Por José María de la Jara, José María de la Jara, Director de Persuasión y Sistema de Justicia de PsychoLAWgy y Asociado de Bullard Falla Ezcurra +. 

Imagine que está tomando sol en la playa. Nada lo puede molestar. O eso creía. De pronto, una turba comienza a acercarse. Avanzan a paso uniforme, vestidos con la misma ropa y se expanden como hormigas hasta abarcar toda la orilla. Invadido por la curiosidad, fuerza la vista y logra identificar algo que lo deja perplejo: son agentes de SUNAT. Ya no está tan relajado, ¿no?

En vez de elevar las multas, publicitar las tasas de intereses o mejorar la fiscalización, alguien decidió enviar a funcionarios de SUNAT a dos playas de Lima. Como resultado, se generó una sensación de omnipresencia del ente recaudador. “Si está hasta en las playas, es mejor cumplir con el pago”, pensaron varios. La recaudación de los meses siguientes lo confirmó.

En el Reino Unido se adoptó una solución aún más barata: añadir una frase a las cartas que los deudores recibían, informando el porcentaje de ciudadanos que sí cumplían con pagar los impuestos. La propuesta se basaba en evidencia sobre la conformidad social; esto es, la motivación a alinearnos con la mayoría, vernos de manera positiva y utilizar esa aprobación como referencia para nuestras propias decisiones. ¿El costo? La tinta por añadir una frase. ¿Y el beneficio? Un aumento en la recaudación tributaria de 57% a 86% de un año para otro, equivalente a 270 millones de libras.

Estas innovadoras medidas muestran que no es necesario matar moscas a cañonazos. Pequeños cambios diseñados en base a la comprensión del comportamiento del ciudadano pueden ser más eficientes que complejas leyes o reformas millonarias.

Por ello, en los últimos años se han creado decenas de oficinas técnicas dedicadas al estudio y testeo del comportamiento humano, como el Behavioural Insights Team del Reino Unido, el Social and Behavioural Science Team de Estados Unidos, así como iniciativas similares en Alemania, Suecia, Australia, Brasil y México, entre otros.

En contraste, en el Perú la discusión legislativa sigue marcada por el populismo, los intereses personales, la intuición o la ideología. Rara vez se dialoga en base a data. Ello deriva en que la mayoría de proyectos de ley es remitida a otras comisiones o son finalmente rechazados. De hecho, de acuerdo al Ranking de Eficacia Legislativa elaborado por Reflexión Democrática entre el 2011 y 2013, treinta congresistas no lograron que se apruebe ni uno solo de sus proyectos. Peor aún, algunos ni siquiera generaron una sola propuesta.

Estos números no sorprenden. Nuestro Congreso incurre sistemáticamente en una regulación anecdótica: no se legisla por lo que la evidencia sugiere, sino por lo que la gente siente. Estas propuestas tienden a caerse frente a un análisis serio de costo – beneficio y los proyectos terminan atrapados entre discusiones partidarias, la apatía de los congresistas y la burocracia estatal.

Frente a lo anterior, una Unidad de Comportamiento del Ciudadano permitiría destrabar el proceso de creación de normas sobre problemas que requieran de una visión conductual, tales como el incremento de la recaudación tributaria, donación de órganos, alimentación saludable, ahorro de energía, sistema de pensiones, entre otros.

De esta manera, la discusión pública se podría basar en data, permitiendo filtrar qué funciona y -más importante aún- qué no funciona, antes de ser sometido a la aprobación del Congreso. Esto dejaría en offside a propuestas populistas e idológicas sin sustento empírico.

En definitiva, una Unidad de Comportamiento del Ciudadano genera competencia por crear mejores leyes. Minedu Lab ya ha iniciado el camino. Es tiempo de que el MEF tome la posta y se convierta en el principal promotor de un cambio cultural que incentive el debate en base a evidencia, dejando atrás anécdotas, populismo e ideologías. Entender, experimentar y recién luego proponer. Algo que nuestros congresistas tienen que interiorizar, y una necesidad que PPK y su equipo deberían impulsar en su gobierno.

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