Hace algunas semanas, la Fiscalía archivó las denuncias contra Luis Figari por el caso Sodalicio al no encontrar elementos que confirmen los delitos que se buscaba imputar. A raíz de ello, Enfoque Derecho conversó con Paola Ugaz, periodista encargada de la investigación que puso al descubierto el caso. 

Enfoque Derecho: La denuncia contra Figari lo acusaba de la comisión de los delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. La fiscal asegura que ninguna de las víctimas se acercó a declarar en contra de Figari; asimismo,  el delito de asociación ilícita para delinquir no podría configurarse en este caso porque los hechos son anteriores a la tipificación del mismo. ¿Qué opinión le merece esto?

Paola Ugaz: El caso se abrió de oficio en octubre del año 2015 cuando salió el primer reportaje de Cuarto Poder sobre el libro Mitad monjes mitad soldados. En ese entonces, el libro todavía no había salido. Esto fue el 15 de octubre y el libro salió unos días después.

De oficio le tocó el caso a María del Pilar Peralta y se abrió una investigación por delitos de abuso sexual. El delito ya había prescrito porque son 10 años de vigencia. Y en mayo de 2016, Pedro Salinas, Oscar Osterling, Vicente López de Romaña y José Enrique Escardó denuncian a la cúpula del Sodalicio por secuestro agravado, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Dicha denuncia la elaboró el Estudio Benites, Forno & Ugaz y se presenta ante la Fiscalía. A fines de ese mes, la fiscal acepta ampliar la denuncia incluyendo todo lo que proponía el Estudio, y declara poco después que la investigación y el caso es complejo. Pide más testimonios y gracias este pedido de ampliación, en octubre del año pasado, consigue el financiamiento del Ministerio Público para ir a Roma y entrevistar a Luis Fernando Figari.

Entonces, en ese camino, además de los denunciantes, han ido a declarar víctimas del caso de Figari: una víctima de abuso sexual; además, han ido otros testigos. La idea era configurar los delitos de secuestro agravado y de todas las demás lesiones que habían sufrido, para lo cual iban a hacer pericias psicológicas externas e internas.

Llegó enero y la fiscal cerró el caso de manera abrupta, a mi entender, y decidió mirar al costado a pesar de toda la evidencia que había recopilado y cerró el caso. En ese sentido, lo que dice la fiscal de que no había gente que fue a declarar no es algo del todo cierto.

ED: Incluso el propio Sodalicio nombró una Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, la cual reconoció que habían existido víctimas de abuso y por lo tanto personas responsables. Asimismo, el presidente actual del Sodalicio, Alessandro Moroni, también reconoció que hubo abusos físicos y psicológicos, y condena las declaraciones de Figari que niegan lo sucedido. Pero, la fiscal tampoco ha tomado en cuenta las declaraciones de la propia comisión y pareciera que la justicia se estuviera tapando los ojos en este caso.

PU: No solo eso, sino que el trabajo que se tuvo que haber hecho no se hizo. La fiscal dejó de lado las pericias psicológicas de Jorge Bruce y de Dante Wharton, objetando que no eran objetivas. No llamó a Álvaro Urbina, que es una víctima de Jeffrey Daniels, quien declaró públicamente a las cámaras el año pasado por primera vez. No llamó a Martín Scheuch, exsodalite que vivió en Polonia, quien recopila y registra todas las denuncias. En fin, hay una serie de medidas que no ha hecho la fiscal inexplicablemente.

Cuando cierra el caso, los motivos por los que lo hace no son nada jurídicos. Por ejemplo, el argumentar que las víctimas sonrían o se vean felices descarta traumas psicológicos. Entonces, uno se pregunta ¿qué pasó acá? y concluye que la tarea o el trabajo que se le dio a la fiscal le quedó muy grande.

ED: Hace una semana aproximadamente, el Congresista Alberto de Belaunde sacó un comunicado por las redes sociales sosteniendo que iba a pedir al Congreso  que se forme una Comisión de Investigación. Días después Marisa Glave decidió apoyarlo en este pedido. ¿Cómo percibe usted esta situación? ¿Cree que va a ayudar o influir de alguna forma en la búsqueda de justicia?

PU: Sí. Yo creo que el camino a seguir en este tema ya no descansa en lo jurídico. Igual el estudio Benites, Forno & Ugaz ha apelado a la Fiscalía y el caso lo tiene ahora un fiscal superior que se apellida Almanza. Pero, al margen de lo que pase legalmente, el camino descansa en la Sociedad Civil. ¿Para qué es importante que la Sociedad Civil se incorpore en este tema? Para que la acompañe y sea consciente de lo que ocurrió con estas personas. Para que estas personas sientan que están acompañadas psicológicamente.

Según el Sodalicio, son ciento tres (103) victimas, pero en realidad hay más. Hay mucha más gente dentro del Sodalicio que debería hablar. Por ejemplo, al Sodalicio no le conviene que se considere como víctima a Martin Scheuch porque esto significaría que Jaime Baertl, que es tesorero del Sodalicio, es un victimario. Eso no le conviene al Sodalicio porque al ser tesorero podrían quitarle algunos fondos (se les corta el caño). Entonces, la Sociedad Civil debe exigir que estas víctimas tengan apoyo tanto psicológico como económico. Este es el camino que se debe seguir, y solo lo va a hacer la opinión pública cuando se conduela y se solidarice con las víctimas.

En segundo lugar, creo que esto es una lección a futuro para aquellos padres que tienen o piensan poner a sus hijos en colegios religiosos. Espero que ahora tengan la intuición de no dejar a sus hijos en organizaciones religiosas sin supervisar o estar atentos de lo que están haciendo allí y estar al tanto del tipo de relaciones que llevan y con qué tipo de gente.

En tercer lugar, lo que quiere hacer el Congresista De Belaunde es  una lista de propuestas legislativas para que disminuyan los abusos no solo del Sodalicio sino, en general, sexuales o de cualquier tipo contra los menores de edad. En Inglaterra, Irlanda o Estados Unidos, a raíz de estas denuncias de pedofilia, se legisló que los menores de edad no pueden estar a solas con profesores o religiosos para evitar cualquier problema. Entonces, ese camino o parecidos se podrían dar en Perú. Sería importante que los menores de edad no estén a solas nunca con un profesor o un religioso. Recordemos que, en Cajamarca, un profesor se terminó suicidando después de abusar sexualmente a 15 menores de edad. Entonces, ese tipo de gente no debe tener acceso a solas con menores de edad. Ese es el gran mensaje: proteger de verdad a nuestros niños y adolescentes, y abrir los ojos ante cualquier peligro que pueda acecharlos.

ED: Ante esta situación, ¿cuál cree que sea el camino a seguir? ¿Considera que se podría apelar una instancia internacional en caso de que la justicia nacional no responda?

PU: Bueno, solo se puede apelar a una instancia internacional si es que aquí se agotan todos los recursos. Tendríamos que esperar a lo que diga el fiscal superior.

Me imagino que si se forma la comisión en el Congreso sería un paso importante porque ahí la cúpula va a hablar. En este caso, no solo es Figari, sino que fue todo un sistema perverso en el cual se perpetuó los maltratos a muchísimos jóvenes, ahora ya no tan jóvenes. Entonces, la cúpula encubrió esta situación. La cúpula permitió y vio todos los maltratos físicos y psicológicos y no hicieron nada. A Jeffry Daniels, que es una especie de abusador serial, lo mandaron a una suerte de castigo en San Bartolo en un cuartito donde no tenía contacto con nadie y solo le daban comida, ahí tuvo contacto con muchos jóvenes. A Luis Ferroyaro, que ha recibido denuncias de tocamientos indebidos a un niño en Arequipa, lo enviaron de inmediato a Roma. Cualquiera pensaría que lo mandaron como castigo pero no, está en una iglesia viviendo ahí feliz. A Jeffry Daniels lo dejaron escapar a Estados Unidos y hasta ahora no se sabe dónde se encuentra.

Entonces, la cúpula, Alessandro Moroni y la gente que los rodea, también es responsable, directa o indirectamente, de que todas estas cosas se hayan ido perpetuando.

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