrado el resultado esperado.

Las cifras siguen mostrando la trágica situación que nos rodea. Según el observatorio de criminalidad del Ministerio Público, entre 2009 y 2014 se presentaron 4 mil denuncias por trata de personas, de las cuales el 80% son mujeres y 61% de ellas tienen entre 13 y 24 años. Además, en el año 2012 la Defensoría del Pueblo registró 81 casos de trata, donde cerca del 60 % de ellos correspondieron a víctimas menores de edad, en su mayoría niñas y adolescentes mujeres sometidas a explotación con fines sexuales (63%)[i].  En contraste, el índice Global de Esclavitud calcula que de los cerca de 35 millones de víctimas de trata en el mundo, 66 mil están en Perú. Sin embargo, la razón de la diferencia de cifras está en que los datos del Ministerio Público se basan en las denuncias efectivamente hechas, ignorando por completo los casos en que las víctimas no acuden a las autoridades, por lo que la verdadera dimensión de este asunto es aun incalculable.

Las víctimas, al estar privadas de su libertad, no pueden denunciar los hechos. En otros casos no lo hacen por temor o desconfianza hacia el sistema de justicia. Esto refuerza el problema y hace que las cifras sigan en aumento, mientras nuestra situación continúa en emergencia. A más de 14 años de haberse ratificado el Protocolo y en pleno siglo XXI tenemos ante nuestros ojos al denominado delito invisible expresado en datos que revelan la clara violación de derechos humanos que existe en nuestro país. Y es que el meollo del asunto no se encuentra solo en la modificación de las leyes, sino en la ejecución de políticas basadas en diagnósticos reales para saber a qué nos enfrentamos. Un verdadero estudio de la situación por parte de las instituciones del Estado demostraría, además, su real interés por querer resolver el problema.

Otro punto que debe fortalecerse es el del presupuesto destinado a luchar contra la trata de personas. En información alcanzada por Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo, a Perú 21 se supo que hubo un incremento del presupuesto a S/.4 millones, reflejado en solo 0.0025% del presupuesto de la República.  Pese a este incremento, los recursos aun resultan insuficientes para la prevención y persecución del delito, pues solo para la  atender las necesidades de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público se necesitan S/.8 millones. Asimismo, reitera que es esa la razón por la que tampoco se han implementado las cuatro fiscalías especializadas que el Ministerio Público creó para la trata de personas en Madre de Dios, Piura, Tumbes y Loreto. Por ello, pese a la buena intención que tengan nuestras leyes y la ratificación de tratados internacionales, mientras no existan los medios adecuados para llevarlos a cabo no pasarán a ser más que eso, una buena intención.

Para eliminar este problema de fondo también es necesario luchar contra otros paralelos a él, pues perpetúan su existencia. La solución al asunto no puede terminar en cortar los efectos de ella, sino también su origen. La informalidad y la impunidad alimentan el círculo de la trata de personas. Al mismo destino que sigan males como la minería ilegal instaurada en Madre de Dios, de donde proviene este caso, lo seguirá el problema de la trata de personas, pues la aparición de redes de trata se debe en gran parte a ella.  Allí donde la informalidad es la protagonista y el Estado está ausente, la trata de personas es solo una leal compañía. Su olvido es un problema que nos involucra a todos, pues la impunidad para con los responsables respalda el problema y desprotege a quienes buscan un refugio, lo que genera que sigan siendo vulnerables ante el problema y puedan caer nuevamente en las redes que propician el delito.

Por último, a todos estos puntos debe sumarse la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas hacia el Bicentenario, el cual reemplace al anterior que iba hasta el 2016.  En este debe incluirse, además de las medidas referidas anteriormente, la muy importante y necesaria prevención mediante la generación de oportunidades en educación y trabajo, para eliminar otra de las principales causas de este problema: la pobreza. Esta prevención debe estar reforzada, sobre todo, con una represión del asunto que abandone lo figurativo y haga efectiva la sanción a los responsables para eliminar la impunidad del sistema.

Por lo pronto, el rol que podamos cumplir como estudiantes y miembros de la sociedad  civil es nuestra mejor arma de defensa. Las limitaciones que nos pongamos como agentes de cambio tendrán un efecto mayor en la vida de cada una de las víctimas silenciadas por el olvido. Madre de Dios es tan solo el ápice del problema, donde el Estado ha abdicado tanto en su papel, que ya ni las fuerzas del orden son capaces de intervenir y controlar el sector de La Pampa. En esta situación los jueces también tienen un rol de protección de la sociedad. Sus decisiones, como sucedió en este caso, tienen el poder de mejorar o perjudicar vidas enteras. El camino que sigan podrá cambiar lo que vivimos o legitimar la violación de derechos y la violencia que tanto daño nos hace. El sistema de justicia no puede permitir que este problema continúe y, menos aún, convertirse en una suerte de cómplice de él al emitir sentencias como las de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, las cuales están inundadas de impunidad. Por ello, en nosotros está el poder generar espacios de discusión, proponer alternativas y condenar la legitimación de la violencia que perpetúa el problema y desvanece su real magnitud.

Fuentes recomendadas:

[i] Informe 158 de la Defensoría del Pueblo: La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes. Aprobado mediante Resolución Defensorial 027-2012/DP del 10 de diciembre de 2012

[ii] Informe de Investigación 62/2014-2015. La trata de personas: Definición conceptual, marco jurídico internacional y legislación nacional. <http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FC97C2E82B1280DB05257DA3005CD9D0/$FILE/INFINVES62-2014.pdf>

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