Por Julio Rodríguez Vásquez, abogado por la PUCP e investigador del Grupo de Investigación en Derecho Género y Sexualidad de la PUCP (DEGESE).

La trata y explotación de personas forman parte de algunos de los comportamientos criminales más graves y nocivos de la actualidad. Ello en la medida en que no solo atacan a una gama amplia de derechos humanos, sino que además niegan y afectan su núcleo más íntimo y fundamental. Asimismo, este tipo de criminalidad ataca, según la información registrada, principalmente a grupos que se encuentran en una preocupante situación de riesgo y vulnerabilidad: niñas, adolescentes y mujeres en situación de pobreza (Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del Perú 2015). Lamentablemente, en los últimos años, diversos sectores de la jurisprudencia nacional han presentado problemas en la interpretación de dicho tipo penal, lo que ha llevado muchas veces a una peligrosa situación de impunidad (Montoya, 2016).

Frente a lo antes mencionado, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) ha publicado recientemente la segunda edición del “Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de Trata de Personas” (en adelante, el Manual). En los capítulos 3 y 4 del Manual se desarrollan algunas pautas de interpretación del delito de trata de personas y de su relación con otros ilícitos penales. El presente artículo busca destacar algunos de los aportes dogmáticos trabajados en la citada publicación.

El primer punto a destacar es el concepto de trata de personas como delito complejo. Ello debido a que este, según el Protocolo de Palermo y el artículo 153 del Código Penal, se encuentra integrado por diversos medios, conductas y finalidades. Las conductas abarcadas son la captación, transporte, traslado, acogida, recepción y retención. En cuanto a los medios, se pueden agrupar en el uso de la fuerza (violencia, la coacción, la privación de la libertad, el engaño), el fraude (o engaño) y el abuso de una situación de vulnerabilidad o de poder o autoridad. Por último, las finalidades abarcan la explotación sexual, la esclavitud, la explotación laboral y los trabajos forzados, la mendicidad, la esclavitud y prácticas análogas, la extracción de componentes humanos y la venta de niños, niñas y adolescentes.

Como vemos, el delito abarca un conjunto de conductas y medios a través de los cuales se encamina a una persona a su posterior explotación.  Así, es usual que este fenómeno se exprese en la realidad como un proceso que inicia con la captación y termina con la explotación. De ahí que alguien pudiese considerar, equivocadamente, que el delito de trata de personas exige siempre la constatación de determinadas conductas como la captación y/o el transporte. Sin embargo, esto no corresponde con el telos del tipo penal (y ni siquiera con la redacción del precepto legal). Y es que,  más allá de la forma en la que se exprese este crimen en la cotidianidad, el tipo penal prohíbe y sanciona todo comportamiento que, a través del control ejercido por el uso de la fuerza, fraude o abuso, ponga o mantenga a una persona en una situación de peligro de ser explotada (Rodríguez, 2016). Por tanto, como bien afirma el Manual, todos los comportamientos contenidos en el tipo penal son alternativos; siendo posible imputar este delito ahí donde se identifique cualquiera de las conductas, cualquiera de los medios y cualquiera de las finalidades (Montoya, et al, 2017: 86).

El segundo punto gira entorno a la idea del “dominio” o control del tratante. Como hemos indicado, la trata de personas se caracteriza por el uso de determinados medios que ponen al sujeto activo en una posición de control. En ese sentido, el Manual, siguiendo la línea de Montoya (2016), resalta el “dominio” que ejerce el autor de este delito (Montoya, et al, 2017: 87). Con el término “dominio” se hace referencia a la relación de asimetría de poder de la que se vale el tratante para cometer el delito. Asimetría de poder que se sostiene en el uso de la fuerza, del fraude y, con mayor cotidianidad, del abuso de una situación de poder o vulnerabilidad. Así, los medios no serían otra cosa más que la explicitación de esta situación de poder (Montoya, 2016, 403).

Es importante notar que el Manual recuerda que nuestro contexto temporal y espacial (caracterizado por una estructura social desigual) hace más factible que la expresión del “dominio” más recurrente sea el abuso de una situación de poder o vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad puede ser de distinta naturaleza. A manera de ejemplo, podemos citar los casos en los que el tratante se aprovecha de una situación de pobreza extrema, del desconocimiento de la persona tratada, de que esta persona está huyendo de un contexto de violencia familiar y/o de género, de la situación de dependencia a las drogas, etc. Cabe indicar que el Manual recuerda que este medio es completamente autónomo y no es un medio dependiente del engaño.

Un tercer punto que se trabajó en el Manual fue la relación entre la trata y la explotación de personas. Como hemos visto antes, en el Manual se considera que la trata consiste en mantener o colocar a una persona en una situación de peligro de ser explotada. En este sentido, el delito de trata de personas es una clara muestra de un Derecho penal orientado a prevenir conductas y que, por lo tanto, dirige sus normas penales a la prohibición de comportamientos peligrosos para bienes jurídicos. Frente a ello, la explotación de las personas no es nada más que el “resultado” (o fase de agotamiento) del peligro creado con la conducta de trata de personas.

De lo antes señalado, se puede sacar tres conclusiones. En primer lugar, que la identificación de la trata de personas no exige la efectiva explotación de la persona. Esto es especialmente relevante, toda vez que existen finalidades relacionadas a la explotación que no están agravadas o tipificadas de manera independiente.

En segundo lugar, que la mejor técnica legal frente a la explotación habría sido agravar la trata de personas cuando se produce el resultado de explotación. Esto, tal y como ocurre en casos como el del tipo de colusión, el cual es agravado cuando se produce el resultado perjuicio económico. Lamentablemente, el legislador ha decidido tipificar, a través del reciente Decreto legislativo 1323, independientemente la explotación sexual,  la esclavitud y otras formas de explotación y el trabajo forzado. Más aún, en el último caso, y de manera inexplicable, ha decidido castigar la conducta con una pena menor que la trata de personas y a las otras formas de explotación.

En tercer lugar, entender a la trata y a la explotación en una relación de conducta de peligro-“resultado” evidencia que estamos ante la tipificación separada de un mismo injusto. Esta premisa es útil y necesaria para interpretar un elemento de los recientemente creados tipos de explotación y trabajo forzado. Y es que en estos tipos penales se hace uso del elemento normativo del tipo “obligar”. Dicho elemento no debe ser interpretado únicamente como el uso de la fuerza (violencia, coacción u amenaza), toda vez que esto excluiría los supuestos de uso de fraude y de abuso de situación de vulnerabilidad/poder. En tal sentido, el Manual indica que es necesario ir más allá de lo que puede ser la literalidad del precepto legal y, a través de una interpretación sistemática  y teleológica, entender el “obligar” como el uso del control  mediante la violencia, fraude o abuso para que una persona realice un determinado comportamiento (Montoya, et al, 2017: 206). De lo contrario, se quebraría con la relación existente entre la trata y la explotación, y se crearía una situación contradictoria y de aparente impunidad.

Finalmente, interesa recordar que el Manual hace referencia a algunas conductas que se encuentran abarcadas por el tipo penal de trata de personas, pero que muchas veces son ignoradas. En primer lugar destaca la conducta del consumidor/cliente de una persona que es retenida para ser explotada sexualmente. La relevancia político criminal de castigar esta conducta ha sido resaltada por los estudios feministas y, en Europa, por el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos a través de sus artículos 6 y 19 (Rodríguez, 2016). En nuestro ordenamiento penal, el artículo 153.5 prohíbe también los actos de financiamiento y favorecimiento a la trata de personas. En tal sentido, la conducta de pagar por tener relaciones sexuales con una persona -cuando se tenga conocimiento de elementos que hagan notar que ella es retenida a través del uso de la fuerza, engaño o abuso de situación de vulnerabilidad- debe ser incluida dentro de los supuestos de financiamiento o favorecimiento a la trata de personas con fines de explotación sexual (Montoya, et al, 2017: 138).

El segundo supuesto que interesa destacar es el de las personas que se aprovechan de su función pública o de un lazo familiar o de convivencia para cometer el delito. Estos supuestos están incluidos en los agravantes contenidos en el artículo 153-A del Código Penal. Dentro de estos casos se encuentran los supuestos en los que la persona accede a una posición de dominio que permite controlar el devenir de una potencial víctima de trata de personas. A manera de ejemplo, podemos citar el caso de los policías encargados del control de transporte público o los familiares que tienen a su cuidado a niñas, niños o adolescentes. Estas personas ostentan una posición de garante. Así, en los casos en los que dichas personas omitan sus deberes de manera dolosa y permitan la trata de las personas que se encuentran bajo su dominio, se deberá imputar el delito de trata de persona a través del artículo 13º del Código penal (comisión por omisión) (Montoya, et al, 2017: 105). Este será el caso de los familiares que permiten que se lleven a sus hijas o hijos para ser tratados, o del policía que es sobornado a cambio de facilitar el transporte de personas tratadas.


Conviene invitar a toda persona interesada en el tema a revisar la reciente publicación del IDEHPUCP: http://idehpucp.pucp.edu.pe/tipo/libros-y-publicaciones/

Bibliografía

  • Montoya, Y. et al (2017). Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en casos de Trata de Personas. Lima, Idehpucp.
  • Montoya, Y. (2016). “El delito de trata como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana”. Derecho PUCP,  número 76, pp. 393-419.
  • Rodríguez Vásquez, J. (2016). “Trata con fines de explotación sexual: aproximación a su relación con la prostitución y la conducta del consumidor/cliente”. Derecho y Sociedad, número 47, pp. 259-272.

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